No solo en el MTC: El transporte informal también lleva su agenda al Congreso

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Silva se había comprometido con los reclamos de estos grupos, que van desde la amnistía de multas hasta la extensión de permisos para ocupar rutas, y la “reestructuración” de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutrán). Pero la polémica resultó minoritaria en el hemiciclo: la moción para citarlo alcanzó apenas 27 votos a favor y quedó neutralizada con 48 en contra y 39 abstenciones.

Entre los legisladores que marcaron en abstención estuvieron Alejandro Soto (APP), actual presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, y Elvis Vergara (Acción Popular), quien días atrás declaraba a la prensa sobre la necesidad de que Silva brinde explicaciones. Coincidentemente, Soto y Vergara son dos de ocho congresistas que han tenido reuniones en sus despachos con los mismos representantes de empresas y confederaciones de transportistas interesados en que retroceda la reforma.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio identificó que dentro de las más de 88 mil visitas registradas hasta el viernes en la sede del Congreso, los parlamentarios Edgar Tello (Perú Libre), Cheryl Trigozo (APP), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Héctor Valer (Somos Perú), Noelia Herrera (RP) y Jorge Montoya (RP) también recibieron a personas vinculadas a esos gremios. De ellos, solo Herrera y Montoya votaron en verde para interpelar a Silva.

Acercamientos

El 14 de setiembre, el congresista Alejandro Soto recibió a los dirigentes Geovani Diez (miembro de la Confederación de Transportistas Terrestre del Perú - CTT), Jorge Espinoza (presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Transporte Terrestre - CUNTTT-CGTP) y Marco Aguirre (vocero de Transporte Nacional Urbano).

Además, el 1 de octubre, el apepista tuvo la visita de René Gómez (presidente de la Federación de Transportistas Asociados de la Macroregión Sur - FETRAMAR). El viernes, Soto indicó a este Diario que estaba en una audiencia descentralizada en Huancavelica con el ministro Silva y que al término de la misma podría atendernos, pero no volvió a responder.

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En tanto, Elvis Vergara, de Acción Popular, explicó que sus reuniones con Geovani Diez (el 15 de setiembre) y con Marco Aguirre (el 25 de octubre) tuvieron como propósito formar “una mesa técnica para la elaboración de un proyecto de ley que reordene el transporte público y privado”.

“Aún no hemos presentado el proyecto porque el tema es complejo, pero queremos que esa ley marco de ámbito nacional sea el inicio de una reorganización permanente. Nosotros no hemos tocado temas contra la reforma”, indicó. El acciopopulista también cuestionó el acuerdo que hubo entre el ministro Silva y algunos de estos gremios, pues “nosotros ya le habíamos indicado al ministro que estábamos trabajando en un proyecto con los sectores”.

El Comercio también intentó contactarse con la congresista Noelia Herrera (RP), titular de la Comisión de Transportes. No obstante, su asistente nos dijo que no daría entrevistas por licencia médica. Herrera votó a favor de interpelar a Silva, pero ha tenido reuniones con todos los gremialistas a los que el ministro hizo ofrecimientos.

El 29 de octubre, Herrera recibió a Ricardo Pareja (presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao); Martín Valeriano (presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas - Anitra); Waldo Poma (gerente de Expreso Santa Anita S.A. y afiliado a Anitra); Emeterio Valdiviezo (presidente de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao - ASESTRACA) y Wilfredo Chávez (dueño de Holding Real Express, antes Orión, y representante del Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa).

Ese mismo día en que escuchó sus demandas, la parlamentaria presentó un proyecto de ley que propone prorrogar por cinco años los títulos habilitantes para el transporte regular y especial en Lima y Callao. La iniciativa fue sometida a opinión de la ATU, que la declaró inviable.

