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En manos del Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el legislador Luis Roel (Acción Popular), tiene por resolver 29 denuncias constitucionales. En las próximas semanas, este grupo deberá definir la suerte de ocho excongresistas y un parlamentario (Edgar Alarcón).
Entre los excongresistas investigados y denunciados por la fiscalía se encuentran: Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma, Daniel Salaverry, Lizbeth Robles, Jorge Castro y Clemente Flores.
“Hasta el 29 de julio, tenemos 29 denuncias constitucionales en total presentadas y en trámite. 29 denuncias contra excongresistas y congresistas”, dijo Roel a El Comercio.
De las 29 denuncias constitucionales, 10 son por juicio político [se busca la inhabilitación o suspensión del cargo], ocho por antejuicio político [levantamiento del fuero para procesarlo], y 11 son ambos: antejuicio y juicio político.
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Fuentes parlamentarias indicaron a este Diario que cuatro son denuncias constitucionales contra actuales congresistas. Sin embargo, señalaron que no podían revelar los nombres de los implicados debido a la reserva de los casos.
De las 29 denuncias constitucionales acumuladas hasta el momento que implican a parlamentarios y excongresistas, nueve fueron presentadas en este periodo, que empezó en marzo, por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
| Congresista y excongresista | Delito | Caso | Plazos |
|---|---|---|---|
| Roberto Vieira | Presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado | Al presuntamente, en su calidad de funcionario público, haber solicitado dinero a cambio de interceder ante funcionarios del Ministerio de la Producción | Ingresó el 6 de junio del 2019 a la Subcomisión |
| Héctor Becerril | Presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo impropio, organización criminal. | Al presuntamente haber solicitado diversos beneficios económicos, a contratistas encargadas de la ejecución de obras públicas a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. | Presentada por la fiscalía el 10 de julio. |
| Héctor Becerril | Presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. | Al presuntamente haber exigido al alcalde de Aucallama la cancelación de la deuda de la Municipalidad con la empresa Red Medical Dental and Business a cambio de interceder en proyectos de agua, desagüe y alcantarillado. | Presentada por la fiscalía el 10 de julio. |
| Edgar Alarcón | Dos denuncias por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso. | Al presuntamente haber comprado más de 90 autos y camionetas de alta gama, entre los años 2012 y 2015, mientras ejercía funciones de vicecontralor entre los años 2013- 2015 y no consignar esa información en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República. Estando impedido de realizar estas actividades comerciales debido al cargo. | Presentado por la fiscalía el 9 de julio. |
| Jorge Castro | Presunta comisión de delito de concusión. | Al presuntamente haber obligado a sus trabajadores a pagar mensualmente una suma de dinero para solventar gastos de su local de representación en la ciudad de Tacna, entre otros conceptos. | Presentada por la fiscalía el 9 de julio. |
| Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma, Edgar Alarcón | Los excongresistas fueron denunciados por la presunta comisión del delito contra la administración pública-tráfico de influencias agravado. En el caso de Alarcón, por la presunta comisión del delito contra la administración pública- cohecho pasivo. | Al presuntamente haber participado de la organización criminal Los Temerarios del Crimen al haber utilizado el aparato administrativo de la Municipalidad de Chiclayo para aprovecharse económicamente. | Presentada por la fiscalía el 14 de julio. |
| Daniel Salaverry | Por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso por apropiación a favor de terceros, contra la fe pública de falsedad ideológica y contra la fe pública de falsedad genérica. | Al presuntamente haber presentado informes consignando datos falsos, en relación a las actividades oficiales que habría realizado en las semanas de representación (enero, febrero, noviembre y diciembre 2017. Enero, febrero y marzo 2018). | Presentada el 16 de julio. |
| Lizbeth Robles | Por la presunta comisión del delito contra la administración pública por concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. | Al supuestamente haber exigido, junto a sus familiares, el 50% de los haberes y demás beneficios remunerativos de sus trabajadores de despacho. | Presentada por la fiscalía el 21 de julio. |
| Clemente Flores | Por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado, en el caso Los Temerarios del Crimen. | Al presuntamente haber gestionado presupuestos para obras públicas a favor de diversas municipalidades, entre ellas la Municipalidad Provincial de Lambayeque durante la gestión de David Cornejo Chinguel. A cambio, habría solicitado el 5% del monto asignado para cada una de las gestiones. | Presentada por la fiscalía el 24 de julio. |
- Daniel Salaverry: Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra excongresista
- Héctor Becerril: Fiscal de la Nación presenta dos denuncias constitucionales contra excongresista
Presentación ante la Comisión Permanente
El próximo miércoles 5 de agosto, el congresista Roel expondrá ante la Comisión Permanente del Congreso los 19 informes de calificación que tiene hasta la fecha, en los que se admite a trámite el expediente o se declara improcedente. Así se podrá continuar con el proceso y ver los temas de fondo.
