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A menos de 2 meses de haberse instalado, la Comisión de Ética del Congreso de la República ha decidido archivar 5 casos que involucran a unos 28 legisladores.
Mira: Cinco proyectos de ley de alto riesgo en el Congreso
En lo que va del periodo parlamentario, además, el grupo de trabajo no ha emitido sus conclusiones sobre ninguno de los casos admitidos. El retraso en la Comisión -que tardó más de 90 días en instalarse- ya ha sido advertido por El Comercio.
“Es difícil para los propios congresistas controlarse entre sí”, explica Iván Lanegra, secretario general de Transparencia.
“Siempre ha existido el riesgo de que, por no afectarse mutuamente entre los congresistas, no se vean todos los casos que deben verse [en la Comisión de Ética]. Por eso, es una comisión que históricamente ha sancionado casos muy evidentes, en los que generalmente ha habido presión de los medios de comunicación y en los que las sanciones no han sido tan fuertes”, sostiene.
Según el Lanegra, una salida para este problema consistiría en buscar un mecanismo que permita que no sean los miembros activos del Parlamento quienes tengan que evaluar la conducta de sus colegas, sin que ello lleve a una afectación de su labor parlamentaria.
En esa línea, el pasado mayo, Alberto de Belaunde (Partido Morado) presentó el proyecto de ley 5366-2020, que plantea que la Comisión de Ética esté conformada ya no por congresistas en funciones, sino por un expresidente del Parlamento, dos profesores principales de Derecho de universidades licenciadas por la Sunedu y un ciudadano elegido por la Defensoría del Pueblo.
Un riesgo que existía en los periodos parlamentarios pasados era que la Comisión de Ética sea utilizada como un mecanismo de presión de parte de las mayorías parlamentarias, afirma Lanegra.
Pero, si bien este peligro habría quedado neutralizado luego de que se decidiese que el grupo parlamentario esté conformado por miembros de cada bancada, otro problema habría surgido: la fragmentación.
“Lo que ocurre ahora es que no hay mayoría [en la Comisión], pero sí una fragmentación. El riesgo ahora es otro: que nadie quiera pelearse con los demás”, indica.
Los casos desestimados
José Luna Morales (Podemos Perú)
A inicios de mayo, el dominical “Punto Final” reveló que una empresa propiedad del congresista de Podemos Perú había incumplido con depositar los aportes a la AFP y ONP de sus trabajadores, pese a haber retenido los montos.
Sin embargo, el pasado 8 de agosto la Comisión de Ética determinó-con 4 votos a favor y 3 en contra- no abrir investigación contra el parlamentario. Tras la decisión, la legisladora del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, presentó una reconsideración. El grupo de trabajo decidió dejar para su próxima sesión la revisión del pedido.
Hipólito Chaiña (Unión por el Perú)
Luego de ser intervenido en marzo por presuntamente desacatar el aislamiento social obligatorio, un informe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética recomendó abrir investigación contra el congresista de Unión por el Perú. El 8 de agosto, no obstante, el grupo de trabajo acordó -por 6 votos contra 1- desestimar la indagación.
En aquel entonces, Chaiña sostuvo que había sido invitado a un encuentro organizado por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social, al que, señaló, asistió en cumplimiento de su función de representación.
Paul García (Acción Popular) y Cecilia García (Podemos Perú)
En junio, los congresista Paul García (Acción Popular) y Cecilia García (Podemos Perú) fueron denunciaron por presuntamente incumplir los protocolos contra el COVID-19 durante sus visitas inopinadas.
Por un lado, el director del Hospital San José del Callao, Ever Mitta Curay, sostuvo que Paul García había ingresado al centro de salud en compañía de varias peronas, sin respetar las medidas sanitarias. La denuncia fue publicada en El Comercio.
“No respetaron las normas de distanciamiento social señaladas por el Gobierno, procediendo a filmar a los pacientes sin el previo consentimiento de los mismos, vulnerándose de este modo sus derechos” indicó Mitta a través de un documento.
“Esto se realizó en pleno Estado de emergencia y distanciamiento social, él [Paul García] recorrió los ambientes del hospital sin tener equipo de protección personal, incluso su mascarilla estaba por debajo de la nariz”, advirtió en la denunci.
