El Congreso de la República rechazó este jueves una moción para interpelar a la canciller Ana Gervasi por la decisión del Gobierno de declarar persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, tras la reiterada injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en política interna peruana. El pedido fue impulsado por Perú Libre y sus aliados.
La moción fue admitida, en una primera votación, por 44 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones. Respaldaron la presencia de la ministra Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Cambio Democrático - JPP.
Sin embargo, horas después en el debate del pleno, Patricia Juárez (Fuerza Popular) planteó que se reconsidere esta decisión (admitida por 69 votos) y en esta segunda oportunidad, no se lograron los 42 votos necesarios para admitir la interpelación.
Con solo 40 votos a favor, 73 en contra y 1 abstención, se procedió a archivar la moción contra la canciller Gervasi.
El pliego interpelatorio incluía 25 preguntas.
Sigue aquí el debate del pleno:
La agenda del pleno ha incluido diversos temas pendientes, aunque todavía no figura el proyecto sobre el adelanto de la fecha del inicio de la segunda legislatura del periodo 2022-2023 de la Comisión de Constitución.
Esta iniciativa plantea que la próxima legislatura inicie el 15 de febrero y debe ser ratificada en el pleno para que entre en vigencia.
Otro aspecto pendiente es la moción de vacancia que han presentado congresistas de la bancadas de izquierda contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero.
También se encuentran los proyectos 1518, 1928 y otros que impiden la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional.
A nivel de informes finales listos para su presentación, se encuentra el de la Comisión de Fiscalización sobre los hechos relacionados a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde que entró en vigencia durante el gobierno de Martín Vizcarra.
De igual forma, está el informe final, por unanimidad, de la comisión investigadora multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar, en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo de 2022.
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