Manuel Merino de Lama, quien gobernó el Perú brevemente en el 2020, fue salvado nuevamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ante una denuncia constitucional por la muerte de dos jóvenes en las protestas contra su mandato en noviembre del 2020.
Manuel Merino de Lama, quien gobernó el Perú brevemente en el 2020, fue salvado nuevamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ante una denuncia constitucional por la muerte de dos jóvenes en las protestas contra su mandato en noviembre del 2020. / El Comercio
René Zubieta Pacco

El adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, lamentó que la haya ratificado el archivo del de la que planteó la Fiscalía de la Nación contra el expresidente y dos de sus exministros por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre del 2020 en Lima.

En diálogo con El Comercio, Castillo indicó que esta institución reitera su rechazo a la decisión del Congreso, pues “frustra la posibilidad de hacer una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad de los hechos acontecidos en noviembre del 2020″.

“La idea era se permita que se investigue ampliamente en el ámbito del Ministerio Público y el Poder Judicial todos niveles de responsabilidad involucrados en los hechos. Lastimosamente, eso no va a poder ocurrir con esta decisión”, expresó.

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Ante lo ocurrido, comentó que la Defensoría del Pueblo está coordinando una reunión con los familiares de los jóvenes fallecidos y sus abogados a fin de determinar acciones a seguir y buscar que no subsista la impunidad. Días atrás, la entidad había adelantado que evaluaba tras el archivo de la denuncia.

Una alternativa, explicó, es que los familiares presenten una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Es un procedimiento que puede tomar un tiempo, pero existe jurisprudencia consolidada en la corte y la comisión sobre el tema. Teniendo un informe sobre los hechos, probablemente puedan dispensar un trámite célere para investigar y pronunciarse sobre esta situación”, manifestó.

La otra opción, dijo, recurrir al propio Poder Judicial peruano, pero advirtió reparos. “Vemos que eso tiene sus tiempos. Aquí ya se habría configurado el supuesto en que se agotó la vía interna y quedaría abrir paso en la vía internacional […] El Poder Legislativo nunca ha acatado una orden judicial, demás está recurrir a la vía judicial interna”, acotó.

La decisión

Bastaron solo cinco minutos para que la subcomisión aborde la medida que termina por proteger a Manuel Merino, el ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez.

La mañana de este lunes, la titular de la subcomisión, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) sometió a votación el pedido de reconsideración planteado por el legislador Edgard Reymundo (Cambio Democrático) a la votación del 17 de junio en la que se desestimó inicialmente la denuncia.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, se requerían al menos nueve votos para que la reconsideración proceda. Sin embargo, hubo solo seis votos a favor: Waldemar Cerrón, Paul Gutiérrez y María Taipe (Perú Libre); Jorge Flores (Acción Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Edgard Reymundo (Cambio Democrático).

En contra se pronunciaron Rosío Torres y María Acuña (Alianza para el Progreso), Martha Moyano y Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Cavero (Avanza País) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) votaron en contra.

De los 16 miembros titulares de la subcomisión, hubo 12 presentes. Los legisladores José Jerí (Somos Perú) y Alfredo Pariona (Perú Libre) no participaron por estar con licencia. En tanto, no participaron Wilson Soto (Acción Popular) ni Ernesto Bustamante (Fuerza Popular).

En declaraciones a la prensa, Cavero, quien sustentó el informe que planteó el archivo del caso contra Manuel Merino, aseveró que la decisión no impide investigar los hechos, pues hay policías y manifestantes incluidos en las pesquisas de la fiscalía.

“Mi mayor solidaridad, yo estoy con la familia de Inti y Bryan. Y justamente porque no quiero que se encuentren chivos expiatorios, sino se busque realmente quiénes asesinaron a Inti y a Bryan, y porque creo que la tarea del Ministerio Público es encontrar a quienes les dispararon, es que yo he tomado la decisión que he tomado. Mi mayor solidaridad con ellos”, expresó.

Para reforzar su posición, sostuvo que el asunto “se ha politizado”, mientras él abordó el tema “de manera objetiva”.

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