En el caso de Cecilia García, el director del Hospital de Huaycán, Jorge Alcides Loayza, cuestionó el comportamiento que tuvo la legisladora durante la visita que realizó al local. “Durante todo el tiempo de su recorrido estuvo alterada y prepotente, negándose a usar el equipo de protección”, señaló Alcides en su denuncia.
El pasado 15 de agosto, la Comisión de Ética aprobó dos informes de la secretaría técnica que recomendaron no abrir investigación contra los congresistas. Según el documento, no habría mérito para la indagación, pues las visitas respondieron a la “labor de fiscalización” de los parlamentarios. La decisión se tomó, en ambos casos, por unanimidad.
Mártires Lizana (Fuerza Popular)
El mismo día en que la Comisión de Ética desestimó las denuncias contra Paul García y Cecilia García, decidió no investigar al congresista de Fuerza Popular, Mártires Lizana, por una frase pronunciada en contra del parlamentario Daniel Urresti, durante un pleno virtual.
El julio, mientras Urresti hacía uso de la palabra, Lizana dijo “no van a matar periodistas”, en alusión al caso del asesinato Hugo Bustíos, por el cual el exministro del Interior enfrenta un proceso judicial.
Según el informe de la secretaría técnica, que recomendada abrir investigación contra el legislador de Fuerza Popular, este habría violado el principio ético de respeto, establecido en el Reglamento del Congreso, además de interrumpir el debate parlamentario.
El caso, sin embargo, fue desestimado debido a que, según aseguró Aron Espinoza (Podemos Perú), Lizana y Urresti ya habían conciliado y el primero se había comprometido a disculparse públicamente en la próxima sesión plenaria.
El caso de los bonos de instalación
Luego de conocerse que 23 legisladores habían cobrado el bono de instalación de S/15.600, a pesar de radicar en Lima y/o Callao, un informe de la secretaría técnica de la Comisión concluyó que los hechos no constituían infracción ética alguna.
“El acuerdo de Mesa Directiva no distingue la circunscripción electoral de procedencia, por lo que tienen el mismo derecho a cobrar gastos de instalación los parlamentarios electos por Lima, la provincia constitucional del Callao o por cualquier otro departamento del Perú”, se señaló en el documento.
El informe fue aprobado por 4 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, el 1 de agosto, el presidente de la Comisión, César Gonzales -quien había usado su voto dirimente-, pidió reconsiderar su votación
“(La reconsideración) permitirá un mayor debate y análisis respecto a la asignación de los gastos de instalación para los congresistas elegidos por el Distrito Electoral de Lima y Callao. Asimismo, permitirá, desde el punto de vista ético, se pueda precisar o modificar los alcances del artículo 22, inciso j, del Reglamento del Congreso, norma legal que permite que los legisladores tienen derecho a ‘recibir’ las mismas facilidades materiales, económicas, del personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”, señaló el legislador de Somos Perú en un oficio.
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En un oficio dirigido a sí mismo, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, César Gonzales (Somos Perú), pidió reconsiderar su voto sobre el informe que recomienda no investigar a los congresistas que cobraron el bono de instalación. El pedido fue desestimado.
El pedido de Gonzales, sin embargo, fue desestimado el último 8 de agosto, de modo tal que la decisión de no proceder con la investigación se mantuvo.
Las investigaciones abiertas
El caso de los vuelos humanitarios
El 1 de agosto, la Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que había recomendado abrir investigación contra los parlamentarios que habrían usado de manera indebida un vuelo humanitario, en pleno estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).
Según la denuncia, Matilde Fernández (Somos Perú) y Juan de Dios Huamán (Frepap), abordaron el avión con rumbo a Cusco, a pesar de que su uso estaba destinado exclusivamente al traslado de ciudadanos varados en Lima.
Con 8 votos favor y una abstención, el grupo de trabajo decidió investigar formalmente a ambos legisladores.
Norma Alencastre (Somos Perú)
En abril, la congresista de Somos Perú fue grabada presuntamente vendiendo medicinas en su farmacia en pleno estado de emergencia.
