Conversar no es pactar, la columna de Fernando Tuesta Soldevilla

El diálogo se ha impuesto a regañadientes de sus principales protagonistas. El conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, que ha llevado al debilitamiento del presidente con su cuota de colaboración, nos encaminaría a escenarios que pueden tener resultados funestos, tal como los antecedentes históricos lo demuestran. Esto no es un mero ejercicio de las funciones constitucionales que le corresponden a cada uno, sino que ha tenido efectos negativos en la propia marcha de la economía, sobre todo en la inversión privada, muy sensible a eventos de esta naturaleza.

Pero ni el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien no propuso el diálogo, solo lo aceptó, ni Keiko Fujimori, quien lo propuso un tanto para tomar la iniciativa política y otro tanto para responder al perjuicio que experimentaba por el embate incontrolado de su hermano Kenji, lo hacen con la idea clara de qué hacer con el diálogo.

Este mecanismo puede funcionar cuando se está frente a una crisis, situaciones en las que se utiliza para ayudar a salir de la misma. Así ocurrió en nuestro país en el tramo final del fujimorismo en la llamada mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Ciertamente, producto de ese espacio de trabajo se tomó una serie de decisiones que el Parlamento de mayoría oficialista solo tuvo que dedicarse a aprobar sin más trámite, pues había perdido legitimidad.

Pero los diálogos desarrollados en estos últimos años carecieron de impacto alguno, como los que ocurrieron en los gobiernos de los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala. Este último incluso lo canalizó a través de la PCM y el Ceplan, pero se diluyó en el tiempo.

El tema es qué le puede ofrecer el gobierno a Fuerza Popular a cambio de controlar sus 71 votos. Se señala que sería a través de un acuerdo sobre políticas públicas en temas de seguridad, corrupción, empleo, reactivación económica y reconstrucción. Si bien parecen importantes, no han existido, que se conozca, diferencias sustanciales entre ambas organizaciones. Otro sería que ministros y altos funcionarios tengan el visto bueno del fujimorismo (sería el caso de Rafael Rey). El tema es que ya varios de este gobierno podrían estar en un gobierno de Fuerza Popular, pero difícilmente ese partido se contentaría con algo que ha logrado con presión continua (el caso más claro: el de Avelino Guillén al inicio del gobierno).

Finalmente, una medida de impacto mayor sería el indulto a Alberto Fujimori. Sin embargo, el gobierno ya adelantó que este espinoso tema no está en la agenda de la reunión. Keiko Fujimori tampoco lo ha propuesto, en la medida en que un indulto de su padre le crearía problemas en su propio frente interno, ya movido con declaraciones y actitudes de su hermano. Pero incluso en el hipotético caso de que eso sea posible, una tregua no sería muy duradera y menos para todo el período presidencial, más aun cuando Fuerza Popular necesitará distanciarse conforme se acerquen las elecciones, sin contar que PPK se quedaría sin el respaldo de quienes construyeron un voto antifujimorista que le permitió la victoria.

Quizá por eso FP, si bien ha tomado la iniciativa del diálogo, lo hace presionado por las circunstancias sabiendo que más le valen 71 votos para usar en cualquier momento que acuerdos con el gobierno donde gana poco. Por eso, el diálogo puede terminar en anuncios declamativos de efectos mínimos. En ese escenario, se puede conversar pero difícilmente pactar.