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El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, brindó ayer una conferencia de prensa a medios extranjeros en la sede del Poder Legislativo. Esto a un día de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de la República.
1. “No hay ningún caso de un congresista involucrado en un contrato o en estos temas de Odebrecht”
FALSO
En agosto, el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato asumió la investigación en torno a presuntos aportes de Odebrecht a campañas de congresistas en el 2011 y 2016. En febrero del 2018, Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en el Perú, declaró que la compañía entregó dinero “a todos los partidos, a todos” que tenían presencia en el Parlamento en el marco de los comicios generales de 2011.
Barata también señaló en otro interrogatorio que Odebrecht pagó US$60.000 en efectivo a César Villanueva, bajo el ‘codinome’ ‘Curriculum Vita’, por la carretera San José de Sisa. El caso se remonta al rol del exprimer ministro como gobernador regional de San Martín.
Además, las planillas de Odebrecht registran siete pagos por US$320.000 al citado apodo.
2. “Hoy día tenemos a la lideresa del partido mayoritario del Congreso, o de la bancada mayoritaria del Congreso que ganó las elecciones en la cárcel, por ser la directora de un grupo criminal”.
VERDADERO
Desde el 1 de noviembre del 2018, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se encuentra en la cárcel. No porque ya exista condena, sino porque cumple una orden judicial de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue por presunto lavado de activos. La Corte Suprema redujo de 36 a 18 meses la medida restrictiva. La fiscalía sostiene que ella habría encabezado una organización criminal paralela en el partido antes conocido como Fuerza 2011, con el fin de lavar dinero recibido de Odebrecht y obtener poder político en instituciones.
3. “El Congreso es el único en donde los temas constitucionales son exclusiva y excluyentes capacidades del Congreso. El Congreso, en temas constitucionales, no le da razón a nadie, porque no es parte de la estructura ejecutiva del Gobierno”.
FALSO
El artículo 201 de la Constitución dice que es el Tribunal Constitucional (TC) el “órgano de control” de la Carta Magna, con autonomía e independencia. La ley orgánica de la citada institución la define como “órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”.
El Congreso ha tenido que acatar recientes decisiones del TC, como la referida a la ‘ley antitransfuguismo’. Asimismo, declaró inconstitucional una ley que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Esta norma promovida por el congresista Mauricio Mulder (Apra) y respaldada por Fuerza Popular fue aprobada por el pleno del Parlamento por insistencia en junio del 2018.
4. “Hay un pariente mío que se ha presentado [como candidato a magistrado del TC]. Pero no lo presenté yo, lo presentó otra bancada. Y es la otra bancada la que lo promocionó. Yo me abstuve en la votación”.
VERDADERO
El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, electo magistrado del Tribunal Constitucional en la votación realizada por el pleno del Congreso antes de su disolución, fue propuesto por Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).
Efectivamente, si bien Olaechea (Acción Republicana) condujo la sesión del pleno del último lunes y dirigió el proceso de elección de los nuevos miembros del organismo, no participó de la votación, como consta en los registros oficiales.
No participó tampoco en la votación por Manuel Sánchez Palacios, quien no alcanzó las adhesiones requeridas.
5. “El presidente interpretó que le habían negado la confianza. Una interpretación es la que determina la disolución del Congreso”.
VERDADERO
Tal como señala Olaechea, la disolución del Congreso se concretó a raíz de una interpretación de la Constitución de parte del presidente Martín Vizcarra. El último domingo, en “Cuarto Poder”, el mandatario incluso adelantó su postura. Mencionó que si el Parlamento elegía primero a los nuevos miembros del TC antes de abordar la cuestión de confianza planteada, él iba a asumir que el Legislativo le estaba negando la confianza al Ejecutivo.
“Desde el Congreso se intentó impedir al premier ingresar al hemiciclo, se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y, luego, se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada”, sostuvo Vizcarra en el mensaje mediante el cual anunció la disolución del Parlamento, al considerar que hubo una “denegación fáctica de la confianza”.
6. “Por el momento soy presidente de la Comisión Permanente. No solo tengo la responsabilidad política, sino administrativa”.
VERDADERO
La expresión de Olaechea alude a lo que señala la propia Constitución. El artículo 134 refiere que “disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”.
El artículo 45 del Reglamento del Congreso de la República también habla de la “indisolubilidad de la Comisión Permanente”.
7. “Lo que está sucediendo es totalmente atípico y estamos regresando a la década de los golpes del 70”.
FALSO
Olaechea alude a los golpes de Estado de 1968 y 1975, pero estos fueron golpes militares. Por ejemplo, cuando el general del Ejército Juan Velasco Alvarado derrocó al gobierno democrático de Fernando Belaunde Terry, tanques blindados rodearon Palacio de Gobierno, se cerró el Congreso y se intervino el Poder Judicial. Asimismo, el gobierno se apoderó de los medios de comunicación. Tras la medida de Vizcarra, no se ha visto ese escenario.
En tanto, el golpe de 1975 fue encabezado por el también militar Francisco Morales Bermudez, quien fue primer ministro y ministro de Guerra de Velasco.
8. “Hicimos la suspensión, porque es la figura que prevé la constitución. Vacar a un presidente es un procedimiento que toma aproximadamente una semana”.
VERDADERO
Efectivamente, el Reglamento del Congreso establece: “El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata”.
Asimismo, el artículo 114 de la Constitución señala que una causal para la suspensión del ejercicio de la presidencia es que el Congreso declare la incapacidad temporal del mandatario.
9. “El nombramiento que hemos hecho de un vocal ayer es totalmente apegado a ley, no puede ser anulado”.
IMPRECISO
El constitucionalista Óscar Urviola manifestó que la designación de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del TC sí se podría dejar sin efecto a través de la renuncia de aquel. El pleno tendría que emitir una resolución legislativa. “Pero como no hay pleno, no se puede hacer”, añadió.
Cabe recordar que en tras el escándalo conocido como la ‘repartija’ en el 2013, el pleno —en una sesión extraordinaria— dejó sin efecto las designaciones y declaró la vacancia de seis vocales electos. Previamente, por ejemplo, Rolando Souza presentó su renuncia irrevocable a su derecho a acceder al cargo.
“La designación de es válida, pero mientras no esté publicada en el peruano y no haya credencial, no se puede hacer valer. Técnicamente es un magistrado designado, pero su designación no es eficaz, porque falta lo que dice la Constitución: la publicación en el diario oficial ‘El Peruano’ y la credencial. Sin la credencial no se puede tomar posesión del cargo”, manifestó el constitucionalista Aníbal Quiroga.
10. “El Congreso ya no es un Congreso de una mayoría clara. Nosotros tenemos que lograr consensos para tomar decisiones”.
IMPRECISO
Si bien Fuerza Popular perdió su mayoría absoluta (pasó de 73 a 54 miembros), se mantiene como mayoría simple. Y sus aliados en la Mesa Directiva —las bancadas de Contigo, Acción Republicana y Cambio 21— suman 18 votos.
Javier Velásquez Quesquén, congresista del Apra (5 miembros), señaló en febrero pasado que entre su bancada y Fuerza Popular existió una “alianza estratégica”.
Un estudio realizado por el proyecto Parlamento Abierto de la consultora 50+1 y ESAN reveló que durante los plenos realizados desde el 2016 hasta enero del 2019, las posiciones mayoritarias de Fuerza Popular y la bancada aprista han ido en la misma dirección en un 90,2% de las veces.