De ser ratificados, la Comisión Permanente establece un plazo de investigación (no más de 15 días hábiles, prorrogables). Luego, la Subcomisión delega en uno de sus integrantes la evaluación del caso, en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
“Esperemos que todo esto sea ratificado para que pueda delegarlos [las denuncias] el viernes que tenemos sesión”, detalló Roel.
| Denunciado | Presuntos delitos | Caso | Declarado |
|---|---|---|---|
| Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos, Orlando Velásquez Benites y César Hinostroza | Organización criminal. Patrocinio ilegal [Guitiérrez]. Patrocinio ilegal, cohecho pasivo especifico, cohecho activo específico y tráfico de influencias [Hinostroza]. Cohecho pasivo específico [Noguera]. | Al haber presuntamente cometido los ilícitos penales señalados anteriormente, en agravio del Estado. | Procedente |
| Abelardo De la Torre Villanueva, José Luis Ulloa Rodríguez, Wenceslao Cieza Horna, Harold Tirado Chapoñán, Cinthya Escate Ampuero, José Ramírez Garro, Julio Cabral Santa Cruz, Rafael Velásquez Peláez, entre otros. | Infracción constitucional (no señala) y la comisión del delito de Administración de Justicia. | Al habérsele privado del derecho de defensa y haber incurrido en encubrimiento real de sus funcionarios. | Improcedente |
| Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo, Delia Salas de Lescano, César San Martín Castro. | Delitos de agravio constitucional, prevaricato y corrupción jurisdiccional. | Al haber emitido una sentencia en su contra en un Proceso excepcional interpuesto por el denunciante. | Improcedente |
| Rony Henry Cáceres Maurice, gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales | No señala | Al haber dispuesto su rotación y cometer actos de hostilidad, abuso de autoridad y actos arbitrarios en contra del denunciante. | Improcedente |
| Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos | Infracción constitucional a los artículos 38° inciso 2 y 139°. | Al haber emitido declaraciones defendiendo y avalando el acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios del Ministerio Público con Odebrecht. | Improcedente |
| Juez supremo Héctor Hugo Núñez Julca | Infracción constitucional (no señala) y la comisión de los delitos de usurpación de funciones, prevaricato y abuso de autoridad en agravio de Alberto Fujimori. | Al auto designarse competente para controlar la Sentencia contra Alberto Fujimori. | Improcedente |
| Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos | Infracción constitucional a los artículos 38° inciso 5 y 139°. | Al haber emitido un oficio circular en su condición de jefa de la Fiscalía Suprema de Control Interno. | Improcedente |
| Héctor Becerril | Infracción constitucional a los artículos 39° y 44°, así como la comisión de los delitos de extorsión, concusión, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, y tráfico de influencias. | Al haber, presuntamente, recibido un beneficio económico de parte de una funcionaria de la Constructora CRD, quien habría pagado la remodelación de su vivienda como garantía de la obtención de la licitación de la construcción de la Planta de Transferencia de Residuos. | Procedente |
| Héctor Becerril | Infracción constitucional a los artículos 39°, 43° y 93°, y la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. | La presunta recepción del “pago” de la empresaria Gonzales Yep, que hizo antes y durante la ejecución de la obra de la Planta de Transferencia a nombre de la empresa CRD. | Procedente |
| Héctor Becerril | Tráfico de influencias agravada, concusión, organización criminal y cohecho pasivo propio. | Al haber sido atribuido a actos delictivos relacionados con la investigación de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Chiclayo. | Procedente |
| Héctor Becerril | Delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. | Al haber presuntamente recibido beneficios económicos otorgados por una empresaria a cambio de obtener una millonaria obra en la Municipalidad v Provincial de Chiclayo. | Procedente |
| Ministro de Justicia y Derechos Humanos (no señala nombre) director del INPE, jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, procurador público del INPE. | Por la conducta funcional de abuso de autoridad (no señala) de los funcionarios denunciados. | Al haber aprobado la ejecución de la obra de ampliación de capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa etapa I. | Improcedente |
