Nelson Shack: Delegar en el Ejecutivo la tarea de legislar sobre control podría ser riesgoso y cuestionable en el futuro

Tras conocerse el detalle de la solicitud de facultades legislativas que acaba de presentar el presidente Martín Vizcarra ante el Parlamento, el contralor general de la República, Nelson Shack, reiteró su pedido al Congreso para que apruebe el proyecto de ley presentado por la bancada Alianza Para el Progreso (APP) a fin de aplicar control concurrente a todas las contrataciones públicas que el Ejecutivo está disponiendo en la lucha contra el coronavirus.

Remarcó que como la Contraloría General un organismo fiscalizador autónomo, le correspondería al Congreso de la República, y no al Ejecutivo, legislar en materia de control gubernamental.

“Delegar en el Poder Ejecutivo esta tarea podría ser riesgoso y cuestionable en el futuro, toda vez que el mismo Ejecutivo no debería emitir normas de control para controlarse”, exclamó, según una nota de prensa de la institución.

En el documento entregado al Congreso, el Ejecutivo considera esencial incluir "que sea posible el control concurrente y posterior a cargo de la Contraloría General de la República, a efectos de que verifique el adecuado uso de los bienes y servicios públicos, por todas las entidades del gobierno central, regional y local”.

Este mediodía, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno en el que se anunció la extensión del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio hasta el domingo 12 de abril, Martín Vizcarra pidió al Legislativo que aprueben otorgar facultades legislativas al Gobierno.

“Queremos que nos deleguen facultades en materia de control con la finalidad de que la Contraloría General de la República pueda aplicar el control concurrente y posterior a las adquisiciones e inversiones que se viene realizando, así como toda acción que se viene implementando en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”, aseguró el mandatario.

Al respecto, el contralor dijo que “delegar en el Poder Ejecutivo esta tarea podría ser riesgoso y cuestionable en el futuro, toda vez que el mismo Ejecutivo no debería emitir normas de control para controlarse”.

La Contraloría General de la República informó que, una vez aprobada la iniciativa de APP, los auditores estarán facultados para acompañar y verificar las contrataciones de bienes, servicios y ejecución de obras públicas de manera eficiente y con transparencia.

Asimismo, se podrá iniciar un seguimiento a las adquisiciones de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, verificar si las empresas proveedoras extranjeras cuentan con las licencias y son fiables, entre otros temas relevantes que enmarcan el rol fiscalizador de las decisiones públicas.

“Además de la prioridad de contar con esta ley, resulta necesario que sea el Congreso de la República quien debata y apruebe prontamente el control concurrente a todo tipo de contratos o proyectos de inversión, y no solo a esta emergencia sanitaria”, señaló Shack.