La carrera del Congreso por legislar sin comisiones y estudios técnicos durante la emergencia

Con solo 16 meses de mandato y sin posibilidad de reelegirse, los congresistas del periodo 2020-2021 han iniciado una carrera por mostrar sus primeros resultados. En las tres primeras semanas en funciones, sus esfuerzos han estado centrados en producir normas ligadas al estado de emergencia producido por el coronavirus (Covid-19). En algunos casos, los proyectos repiten medidas ya dadas o buscan mejorar la propuesta pero sin estudios técnicos de respaldo.

Al cierre de su tercera semana en funciones, el Congreso 2020-2021 había aprobado siete normas, de las cuales cinco están ligadas a la coyuntura de coronavirus. La única sesión plenaria donde no abordaron temas sobre el estado de emergencia fue la primera, que se llevó a cabo el martes 17 de marzo, de madrugada. En aquella sesión aprobaron una resolución legislativa que fijaba las fechas de las legislatura que tendrá este periodo legislativo, así como una ley donde se otorgan seis meses para introducir cambios en el sistema electoral.

En los dos últimas plenos la temática fue el coronavirus. En la sesión del jueves 26 de marzo incluso aprobaron la creación de una comisión especial de seguimiento al gobierno sobre las acciones adoptadas frente a la pandemia. Una semana después, la comisión especial -al igual que las 24 ordinarias- no se habían instalado.

Es decir, dado que los grupos de trabajo no iniciaron funciones, las siete leyes aprobadas en el pleno no tuvieron un estudio especializado sobre la materia abordada, algo que se hizo notorio en las dos leyes de corte económico aprobadas en la última sesión del 3 de abril: la suspensión del cobro de peajes y el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Estamos aprobando leyes sin un debido sustento técnico”, advirtió la legisladora María Céspedes (Lima), vocera del Frepap, durante el debate del 3 de abril, aunque es un argumento que ya había esgrimido en la sesión de 17 de marzo cuando cuestionó que no se haya escuchado a los organismos electorales antes de modificar la ley de intangibilidad electoral.

Volviendo al pleno del 3 de abril, el parlamentario Daniel Olivares (Partido Morado, Lima), al exponer su postura en contra de la ley del retiro del 25% de los fondos de las AFP, realizó una autocrítica por el apresuramiento de aprobar la norma pese a las objeciones técnicas dadas desde distintos sectores. “Tenemos que demostrar que no solo queremos salir en la foto”, dijo Olivares al cerrar su intervención.

Las tres normas aprobadas en la sesión del viernes 3 de abril eran planteamientos ajenos, donde el Congreso los hizo suyos o dobló la propuesta. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro, con siete casos donde se puede comparar las medidas adoptadas por el gobierno y entes privados versus los proyectos de ley presentados por diversos congresistas.

El caso de los préstamos bancarios es el primero registrado en esta carrera legislativa atada a la coyuntura. A diferencia del resto de casos, las propias entidades financieras se adelantaron y anunciaron sus propias medidas, aunque empujadas por los nueve proyectos que ya se habían acumulado y que proponían hasta amnistías bancarias. Jugó a favor de las entidades financieras que el Parlamento se encontraba concentrado en el pedido de delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

El gobierno no ha corrido con la misma suerte y ha tenido que lidiar con las propuestas del Congreso a la par que enfrenta la crisis del Covid-19. El Congreso ha buscado regular temas referidos a las AFP, CTS y peajes, pese a que el presidente Martín Vizcarra anunció medidas al respecto. El viernes 3 de abril, insistió con sus propuestas sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP y la suspensión del cobro de peajes administrados por concesionarias durante el estado de emergencia.

En el caso de las AFP, el primer paso surgió del Congreso y el Ejecutivo respondió con una propuesta, sustentada técnicamente, que incluyó el retiro de S/ 2.000 para personas que no aportaban hace un año, y que luego amplió a quienes no aportaban hace seis meses. Aún así, el Parlamento aprobó una ley para el retiro del 25% de los fondos, aunque incluyó un tope de S/ 12.900. El tope se dio, según los propios congresistas, tras la presentación de la ministra de Economía María Antonieta Alva ante la Junta de Portavoces.

Dejar sin efecto el cobro de peajes se volvió ley pese a que el propio presidente Martín Vizcarra anunció que estaba en conversaciones con los concesionarios para llegar a un acuerdo. El lunes 30, el jefe de Estado ya había suspendido el cobro en los 24 peajes ubicados en 12 departamentos del país, los cuales son administrados por el Ministerio de Transportes. La aprobación de la norma sobre los peajes de concesiones se dio pese a la oposición de congresistas como Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima), quien advirtió que esto podría traer consecuencias jurídicas e indemnizaciones en contra del Estado.

El artículo 62 de la Constitución Política del Perú señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. “Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”, especifica la Carta Magna.

Esta semana se prevé la instalación de comisiones y los congresistas buscarán agilizar el estudio de sus iniciativas para llevarlas al pleno y ser aprobadas. Hay dos propuestas legislativas que están en agenda del Congreso y pueden tener prioridad en los siguientes días: la suspensión de los pagos de servicios básicos y la suspensión de las pensiones en colegios y universidades privadas. La primera es de Mónica Saavedra (Acción Popular, Lima) y debería verse en la Comisión de Economía, grupo presidido por su bancada. Lo mismo sucede con el proyecto sobre el pago de pensiones presentado por Betto Barrionuevo (Somos Perú, Áncash), que debe ser revisado en la Comisión de Educación presidido por su grupo parlamentario.

Al cierre de la tercera semana, el Congreso ha presentado 160 proyectos de ley. El 53% de estas iniciativas buscan normar sobre un rubro relacionado a la emergencia producida por el coronavirus. El director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinsky, ha advertido que este Congreso 2020-2021, que arrancó funciones hace menos de 30 días, se encuentra en una etapa de posicionamiento alimentado de populismo debido a la crisis que vive el país.

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