| Contralor General de la República, Nelson Shack. | No señala | Por presunta complicidad de fraude procesal al encubrir delitos. | Improcedente |
| Jueces supremos César San Martín Castro, José Luis Salas Arenas, Elvia Barrios Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo, Zavina Chávez Mella, José Luis Lecaros Cornejo, Aldo Figueroa Navarro, Manuel Quintanilla Chacón, Jorge Castañeda Espinoza e Iris Pacheco Huancas. | Infracción constitucional a los artículos 139° y 38° incisos 3) y 5), así como la comisión de los delitos de prevaricato, falsedad genérica. | Al presuntamente no respetar ni cumplir el ordenamiento jurídico en desmedro del recurrente a quien perjudicaron. | Improcedente |
| Fiscal supremo Tomás Gálvez | Infracción constitucional a los artículos 139° inciso 2, 39° y 44°. | Al presuntamente haber actuado en sus diversas denuncias con el propósito de interferir en las investigaciones fiscales del caso denominado Lava Jato. | Procedente |
| Fiscal supremo Pedro Chávarry | Delito contra la administración de justicia – encubrimiento real en agravio del Estado. Por la supuesta infracción constitucional a los incisos 1),2),4) del Artículo 159°, inciso 2 del artículo 139°, y los artículos 39° y 44° de la Constitución. | Al presuntamente haber obstruido las investigaciones contra Keiko Fujimori Higuchi y Fuerza Popular. Al presuntamente haber deslacrado ilegalmente la oficinas de su exasesor Juan Manuel Duarte Castro en las inmediaciones del Ministerio Público. | Procedente |
| Fiscal Supremo Tomás Gálvez César Hinostroza Orlando Velásquez Benites Julio Gutiérrez Pebe | Delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal. Delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal. Delito de organización criminal, cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal. Delito de organización criminal y cohecho pasivo específico. | Al presuntamente haber formado parte de una organización criminal donde gestionaban nombramientos o ratificaciones de jueces y magistrados, así como favorecer en procesos judiciales, difundidos a través de audios. | Procedente |
| Exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde | No especifica | Al presuntamente evadir y omitir actos funcionales durante el periodo de su gestión al no atender la reapertura de investigación de un caso penal. | Improcedente |
| Excongresista Jorge Castro Bravo | Delito de concusión | Al supuestamente haber obligado a sus trabajadores a pagar mensualmente una suma de dinero para solventar gastos de su local de representación en la ciudad de Tacna, entre otros conceptos. | Procedente |
Al tratarse de denuncias constitucionales contra excongresistas y un excontralor, de haber cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones, tienen una prerrogativa posterior de cinco años de antejuicio político. Estará en manos del Congreso el análisis de cada caso.
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(Infografía: El Comercio)
Alarcón y otras demoras
Luis Roel dijo que hasta el miércoles 29 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no había recibido la documentación de las tres denuncias de la fiscal de la Nación contra el congresista y excontralor Edgar Alarcón, así como las nuevas acusaciones contra el exlegislador Héctor Becerril.
Tampoco ha llegado a la Subcomisión las denuncias contra Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma, Daniel Salaverry, Lizbeth Robles y Clemente Flores. Debido a ello, no se puede programar la fecha para analizar su admisibilidad.
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Según Roel, los procesos y logística de Trámite Documentario de mesa de partes del Congreso estaría demorando la llegada de estos expedientes a la Subcomisión.
“Hay un gran volumen de anexos [en las denuncias constitucionales], más aún porque no solo hay un tema que me llega a mí la notificación, sino que además en trámite documentario y en mesa de partes digitalizan todos los documentos”, explicó Roel.
Sin embargo, la denuncia contra el excongresista Castro, presentada el 9 de julio, ya fue declarada procedente por la Subcomisión. “Como no había muchos anexos, llegó rápido a mi despacho, y como cumplía con los tres requisitos, después de la evaluación se programó y se presentó el informe que por mayoría fue declarado procedente”, dijo Roel.
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