La Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra e inhabilitarlo hasta por diez años tras la investigación parlamentaria sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura del 2018 a la fecha, vinculados al Caso Richard Swing.
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El documento que recibió el respaldo del grupo de trabajo sugiere acusar constitucionalmente a Vizcarra “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, y que “corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.
Según el informe final, los funcionarios del Ministerio de Cultura habrían favorecido al cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, con nueve órdenes de servicio por S/175.400.
El informe fue aprobado con los votos de diez congresistas, uno en contra y tres abstenciones. Votaron a favor Edgar Alarcón (UPP), Héctor Maquera (UPP), Nelly Huamaní (Frepap), María Cristina Retamozo (Frepap), Ricardo Burga (AP), Wilmer Bajonero (AP), Felícita Tocto (Descentralización Democrática), Mariano Yupanqui (DD), Fernando Meléndez (APP) y Robinson Gupioc (Podemos). El único voto en contra fue de Carolina Lizárraga (Partido Morado). Las abstenciones fueron de Alonso Fernández (Fuerza Popular), José Luis Ancalle (Frente Amplio) y Marcos Pichilingue (Fuerza Popular).
Antes de someter el informe a votación, Alarcón señaló que tomará en cuenta las sugerencias que plantearon algunos de los miembros del grupo de trabajo durante la sesión, quienes indicaron que era necesario formular precisiones sobre los involucrados y los delitos que se imputan en el informe final.
Alarcón explicó que dependerá de la Mesa Directiva del Congreso poner en debate ante el pleno el informe.
Argumento
Minutos antes de la votación del informe, Lizárraga planteó la necesidad de precisar los delitos e infracciones constitucionales que habría cometido Vizcarra en el caso de las contrataciones de Cisneros.
Añadió que deberían ser incluidos en el informe los funcionarios del Ministerio de Cultura que intervinieron en el caso y no solo aquellos a los que les asiste el antejuicio.
Lizárraga explicó que su voto en contra se debe a que el informe final no se circunscribe al objeto de la investigación: las contrataciones en ese ministerio.
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