El oficialista Edgar Tello también fue consultado por este Diario. Según indicó, sus encuentros del 4 de agosto con Waldo Poma y Martín Valeriano, sirvieron “para gestionar sus pedidos, dado que no vienen siendo escuchados hace mucho tiempo por diferentes gobiernos de turno y, teniendo empresas formales, quieren ser tratados de manera equitativa, igual a los concesionarios internacionales”.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Martín Valeriano ha sido multado por 72 infracciones de tránsito entre el 2001 y el 2013. “Ellos informan que son multas fantasmas y habría que conversar de qué se trata para que la autoridad tome en cuenta”, nos respondió Tello. El congresista de Perú Libre añadió que “recogidas todas sus problemáticas, obviamente los asesores están trabajando una iniciativa legislativa que genere una equidad”.

El Comercio intentó también comunicarse con los congresistas Jorge Montoya (RP), quien se reunió el 22 de setiembre con Rina Huacre (dirigente de un gremio de taxis colectivos y multada en 40 ocasiones por infracciones de tránsito, según muestra el SAT), y Cheryl Trigozo (APP), quien recibió el 1 de octubre en su despacho a René Gómez, de Fetramar. Hasta la publicación de esta nota, el contacto no fue posible.

El 21 de octubre la legisladora Trigozo, titular en la Comisión de Transportes, pidió ante ese grupo de trabajo enviar un oficio al MTC para que se facilite la autorización del servicio de autos colectivos “mientras el TC resuelva” la demanda de inconstitucionalidad presentada por el gobierno anterior contra la ley que los formaliza. La apepista expuso que se había reunido con “los dirigentes de la Federación Nacional de Autos Colectivos de la categoría M1, M2 y N1″ y que su situación era de “urgencia”.

Buscamos comunicarnos con los congresistas Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Héctor Valer, de Somos Perú, pero no fue posible. Cerrón figura haber recibido en su despacho el 29 de octubre a Geovani Diez, Hermán Mendieta (presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional - ASOTRANI) y Ricardo Pareja. En tanto, Valer se reunió el 25 de ese mismo mes con Wilfredo Chávez (Ex Orión y presidente de Conecsa). El 10 de noviembre, Chávez volvió a visitar a Valer, pero esta vez acompañado por Marco Aguirre y Ricardo Pareja.

En el caso de Cerrón, cabe recordar que el 29 de octubre, lideró un evento de la bancada del lápiz, llamado “Peaje o Pillaje”, donde se buscó sustentar la necesidad de revisar y renegociar concesiones viales. Allí participaron David Mujica, abogado de Anitra, y Ricardo Pareja, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano que lo visitó ese mismo día en su despacho.

Riesgos a la reforma

Para el politólogo Eduardo Dargent, autor del ensayo “El Páramo Reformista”, solo la coincidencia de intereses explicaría el poco ánimo por interpelar a un ministro con tantos pasivos como Silva.

“Lo realmente preocupante es que antes había una dinámica en la cual el Ejecutivo detenía intentos de ir contra las reformas. Pero ahora tenemos al frente a un Ejecutivo que no detiene estas entradas de intereses y que, más bien, tiene en su Gabinete a personas que se han apoyado de algunos de estos grupos informales. Si el Congreso va a ser solo oposición política, pero va a coincidir con el Gobierno en temas de este tipo, las pocas reformas que hay corren muchísimo riesgo”, sostuvo.

También en diálogo con El Comercio, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, recordó que la reforma del transporte estuvo trabada por dos décadas hasta que se creó la ATU en el 2018.

“La Ley N° 27181 [Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre], publicada en 1999, ya obligaba a los alcaldes de Lima y Callao a que no gestionen el transporte de forma individual, sino conjuntamente. Y el artículo 17 obligaba al MTC a tomar esa responsabilidad de constituir la autoridad si es que no lo hacían los alcaldes. No lo hicieron durante 19 años. Y esto, que se logró después de tanto tiempo, está en riesgo de irse por la borda. Vemos a un ministro y a una mayoría de congresistas que se han sumado a ello. La más perjudicada por los avances de los informales es la población”, cuestionó Quispe.

De acuerdo con la Ley N° 30900, que dio origen a la ATU, el objetivo es garantizar un sistema integrado de transporte en la capital y en la región portuaria. El especialista de Luz Ámbar indica que, con la reforma completamente aplicada, se tendría una red de buses para rutas y transbordos de un solo pasaje.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, explicó que la reforma del transporte tiene anticuerpos desde el inicio porque amenaza la continuidad del tránsito como negocio. Remarcó que el poder político no estaría priorizando a los beneficiarios, que son los pasajeros.

