(Foto: Corte IDH)
(Foto: Corte IDH)
Redacción EC

Lima

La Corte Interamericana de Derechos Humanos () escuchó esta mañana, tanto al Estado peruano, como a los abogados de las víctimas del , en una audiencia para evaluar un pedido de medidas provisionales frente a la eventual destitución de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Congreso de la República. 

Durante la sesión, los agentes del Estado peruano solicitaron a la Corte IDH que desestime la denuncia interpuesta por los integrantes del TC al considerar que el Caso El Frontón no tiene que ver con la sanción propuesta en la acusación constitucional y que, en el peor de los casos, se destituiría solo a uno de los magistrados.

“El objeto del caso [el Frontón] que tiene que ver con la sanción de los hechos con la acusación constitucional solo está exigiendo la destitución de uno de los magistrados del TC. Sin embargo, este procedimiento se encuentra en trámite y no puede haber un pronunciamiento al respecto”, señaló Helmut Olivera, representante del Estado peruano.

“En el peor de los escenarios, solo se podría sustituir a uno de los magistrados del TC y no a cuatro”, enfatizó.

Por su parte, , abogado representante de las víctimas, sostuvo que la decisión del TC se dio en coherencia con lo señalado por la Corte IDH sobre el Caso El Frontón y aseveró sentirse sorprendido de que el Estado señale que no es muy grave la acusación, porque solo se destituiría a un magistrado.

“Consideramos que la decisión que toma la actual composición del Tribunal Constitucional de hacer una subsanación en un dictamen es coherente con la sentencia de esta Corte sobre el Caso El Frontón […] Me sorprende escuchar que el Estado diga que no es muy grave porque solo se va a destituir a un magistrado del Tribunal Constitucional”, expresó.

“El hecho de que se haya acusado a los cuatro, eso fue variado, y eso permitió que se establezcan sanciones arbitrarias. ¿Por qué solo se destituye al señor Espinoza y no a los demás si se les acusa de lo mismo? […] El objetivo de la medida es cesar un proceso legislativo que puede cesar a un juez por su opinión como juez”, añadió Rivera.

Al finalizar la audiencia, el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, declaró que el tribunal internacional que preside evaluará lo presentado por las partes en el presente periodo de sesiones y tomará una decisión al respecto.

—El caso—
Once altos oficiales marinos en situación de retiro presentaron la acusación constitucional contra los magistrados del TC ante el Congreso. Este inició el proceso en noviembre de año pasado. 

Los denunciantes consideran que los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinoza y Marianella Ledesma habrían violado el precepto constitucional de la "inmutabilidad de la cosa juzgada" al haber emitido una resolución en la que dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013, en la que se decía que los hechos ocurridos durante el debelamiento de un motín en el penal de El Frontón, en 1986, no consituyen delitos de lesa humanidad.

Los miembros del TC que están próximos a ser sometidos a lo que determine la subcomisión del Congreso acudieron a la CIDH en octubre pasado para denunciar que existe una amenaza a la independencia de sus funciones por parte del Parlamento.

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