La unión civil en el Perú bajo el microscopio [ANÁLISIS]

Este 28 de enero, en un giro sin precedentes, el Senado de Chile aprobó por amplia mayoría el Acuerdo de Unión Civil que legaliza las uniones homosexuales. Se convirtió así en el sexto país de Sudamérica en reconocer la unión de las parejas del mismo sexo. Esta decisión resulta particularmente sorprendente, pues estamos hablando de un país que se ha caracterizado por su conservadurismo, al punto de que el divorcio fue legalizado recién en el 2004.

En el Perú, por otro lado, la discusión sigue siendo bastante álgida y aun no se ha llegado a un acuerdo. Por lo pronto, se espera que los dos proyectos sobre este tipo de unión (unión civil y unión solidaria) sean discutidos en los primeros días de la legislatura que se inicia este mes. 

La historia de la Unión Civil en el Perú
El debate de la unión civil homosexual en el Perú tomó fuerza en el año 2013, cuando el congresista Carlos Bruce presentó un proyecto de ley que concedía a las parejas del mismo sexo el derecho a la propiedad común, beneficios pensionarios y de herencia, visitas de hospital y toma de decisiones sobre procedimientos quirúrgicos y de emergencia, entre otros. A diferencia del matrimonio civil, sin embargo, la propuesta de unión civil no permitiría la adopción de hijos como pareja.

Reacciones en contra
Entre los primeros opositores al proyecto estuvo el congresista Carlos Tubino, quien argumentó que lo que se proponía era “un matrimonio encubierto”. Tubino aseguró también que “querámoslo o no, el Perú tiene una cultura católica y cristiana [y que] se legisla para las mayorías”.

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, expresó su rechazo a la iniciativa por considerar que “no hace falta empezar a hacer una caricatura del matrimonio para después destrozarlo”.

La Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado en el 2014 en el que sostenía que la unión civil “contraría el orden natural […]  atenta contra la dignidad humana de los peruanos y […] amenaza la sana orientación de los niños”. 

Y Óscar Escalante, vocero de la plataforma ciudadana Parejas Reales, dijo, en una entrevista, que “la frase que se ha usado en la campaña Parejas Imaginarias, ‘Amar no es un delito’ [en la que se veía a personalidades del mismo sexo abrazándose, como PPK con Melcochita o Aldo Mariátegui con Nicolás Lúcar], la han usado otros colectivos que han propuesto la legalización de la pedofilia en otros países”.

En una entrevista televisiva en el 2014, el presidente Ollanta Humala evitó pronunciarse acerca de este asunto; sin embargo durante la campaña presidencial del 2011 había manifestado abiertamente su rechazo al matrimonio homosexual. A la fecha, el presidente no se ha vuelto a manifestar acerca del tema.

Muchos de los opositores, además, han rechazado la unión civil argumentando que la mayoría de peruanos está en contra de esta. En efecto, en octubre del 2013 la desaprobación de la propuesta era de 65%. Sin embargo, la última encuesta de Ipsos en Lima demuestra claramente que entre dicha fecha y febrero del 2015, la desaprobación bajó a 61%, y la aprobación aumentó de 31% a 35%. Para Ipsos las tendencias son evidentes (ver gráfico). 

La defensa
Mientras algunas organizaciones y personas expresaban su rechazo al proyecto de ley, miles de ciudadanos tomaron las calles del Centro de Lima el 12 de abril del 2013 para manifestar su apoyo en la denominada Marcha por la Igualdad. En ella se encontraron personalidades como los congresistas Sergio Tejada, Verónika Mendoza, el ex ministro de Educación Javier Sota Nadal, el ex ministro de Justicia Diego García Sayán, la periodista Patricia del Río, entre otros.

Al mismo tiempo, las instituciones del Estado, cuya labor es resguardar los derechos de los peruanos, sentaban una posición acerca de la unión civil. Es así que el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial se manifestaron a favor.  

Las alternativas y las negociaciones
Dada esta compleja situación, los congresistas Martha Chávez (Fuerza Popular), Humberto Lay (Restauración Nacional) y Julio Rosas (Fuerza Popular) presentaron proyectos alternativos a la unión civil.

En este contexto, el congresista Juan Carlos Eguren (PPC), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, propuso que se debatan todos los proyectos juntos para llegar a un consenso sobre un único proyecto de ley denominado unión solidaria.

Las negociaciones no llegaron a buen puerto y Carlos Bruce pidió que su proyecto sea discutido de manera independiente. En declaraciones a El Comercio, Bruce manifestó: “Lo que determinó mi retiro fue la negativa de los congresistas a otorgar el estado de ‘familia’ a las parejas que opten por la unión solidaria”.

Efectivamente, para el congresista y pastor evangélico Humberto Lay, el concepto de familia “implica claramente diferentes sexos. Ese es el concepto natural, y el Estado tiene la obligación de proteger un instituto fundamental como la familia, porque esta tiene la capacidad de reproducirse”.

Pero para la congresista Martha Chávez el motivo del retiro de Bruce de las negociaciones tendría que ver con intereses externos: “El proyecto del congresista Bruce no le pertenece a él, sino que pertenece a una agenda externa. A mí me da la impresión de que lo empezaron a presionar desde el movimiento LGBT [lesbianas, gays, bisexuales y transgénero]”.

A la fecha, tanto el proyecto de unión solidaria como el de unión civil están en agenda y se pretende que se discutan en la próxima legislatura. Veremos qué pasa.

Las instituciones del estado se pronuncian

Ministerio de Justicia  
En febrero del 2014, en un informe remitido al Congreso, sostuvo: “El proyecto de ley [de unión civil] no solo resulta jurídicamente viable, sino que es representativo de una concreción esencial de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación”. 

Defensoría del Pueblo  
En marzo del 2014,  recomendó al Congreso aprobar el proyecto, por considerar que “una de las bases de nuestra democracia y de nuestro sistema jurídico es el reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales ante la ley […] en atención a ello, el Estado tiene la obligación de asegurar que todos sus ciudadanos y ciudadanas disfruten de condiciones de vida idénticas […]”. 

Poder Judicial  
A fines del 2014, concluyó en un informe que el proyecto de ley “reivindica los derechos de la minoría homosexual, los incluye y acepta, además de fomentar la igualdad y el respeto por nuestros semejantes”. 

La Fiscalía de la Nación  
En abril del 2014, se sumó a estas opiniones y estableció que “en un Estado democrático de derecho como el nuestro, ningún ser humano debería verse limitado en el ejercicio de su libertad por manifestaciones y matices de discriminación […] debiendo el Estado, en consecuencia, asegurarle garantías mínimas para tal actuación”. 

Tribunal Constitucional  
Si bien no se ha pronunciado sobre la unión civil, en un fallo emitido en el año 2007 se reconoció que la protección constitucional de la familia no debe limitarse a las familias tradicionales, sino que debe extenderse a “nuevas estructuras familiares”, y que el concepto de familia “se encuentra invariablemente a merced de los nuevos contextos sociales”.

*En colaboración con Ariana Lira Delcore.