“Si el incentivo directo realmente fuera electoral, los políticos estarían del lado de la masa mayoritaria, que son los usuarios, ofreciendo trabajar por un transporte de mayor calidad. Pero yo me temo que ese no es el incentivo de un grupo de congresistas. Justamente por esto se buscó que la ATU sea una autoridad autónoma y técnica, independiente del vaivén político y de los posibles lobbies”, dijo Alegre.

Defensores del ministro Silva

El jueves, durante el breve debate en el pleno del Legislativo por la moción de interpelar a Silva, llamó la atención el expresivo respaldo del legislador Héctor Valer (Somos Perú), uno de los pocos ponentes.

“Qué bonito es echarle la culpa a un ministro el fracaso de la reforma de tránsito que viene desde las épocas de la señora [Susana] Villarán, cuando el señor Gustavo Guerra García Picasso [hoy viceministro de Hacienda] era, nada menos, quien dirigía el plan de modernización del transporte de Lima”, exclamó Valer desde su escaño. Luego, añadió que a Silva se le pretende también culpar por las “irresponsabilidades de la ATU”.

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, que no registra reuniones de gremios de transportistas, también usó el micrófono para darle apoyo al titular del MTC. Durante su participación, sugirió que existe una fijación innecesaria y obstruccionista contra Silva.

“Parece que ya empieza la barajada de estar interpelando ministro por ministro y consolidar destituir a todos los ministros; algo que va a lograr la ingobernabilidad. (...) Se debería pedir solo la interpelación a quienes no están cumpliendo con una labor loable en bien del país. Yo considero que el ministro de Transportes y Comunicaciones está cumpliendo con una buena labor”, afirmó Martínez.

Solo Valer, Martínez y el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, pidieron la palabra en el debate. La parlamentaria del Partido Morado, Susel Paredes, se encargó de sustentar los motivos por los que sí debía citarse a Silva, pero la moción que presentó no tuvo eco en el resultado.

El 4 de noviembre, en la pasada sesión plenaria por el voto de confianza, la congresista Cheryl Trigozo (APP) defendió con especial mención a los titulares del MTC y al de Vivienda (Geiner Alvarado). “Quiero confiar en este Gabinete y quiero confiar también en sus ministros. Se me abren las puertas a sus oficinas, y quiero felicitar también el trabajo que viene realizando el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Vivienda, con quienes estamos trabajando de la mano”, expresó Trigozo.

Luego de que quedara truncada la primera posibilidad de interpelar a Juan Silva, la bancada de Fuerza Popular —que había apoyado con firmas el pedido, pero que luego dio todos sus votos en abstención— circuló un comunicado en donde anunciaba una nueva moción. El grupo naranja remarcó que su postura se basó en que no consideraba oportuna una citación a Silva por los mismos días en los que se está evaluando la permanencia del ministro de Defensa, Walter Ayala, cuestionado por un presunto intento de injerencia en ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.

Más información:

1. El 11 de noviembre, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, dirigió un oficio al ministro Silva, con el fin de solicitarle explicaciones por la remoción de la anterior superintendenta de la Sutran, Patricia Cama, y la posterior designación de Doris Alzamora en su reemplazo.
2. Cama reveló en una entrevista con RPP que se había enterado de su despido al leer la resolución en el diario oficial El Peruano. En tanto, Alzamora renunció a los cinco días de ser designada en la Sutran, luego de que los medios informaran sobre sus reportes policiales por hurto en tiendas.
3. Adicionalmente, El Comercio había informado que Alzamora tenía denuncias por haber pedido servicios particulares a trabajadoras subalternas cuando era coordinadora de ProTránsito, en la Municipalidad de Lima.
4. El exlegislador Guillermo Aliaga, actual asesor de la bancada de Somos Perú, centró su campaña del 2020 en el apoyo a gremios de transportistas y es un abierto opositor a la reforma.

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