En la sesión del 1 de agosto, la Comisión de Ética aprobó el informe de calificación que recomendó investigar a la parlamentaria.
Marco Verde (Alianza para el Progreso)
Luego de que se difundiera un video del congresista de APP bebiendo licor en una reunión social en su casa en Oxapampa en cuarentena, el grupo de trabajo decidió iniciar una investigación en su contra durante la sesión del primero de agosto.
Jhosept Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso)
El último 5 de julio, en el pleno virtual extraordinario, una frase con insultos hacia el presidente Martín Vizcarra se filtró durante la intervención del parlamentario Omar Chehade.
Luego de que se conociera que el autor de la expresión era Pérez Mimbela, de Alianza para el Progreso (APP), la secretaría técnica de la Comisión recomendó que se inicie una investigación por la presunta infracción al código de ética.
El pasado 8 de agosto, el grupo de trabajo aprobó el informe de la secretaría técnica.
César Combina (Alianza para el Progreso)
En la misma sesión, la Comisión -con 6 votos a favor y 2 abstenciones- decidió iniciar una investigación contra el también congresista de APP, César Combina, quien entregó mascarillas con su nombre y el logo del partido en Junín.
Según señaló Combina, la decisión de colocar su nombre y el logo partidario en las mascarillas fue tomada “arbitrariamente” por el proveedor.
Rosario Paredes (Acción Popular)
Luego de que El Comercio revelara que la congresista habría recortado los sueldos de trabajadores de su despacho, el 8 de agosto, la Comisión aprobó, con 7 votos a favor, abrir investigación por el caso.
Según informó este Diario, Milagritos Chacón Loayza, extrabajadora del despacho de Paredes, denunció que el esposo de Paredes le pidió que deposite la mitad de su salario en favor de otra trabajadora del Congreso y de una tercera persona.
Cabe mencionar que, tras conocerse la denuncia, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir una investigación preliminar por 60 días contra Paredes, por el presunto delito de concusión y otros.
Por otro lado, la Comisión de Ética ha aprobado iniciar indagaciones preliminares (no investigaciones formales) contra 9 congresistas:
- Robinson Gupioc (Podemos Perú), por haber protagonizado un incidente con el comandante Raúl Valladares en la comisaría PNP Laura Caller de Los Olivos.
- Daniel Urresti (Podemos Perú), por presuntamente haberse burlado de los integrantes de la bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).
- Luis Dioses (Somos Perú), por los presuntos vínculos que existirían entre los integrantes del grupo técnico de la Comisión de Educación, la cual preside, con universidades actualmente investigadas por la Sunedu.
- Lilian Pinedo (Fuerza Popular), por supuestamente haber omitido en su hoja de vida que recibió una condena de tres años de pena suspendida por el delito de usurpación agravada.
- Kenyon Durand (Acción Popular), por no haber respetado la medida de distanciamiento social para prevenir contagios de coronavirus durante un viaje que realizó a Huancavelica.
- Edgar Alarcón (Unión por el Perú), por haber solicitado a la Contraloría General de la República las hojas de vida documentadas de los auditores que habrían elaborado el informe indagatoria sobre sus declaraciones juradas, sobre las que existen cuestionamientos.
- Manuel Merino (Acción Popular), debido a que algunos de sus familiares habrían contratado irregularmente con el estado por montos que ascienden a los S/ 200.000.
- Jorge Pérez Flores (Somos Perú), por haber gestionado un vuelo humanitario para un profesional que no tendría ese condición.
- Miguel Ángel Gonzales (Partido Morado), debido a que el ciudadano Jesús Américo Briceño lo denunció por haber cometido una “grave infracción al código de ética parlamentaria”.
Datos:
- En su próxima sesión, la Comisión de Ética tiene previsto evaluar un informe que recomienda abrir investigación contra Gino Costa (Partido Morado) por sus declaraciones en contra del parlamentario José Luna Morales emitidas en un programa televisivo.
- La congresista Zenaida Solís (Partido Morado) ha propuesto que los legisladores cuyos compañeros de bancada sean evaluados por la Comisión de Ética se abstengan de participar en las votaciones.
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