Peaje en Chillón. (Foto: GEC)
Peaje en Chillón. (Foto: GEC)
Martin Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

En lo que constituye su primera norma de corte económico, el pleno del aprobó la autógrafa que suspende el cobro de en rutas nacionales durante la emergencia producida por el (COVID-19). El gobierno había suspendido el cobro de los peajes administrados por el Ministerio de Transportes, y con la norma aprobada en el Parlamento la medida se extiende a los que están a cargo de concesionarias. El presidente Vizcarra puede promulgar u observar la norma.

El proyecto multipartidario fue aprobado con 99 votos y 9 abstenciones. Tras una modificación introducida en el debate, la norma estipula que la suspensión del cobro de peajes “no generará derecho compensatorio" a favor de las empresas concesionarias. En la sustentación, el legislador Rennan Espinoza (Somos Perú, Lima) aseguró que esta buscaba complementar las medidas que vienen adoptando el gobierno. “El Presidente Martín Vizcarra anunció que venía conversando con las concesionarias. Lo que estamos haciendo es dar un instrumento legal al jefe del Estado para que se extienda la suspensión de cobro de peajes de manera obligatoria”, explicó el parlamentario.

El texto final asegura que la medida busca evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia.

Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima) advirtió que mediante una ley, el Congreso no podía cambiar un contrato de concesión. “La jurisprudencia dice que no podemos sin que esto tenga consecuencias jurídicas. Lo que va a pasar es que los concesionarios irán al Ciadi [tribunal internacional de arbitraje]porque se están modificando sus contratos de manera unilateral y el Estado tiene todas las de perder, y estamos hablando de millones de soles de indemnización”, refirió tras indicar que los concesionarios deberían haber suspendido el cobro por iniciativa propia.

El artículo 62 de la Constitución Política del Perú señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. “Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”, especifica el acápite de la Carta Magna.

En respuesta a esto, el parlamentario Luis Simeón Hurtado (Acción Popular, Pasco) alegó que se encuentran exentos de responsabilidad debido a que el Perú se encuentra en estado de emergencia. Durante el debate, Enrique Fernández (Frente Amplio, Lima) también anunció que viene elaborando un proyecto para suspender los contratos de peajes que están involucrados en casos de corrupción.

Al final, Rennan Espinoza reiteró que se trataba de una medida excepcional debido al estado de emergencia. “El derecho fundamental a la salud está por encima de cualquier contrato o empresa. Se respetan las reglas, pero también los derechos fundamentales de las personas amparadas en la Constitución”, afirmó.

Si bien ingresó al pleno como multipartidario, el proyecto fue impulsado por el legislador Espinoza Rosales, quien presentó la iniciativa original el pasado jueves 26 de marzo. Cuatro días después, el parlamentario Wilmer Bajonero (Acción Popular, Huánuco) presento una segunda iniciativa con el mismo planteamiento.

Para el miércoles 1 de abril, Espinoza logró juntar más adhesiones y elaboró un texto multipartidario con 15 firmas de representantes de Podemos, Fuerza Popular, Acción Popular, Partido Morado, Frente Amplio y el Frepap.

Medidas previas

Desde las 00:00 horas del lunes 30 de marzo se suspendió el cobro de los peajes administrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, mientras dure el estado de emergencia nacional.

El presidente Martín Vizcarra precisó, desde Palacio de Gobierno, que se suspendió el cobro en los 24 peajes de la Red Vial Nacional, ubicados en 12 departamentos del país que administra Provías Nacional. Es decir, ningún vehículo estará sujeto al sistema de cobranza por estos peajes. Lo aprobado por el Congreso extendió la suspensión a los peajes administrados por las empresas privadas.