Daniel Urresti sobre muertes en manifestaciones: Lo que queremos es que los culpables vayan presos

El vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, dijo esperar que “por primera vez en la historia” se señale responsabilidad política en la investigación que realiza la fiscalía por las dos muertes durante las manifestaciones registradas tras la vacancia contra Martín Vizcarra y la toma de mando en el cargo de Manuel Merino.

“Aquí, por primera vez en la historia, espero que no solamente se considere culpables a los que estuvieron en la calle por órdenes de alguien, sino que también se considere dentro de esta culpabilidad a aquellos políticos que fueron responsables”, afirmó a la prensa.

En ese sentido, resaltó que las comisiones investigadoras que puedan instalarse en el Congreso de la República responden por responsabilidades políticas y lo que se busca es que “los culpables vayan presos”.

“Aquí, en el Congreso, estoy seguro que se pueden crear comisiones investigadoras, pero eso es política, lo que nosotros queremos es que los culpables vayan presos”, señaló Urresti.

Asimismo, precisó que el proceso debe incluir al expresidente Manuel Merino; al exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz y al extitular del Interior Gastón Rodríguez; así como a la cadena de mando policial.

“Está el expresidente, al premier, el ministro del Interior, a los comandantes generales, a los generales que estuvieron a cargo de operativos. Eso es lo que tienen que hacer, esa es la cadena hasta abajo, y determinar en dos campos, uno en el político que lo hace el Congreso, pero eso no los lleva a la cárcel, y otro en el Ministerio Público que sí lo lleva a la cárcel”, manifestó.

El último miércoles, El Comercio informó que la Fiscalía de la Nación declaró compleja la investigación seguida contra el expresidente de transición y actual congresista Manuel Merino, el ex primer ministro Ántero Flores-Araóz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por la muerte de Jordan Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, así como las lesiones graves producidas a los manifestantes de las marchas registradas desde el 9 de noviembre. Se dispuso que las pesquisas se realicen en un plazo de ocho meses.

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