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El empresario y dueño del camal de Yerbateros, Giovanni Paredes, denunció ayer que diez funcionarios públicos integran la red delictiva del prófugo abogado Rodolfo Orellana.
Durante su presentación en el Parlamento, Paredes remarcó que los funcionarios colaboraron para despojarlo el 2009 de su propiedad, la cual recuperó el 2010 por la vía judicial.
El grupo de trabajadores del Estado, indicó Paredes, está integrado por al menos siete jueces, entre civiles y penales,que despachan en los juzgados de Lima y Chincha. Acotó que dos miembros del Tribunal Registral y un registrador público también forman parte de la red, al igual que dos ex jueces supremos y una magistrada.
Paredes hizo la acusación durante su presentación ante la comisión especial que investiga a Orellana, acusado de liderar una organización criminal dedicada, según la fiscalía, al lavado de activos. Agregó que los funcionarios públicos contaron también con el apoyo de dos árbitros, tres notarios y el mismo número de personas naturales.
CUESTIONAN A PELÁEZ
En otro momento, el empresario indicó que José Peláez Bardales, cuando fue fiscal de la Nación, tuvo conocimiento del accionar de esta aparente mafia que encabeza Rodolfo Orellana. De hecho, narró que el 2012 otros damnificados y él se reunieron con el fiscal supremo para contarle de la red delictiva. Sin embargo, Paredes recalcó ante la comisión congresal, que preside Vicente Zeballos, que Peláez no hizo nada al respecto.
“Yo creo que los fiscales en este país tienen que llegar al extremo de ser testigos de un acto delincuencial para recién actuar”, dijo.
Agregó: “Orellana es uno de los grandes mafiosos de este país y trabajó en pared con la justicia”.
MÁS DENUNCIANTES
La Comisión Orellana citará a cerca de 35 testigos de cargo. Cada uno de ellos tiene diferentes denuncias sobre funcionarios públicos que integrarían esta mafia.
