Ocho decretos de urgencia no serían constitucionales

Desde noviembre pasado, la Comisión Permanente analiza la constitucionalidad de estas normas. Si bien sus conclusiones no son vinculantes, las opiniones que emita –como la derogación de algún D.U.– serán elevadas al Congreso entrante.

Ocho de los 32 decretos que la Comisión Permanente ha terminado de revisar no habrían cumplido los requisitos de constitucionalidad, según este órgano. Uno de estos es el D.U. 013-2019, que establece el control previo de fusiones y adquisiciones empresariales. El informe del grupo de trabajo encargado de evaluar esta norma –aprobado por mayoría– determinó que era inconstitucional, pues no existía urgencia para promulgarla antes de que se instale el nuevo Congreso. Otro decreto que no superó el análisis de constitucionalidad formulado por la Comisión Permanente fue el 022-2019, que otorga incentivos económicos para promover la industria cinematográfica. Esto debido a que la norma no cumpliría los requisitos de excepcionalidad y necesidad.

Óscar Urviola, expresidente del TC, consideró que “no es usual” que se emitan tantos D.U. y que se aborde esta amplitud de temas en un interregno parlamentario.

—Sin defensores—

La mayor cantidad de D.U. que se han emitido corresponde al sector de Economía: 26% del total, sin tomar en cuenta los que ha participado en conjunto con otros ministerios [ver infografía al pie de esta nota].

A este le siguen Educación, Transportes y Justicia. Los ministros de estos tres sectores renunciaron el 13 de febrero, por lo que no podrán defender los decretos de sus carteras en caso de que sean cuestionados por el nuevo Congreso.

Una vez en funciones, los nuevos parlamentarios deberán analizar las normas emitidas por el Ejecutivo y decidir entre dos alternativas: permitir que continúen vigentes o derogarlas.

Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho constitucional y parlamentario, explica que, una vez instalado el nuevo Parlamento, la Comisión de Constitución deberá analizar los decretos de urgencia dictados y emitir un dictamen que luego deberá ser votado en el pleno.

Por lo pronto, son tres las bancadas que buscarán presidir esta comisión congresal: Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú (SP).

Desde AP han manifestado la intención de mirar de cerca las normas emitidas y han cuestionado algunas referidas a materia laboral. “Vamos a utilizar la discrecionalidad que nos da el Congreso para realizar esta revisión”, dijo a inicios de febrero el virtual congresista Jorge Vásquez, luego de la reunión que su bancada sostuvo con Martín Vizcarra. Carmen Omonte (APP) ha señalado que, para ellos, la revisión de estas normas será una prioridad.