El lado B de la segunda sesión de la Comisión Permanente, tras la disolución del Congreso

La Comisión Permanente del Congreso, que preside Pedro Olaechea, aprobó solicitar un informe legal externo respecto a las facultades de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras la disolución de este Poder del Estado.

Para la sesión de este viernes se tenía en agenda discutir una recomposición de este subgrupo de trabajo entre los miembros titulares, de tal manera de que pueda seguir ejerciendo sus funciones, a pesar de la disolución.

Sin embargo, tras el debate, se aprobó la propuesta del fujimorista Mario Mantilla, expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que se solicite un informe legal externo para determinar si corresponde la reactivación.

Parlamentarios como Gino Costa (Bancada Liberal) se mostraron en contra de que la subcomisión retome sus funciones. Mencionó que antes de la disolución del Legislativo, esta sirvió para “blindar” a los funcionarios con problemas con la justicia.

“Su reactivación no tiene fundamento constitucional”, refirió.

Por su parte, Pedro Olaechea, quien por un momento dejó la conducción de la sesión para sumarse al debate, remarcó que la disolución del Congreso no alcanza a la Comisión Permanente ni a sus respectivos órganos.

Mantilla insistió que el artículo 42 del Reglamento del Congreso faculta a la Comisión Permanente a que funcione con todas sus prerrogativas. Sin embargo, planteó que se solicite un informe técnico-legal a fin de evitar caer en una infracción legal.