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El periodo congresal 2020-2021 viene mostrando unas ganas desmedidas por reformar la Constitución. Suman más de 60 las iniciativas en ese sentido, y una de las últimas busca que el Congreso asuma el control total sobre la designación del titular de la Contraloría. De esta manera, el Ejecutivo ya no propondría, ante el Parlamento, a ningún candidato para dicho cargo, tal como se hace actualmente.
El proyecto de la legisladora María Gallardo (Podemos Perú, Lambayeque) además plantea modificar el artículo 82 de la Constitución, con el fin de reducir de siete a cuatro años el mandato del titular de la Contraloría, que sería elegido por el Congreso a través de un concurso público de méritos realizado por una comisión especial.
El mandato del actual contralor Nelson Shack vence en el 2023, con lo que, de aprobarse esta reforma, cada Congreso podría elegir a un nuevo contralor a la mitad de su mandato.
La comisión especial, indica el texto, encargada de la selección de candidatos conformada por el Defensor del Pueblo, quien la preside, y las cabezas del Poder Judicial, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia. También es integrado por un rector elegido por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y otro en representación de las universidades privadas.
Asimismo, la iniciativa estipula que “no hay reelección inmediata para el cargo de Contralor”. “Puede ser removido por el Congreso por falta grave, por infracción constitucional o legal, o por sentencia condenatoria, aunque no sea firme. En caso de remoción, es reemplazado por el accesitario elegido conforme al orden de méritos”, señala el texto.
Actualmente, el Poder Ejecutivo está encargado de la designación a tres las autoridades de tres altas instituciones: el contralor de la República, al jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y a parte del directorio del Banco Central de Reserva. Sin embargo, sus propuestas deben ser ratificadas por el Congreso de la República.
Un contralor para regiones
De otro lado, el proyecto -firmado por el vocero Daniel Urresti (Lima)- propone la creación del “contralor público regional”, cuya función estará relacionada estrictamente al interior del país.
“El Contralor Público de la región es la autoridad del sistema nacional de control con competencia para las circunscripciones de los gobiernos regionales. Mediante ley se establecerán los requisitos, las funciones, las facultades, los procedimientos de control y el mecanismo para elegir al Contralor Público de la región”, señala el texto.
Es decir, el Congreso definirá los lineamientos del contralor que se encargará de fiscalizar a los gobiernos regionales.
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