Edgar Alarcón: Claves de la denuncia constitucional por el caso Los Temerarios del Crimen

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra el congresista Egdar Alarcón (Unión por el Perú) por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por sus supuestos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Junto al excontralor de la República también fueron denunciados los excongresistas Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma (Cambio21), por los presuntos delitos de tráfico de influencias.

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En la sesión pública, presidida por el congresista Luis Roel Alva(AP), el grupo parlamentario dispuso continuar con el proceso de la denuncia tras aprobarlo por ocho votos a favor y dos abstenciones. Ahora el informe de calificación será derivado a la Comisión Permanente para que lo ratifique y otorgue el plazo para la investigación. Luego, la Subcomisión de Acusaciones nombrará al congresista ponente del caso.

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¿Cuáles son lo hechos que se analizan en esta denuncia? Como se recuerda, la denuncia fue interpuesta por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, en noviembre del 2019.

-Caso origen-

Las investigaciones contra Alarcón y los excongresistas se inició luego que la fiscalía provincial corporativa contra la criminalidad organizada de Chiclayo informó sobre la presunta participación de los denunciados en los hechos cometidos por la organización criminal liderada por el exalcalde David Cornejo Chinguel.

El exfuncionario habría usado su cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y el aparato administrativo edil para aprovecharse económicamente. Para ello nombró en funciones claves a personas de su confianza que habrían integrado la organización delictiva que se dedicaba al cobro de coimas para la obtención de licencias municipales temporales y permanentes.

Además, de otros actos de corrupción (colusión) en la ejecución de diversas obras públicas, peculado, malversación de fondos, entre otros.

En el marco de dicha investigación, el exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, declaró que Cornejo Chinguel habría obtenido beneficios de Alarcón, Velásquez y Palma.

Esta es la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la que se declaró procedente la nueva denuncia contra Alarcón:

-Situación de Alarcón-

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le atribuyó que en su condición de excontralor de la República, el presunto delito de cohecho pasivo propio, ya que habría aceptado o recibido un beneficio económico ascendente a la suma aproximada de S/30 mil el 9 de agosto del 2016.

El dinero habría sido entregado por el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien buscaba beneficiarse con el levantamiento del bloqueo temporal de las cuentas corrientes de dicho municipio.

Ello, pese a que estaba regulada por el artículo 53 de la Ley 28693-Ley general de tesorería y “no correspondía el levantamiento, al no haberse subsanado las observaciones efectuadas por el órgano de control institucional, violando así sus obligaciones funcionales”.

Además, se indica que tras la reunión hubo una auditoría para evaluar ocho irregularidades que determinaron el bloqueo de las cuentas, pero que esta tomó solo dos días y luego de ella se levantó el bloqueo de las cuentas. Por tanto, habría sido en el proceso de dicho acto administrativo que se procedió con la entrega de dinero a Alarcón.

“Este hecho resulta irregular si se compara con la duración de medidas semejantes que se dispusieron en contra de otras entidades pública”, subraya Ávalos.

A ello, se suma las pesquisas sobre ingresos de dinero no identificados según pericia contable financiera que abarcó del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017.

En su declaración ante la Fiscalía de la Nación, Alarcón señaló que durante su gestión “atendía a todos que solicitaban una cita o reunión”. Dichas reuniones, dijo, se podían hacer por cartas, llamadas telefónicas u oficios, las mismas que eran programadas de acuerdo a la agenda.

Sostuvo que la reunión fue a pedido del excongresista Velásquez Quesquén y que también recibió la llamada de Palma Mendoza, quienes solicitaron atender a Cornejo para tocar temas sobre la Municipalidad de Chiclayo.

Agregó que se tocó el tema del desbloqueo de las cuentas de dicha comuna, pero que se hizo una inspección y auditoría; luego de ello recién se tomó la decisión de desbloquear las cuentas y se comunicó al Ministerio de Economía.

Cabe recordar que Alarcón Tejada ya viene siendo investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso por apropiación ilícita, por hechos cometidos durante su gestión como Contralor General de la República (2016-2017).

-Los excongresistas-

En el caso de Velásquez Quesquén y Palma Mendoza, denunciados constitucionalmente por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, el Ministerio Público les imputa haber hecho prometer “para sí, diversos beneficios económicos (obras)” a cambio de promover la reunión del 9 de agosto del 2016 entre Cornejo Chinguel y Alarcón Tejada.

En dicha reunión se trató el tema del levantamiento de medida de suspensión temporal de operaciones sobre cuentas corrientes de la Municipalidad de Chiclayo. “Además, asegurar que dicha medida se levante, por cuanto en su condición de excongresistas podría interceder ante el excontralor general de la República, quien precisamente tenia la facultad legal (competencia) en el procedimiento administrativo antes mencionado”, indica la denuncia.

En su caso obran las declaraciones de testigos quienes habrían acompañado a Cornejo, Chinguel y otros, en los viajes que realizaron a Lima para reunirse con ambos excongresistas.

Además, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, remarcó que si bien los congresistas tienen la labor de representación y coordinación, esto resultaría “impropio” cuando el tema está relacionado a malos manejos y actos irregulares de una autoridad.

Ante la Fiscalía de la Nación y en su defensa, el excongresista Velásquez Quesquén argumentó que la coordinación entre alcaldes, gobernadores o ciudadanos con funcionarios, son actividades propias de las funciones de representación congresal.

Mientras que Palma Mendoza, sostuvo en su defensa que fue Cornejo Chinguel quien le dijo que había conseguido una reunión con Alarcón Tejada y le solicitó que lo acompañara como representante de la región Lambayeque. Agregó que desconocía si se realizó una entrega de dinero de parte del exalcalde de Chiclayo al excontralor.

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