Los efectos colaterales de la disolución del Congreso

La disolución del Congreso tuvo un efecto colateral en varios de sus trabajadores. La semana pasada, se cesó al personal de confianza de los despachos parlamentarios, lo que terminaría en una serie de demandas y posteriores reposiciones, si se tiene como antecedente el cierre del Parlamento en 1992.

El Departamento de Recursos Humanos dispuso la conclusión del vínculo laboral de 641 asesores, precisando que la prestación de servicios se efectuó hasta el 30 de setiembre, el día de la disolución anunciada por el presidente Martín Vizcarra. Los únicos que quedaron fuera del cese son quienes trabajan con los integrantes de la Mesa Directiva, y los titulares de la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La Permanente se mantiene debido a que es la única instancia legislativa que puede funcionar hasta enero del próximo año, cuando se elija a los 130 legisladores que completarán el período 2016-2021. Los miembros de la Permanente cuentan con dos asesores, dos técnicos, un auxiliar, un asistente y un coordinador como parte del personal de su despacho. Como práctica parlamentaria, tienen permitido desdoblar las plazas de técnico, auxiliar y asistente, con lo que cada miembro de la Permanente puede tener entre 7 y 10 asesores. Sin embargo, fuentes de la comisión indicaron que se planea dejar con solo dos asesores a cada integrante para los próximos cuatro meses.

La estructura laboral del Poder Legislativo está compuesta por la organización parlamentaria (personal de confianza de los despachos, régimen 728 y CAS), el servicio parlamentario (áreas administrativas y funcionales, régimen 728, CAS y nombrados) y los pensionistas. La última planilla registraba que el número de trabajadores del Congreso superaba los 3.500.

Si quitamos a las 641 personas que formaban parte del personal de confianza cesado, tenemos que la planilla congresal permanece con casi 2.800 trabajadores. La gran incógnita ahora es determinar si todos se mantendrán hasta y después de la nueva elección parlamentaria del 2020.

—El caso del 92 —

El antecedente más reciente sobre un cierre del Congreso es el autogolpe de 1992, tras el cual ninguna instancia legislativa quedó en funciones. Del 5 al 30 de diciembre de 1992, se dictaron 748 decretos leyes, uno de los cuales constituyó una comisión para administrar el patrimonio del Congreso.

El Decreto 25759, de octubre de 1992, dispuso que esa comisión realizara un proceso de racionalización. El Parlamento bicameral cerró en 1992 con 2.136 trabajadores y se buscaba llegar al Congreso Constituyente Democrático del año siguiente con menos personal. ¿Cómo reducirlo? Se creó un examen de selección. El 6 de noviembre de 1992, se emitieron dos resoluciones mediante las cuales fueron cesados 1.110 funcionarios y servidores del Congreso. Con las renuncias voluntarias y con algunos que se acogieron a incentivos económicos, el personal quedó reducido a casi 600, recuerda el ex oficial mayor José Cevasco, quien trabajó en aquel Parlamento.

Según dice, la cifra de trabajadores se mantuvo en alrededor de los 900 entre 1995 y 1999, y fue a partir del 2000 que se incrementó a 1.000 y así sucesivamente hasta llegar a los 3.000 con los que contaba el Parlamento que acaba de ser disuelto.

— Las reposiciones —

Los cesados reclamaron y, al no obtener respuesta, denunciaron que la prueba de calificación había sido vendida a algunos empleados desde dos días antes de la fecha del examen. Incluso se dijo que había trabajadores que llegaban al local con el documento resuelto.

Un total de 257 trabajadores demandaron al Congreso, y su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde obtuvieron un fallo a favor. Luego, se presentaron más reclamos que obtuvieron el mismo resultado.

Cevasco indica que los exfuncionarios comenzaron a ser repuestos en sus cargos desde el segundo gobierno de Alan García en el 2006. “Y ellos recibían indemnizaciones por todos los años que habían dejado de trabajar, con montos que superaban los 100 mil dólares”, explica.

Nunca se estableció un plan para la reincorporación, porque, en todos los casos, los puestos ya estaban ocupados, por lo que se acomodó al personal repuesto indistintamente en las diversas áreas del Congreso y a la larga se crearon más dependencias para acogerlos. Algunos se acomodaron bien a sus nuevos puestos, y otros comenzaron a deambular sin mucho qué hacer, únicamente marcando su registro de entrada y salida. El control del personal nunca fue estricto.

Este Diario conversó con varios de los trabajadores cesados en la actualidad y todos dijeron que evalúan iniciar acciones legales por la forma en la que se produjo su salida. La mayoría de ellos asistió en los últimos días con un notario al Congreso para constatar que no se les permitía ingresar a su centro de labores.

En lo que se refiere al personal que permanecerá en funciones, la incertidumbre pasa por qué pasará con ellos en estos cuatro meses. Para el ex oficial mayor José Elice, esta será una oportunidad para reformar la administración parlamentaria, pues es claro que en estos últimos años “se ha abusado de la planilla”.

EXCEPCIONES:

— El Departamento de Recursos Humanos estableció que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también queda exceptuada de la resolución de cese.

— También se determinó que los trabajadores de los accesitarios de la Permanente no continúen. Sin embargo, 9 miembros de la subcomisión son accesitarios de la Permanente, por lo cual sus trabajadores se mantendrán en funciones.