Defensoría: presidente de la República debe alejar de su entorno a investigados y condenados por corrupción

La Defensoría del Pueblo emitió este martes un pronunciamiento en el que enfatiza que el presidente electo Pedro Castillo tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos relacionados a este flagelo.

“Consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, sentencia..

“Para la Defensoría del Pueblo, la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”, enfatiza.

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Si bien en el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo no se le menciona, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, partido con el que postuló Pedro Castillo, el 5 de agosto del 2019, fue sentenciado e inahbilitado por corrupción, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en el caso de la obra denominada “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya”.

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Incluso, el domingo la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó que Vladimir Cerrón intentó retirar más de S/1,2 millones. El exgobernador de Junín fue al banco luego de conocerse el pedido de la procuraduría para que lo incluyan en el Caso Los Dinámicos del Centro, pero el dinero había sido congelado por las autoridades.

A través de una nota de prensa, la Defensoría del Pueblo felicitó a Castillo Terrones por la proclamación presidencial de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y resaltó el rol que cumplen las autoridades y funcionarios del Estado en la lucha contra la corrupción.

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La Defensoría indicó que la “cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción, resulta especialmente peligrosa”, ya que pone en riesgo la “objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.

Además, resaltó que el artículo 110° de la Constitución Política señala que el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación, por lo que le corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción, que genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, tal como lo ha expresado la Contraloría General de la República.

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“El costo de este flagelo no es solo económico, sino también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país”, detalló.

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En esa línea refirió que la “corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas y, con mayor intensidad, en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

Como se recuerda, el exgobernador de Junín y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública por tener una sentencia por corrupción en el 2019.

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