Corredor minero necesita institucionalidad permanente, por Jaime de Althaus

Había más de 500 personas en el estadio de Chalhuahuacho ayer para la reunión de escucha y diálogo con el primer ministro Salvador del Solar. Eran comuneros de Chalhuahuacho y alrededor de 40 comunidades. Pese a todo, salió bien. Fue preparada diligentemente, con una agenda bien definida y un guion claro en el que se precisaba quiénes iban a hablar, en qué orden y cuánto tiempo cada uno. No hubo desorden. Hablaron cerca de 30 presidentes de comunidades y otras autoridades. Por Fuerabamba, sin embargo, hablaron su presidente Rojas y su vicepresidente Vargas, el joven radical de 25 años que insistía en lo imposible: liberar a los hermanos Chávez.

Del Solar estuvo bien, sencillo, llevando empatía y sensatez a la vez y sin caer en grandes ofrecimientos. Se desprende de lo escuchado que habrá una nueva reunión el martes con ministros para abordar el primero de ocho temas. Y luego otras reuniones. Podríamos decir que el conflicto inmediato ha sido resuelto.

Pero el problema es que si no se instala una institucionalidad permanente y proactiva en el corredor minero, los esfuerzos voluntaristas de Del Solar y los ministros se marchitarán pronto y el proceso volverá a fracasar. Cuántas veces han ido ministros, se han comprometido y al final nada. El propio presidente Vizcarra, entonces ministro de Transportes, ofreció un plan cuyo avance ahora se reclama. Del Solar le ha encargado a la ministra del Midis coordinar a los demás ministros en la atención de los compromisos, pero ella tiene otras cosas que hacer. Puede funcionar por un tiempo, pero luego, pasada la emergencia, la concentración se diluirá… hasta la siguiente crisis.

Lo que se necesita es una suerte de vice primer ministro permanente en el corredor minero que articule al Estado –a los sectores y los gobiernos subnacionales– en la ejecución de un plan de desarrollo y pueda anticipar cualquier conflicto. La primera de esas agencias regionales de desarrollo que va a crear este año la PCM en cuatro regiones –¡ninguna minera!– debería relocalizarse en Apurímac. Y la segunda en el Cusco. Ahora mismo, sin demora. No es posible que las zonas mineras, que son a la vez las más importantes para el desarrollo del país y al mismo tiempo las más pobres, estén al garete del Estado.

El Estado tiene que llevar un plan de desarrollo. En ese sentido, el ofrecimiento del primer ministro de modificar el canon para que llegue a las comunidades puede haber ganado algunos aplausos, pero el problema del canon es precisamente que es ejecutado por alcaldes distritales que tienen tan poca capacidad de ejecución como mucha de corrupción. El canon y las regalías deberían ser invertidos por una entidad ejecutora en la que participen alcaldes y comunidades.

Es más: habría que colocar los 2.800 millones del plan de Vizcarra y un adelanto del canon futuro (financiado en el exterior con bonos y fondos de inversión institucionales) en un superfideicomiso, con representantes de los comuneros, empresa y Estado en el directorio, que ejecute un plan de desarrollo integral que incluya los proyectos de las comunidades y los pueblos. Solo así la mina será motor de desarrollo local y regional.