Héctor Becerril: Fiscal de la Nación presenta dos denuncias constitucionales contra excongresista

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el exlegislador Héctor Becerril (Fuerza Popular), una por presunta organización criminal relacionada al caso de “Los Temerarios del Crimen” de Chiclayo, y otra por supuesto tráfico de influencias vinculada a la Municipalidad Aucallama.

“Habría gestionado asignación presupuestal que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales, como la compra de porcelanato”, precisó la fiscalía en Twitter.

Según consta en los documentos fiscales presentados ante el Congreso, a los que El Comercio tuvo acceso, se acusa al exparlamentario de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo impropio.

En el caso vinculado a “Los Temerarios del Crimen”, Héctor Becerril es calificado como el “brazo político” de la organización, al hacer presuntas “gestiones” usando su cargo de parlamentario, ante el “Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Vivienda, entre otras entidades públicas”, que habrían “permitido la ejecución del plan criminal de la organización”.

Según la documentación fiscal, Becerril habría desplegado “actividades ilícitas” en la Municipalidad de Chiclayo a través de sus hermanos, quienes eran los “ejecutores de sus decisiones” y realizaban directamente el cobro de “diezmos” por cada obra pública concesionada (sobornos del 10% del valor de una obra). Y otros beneficios patrimoniales, como la compra de porcelanato.

“El investigado Héctor Becerril habría integrado dicha organización criminal siendo ‘hombre clave’ o ‘sujeto indispensable’ para el logro de los fines delictivos de la organización, puesto que ostentaba un alto cargo público como congresista de la República, que le habría permitido a la organización criminal tener a su brazo político en un puesto clave, para que se pueda incluir obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el presupuesto general de la República, y además agilizar su transferencia a las arcas municipales”, se indica en la denuncia.

“Lo cual posteriormente le permitía a la organización criminal cobrar los ‘diezmos’ en cada una de las obras que ejecutaban, que era el 10% del valor total, aproximadamente, y de esa manera lograron que la organización criminal pueda ser sostenible en el tiempo, ocasionando un grave perjuicio a los intereses del Estado”, se agrega.

Mientras que, en el segundo caso, “invocando influencias por el cargo de congresista” ofreció al entonces alcalde de la Municipalidad de Aucallama, Pedro Salguero, interceder ante el Ministerio de Vivienda por presupuesto para una obra de agua potable.

A cambio, el burgomaestre cancelaría una deuda que mantenía con la empresa de su hermano Segundo Becerril, Red Medical Dental & Bussiness, por un monto de S/284.565.

El caso será analizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

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