Martín Vizcarra se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización

El expresidente Martín Vizcarra se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debía responder por la contratación del cantante Richard Cisneros -conocido como ‘Richard Swing’ en el Ministerio de Cultura y de otras personas de su entorno en el Estado, sin cumplir con las normas.

Vizcarra Cornejo llegó a la sede del Parlamento al promediar las 9:40 de la mañana. El titular del referido grupo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), decidió que la sesión se realice de manera reservada, tras pasar la lista de los integrantes presentes.

Tras la salida de Vizcarra, Alarcón afirmó que Vizcarra le ha faltado el respeto al Congreso y ha obstaculizado la investigación del Caso Swing.

“Hemos hecho uso de nuestro derecho constitucional y legal de guardar silencio. es una prerrogativa de todo ciudadano”, remarcó Vizcarra ante los periodistas.

Añadió que recibió agravios por parte de los congresistas. “El órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el MP y estamos atendiendo todas sus demandas”, insistió.

Durante la sesión, los congresistas le iban a preguntar sobre la relación de Mirian Morales Córdova (ex secretaria general de Palacio de Gobierno), Karem Roca (ex asistente personal de la Presidencia), Óscar Vásquez Zegarra (ex asesor presidencial) y Patricia Balbuena Palacios (ex ministra de Cultura) con las contrataciones en el Ministerio de Cultura y en otras entidades del Estado desde el año 2018.

Sigue aquí los detalles de la sesión:

Sigue aquí las principales incidencias:

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NOTA PREVIA

La semana pasada, Martín Vizcarra confirmó su asistencia a la citación. “Yo voy a ir al Congreso, pero voy a ir el martes. El señor Edgar Alarcón me ha hecho llegar una comunicación para el día martes 1 de diciembre a las 10 de la mañana. Estaré muy puntual”, afirmó a la prensa.

Otro de los puntos de la agenda es “la presunta participación en la comisión de delitos contra la administración de justicia que habrían sido ejecutados en complicidad con personal del despacho presidencial cuando era presidente de la República, con la finalidad de ocultar los hechos relacionados a su vinculación con Richard Cisneros Carballido, sus ingresos a Palacio de Gobierno y, otros presuntos actos ilegales desarrollados para lograr su contratación en el Ministerio de Cultura”.

En su preinforme final, de setiembre pasado, la Comisión de Fiscalización apuntaba a encontrar responsabilidades en Vizcarra y concluía que “habría existido un uso inadecuado de poder de parte de diferentes niveles de gobierno en el uso de la Ley de Contrataciones para favorecer a familiares y amigos para que accedan a puestos de trabajo del Estado, evitando someterse a la Ley Servir, que regula el acceso al empleo público”.

Vizcarra, quien anunció su intención de postular al Congreso de la mano de Somos Perú, fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente. El ahora expresidente es investigado por el Ministerio Público por el caso Richard Swing y por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, por los presuntos delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir por las presuntas coimas para adjudicar los proyectos Lomas de Ilo e Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

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