(Foto: El Comercio)
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El Congreso de la República, escenario cotidiano de fricciones y discrepancias, dio ayer un nuevo paso en la acusación planteada contra el fiscal de la Nación, Pabl, al definir que sea investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante un plazo de 15 días.

No obstante, llamó poderosamente la atención que los 13 votos que definieron el tiempo que se extenderán las indagaciones hayan provenido de miembros de un solo grupo parlamentario: Fuerza Popular.

Los otros seis votos en contra y dos abstenciones erigidos ayer en la Comisión Permanente fueron la expresión de las otras tiendas políticas, las mismas que, en diferente tono e intensidad, han señalado sus dudas sobre el proceso contra Sánchez en el marco de las pesquisas que realiza su institución por el Caso Odebrecht.

Pese a la arremetida, , lideresa de Fuerza Popular, no ha logrado sortear los cuestionamientos en su contra. Esto porque, en simultáneo a la acusación planteada contra el fiscal de la Nación por el portavoz de su bancada, Daniel Salaverry, el Ministerio Público investiga los cocteles organizados por la agrupación naranja en la campaña electoral del 2016.

A ello se le debe añadir que la fiscalía decidió el pasado 3 de noviembre reabrir una investigación por presunto lavado de activos contra el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, proceso donde también ha sido incluida la ex candidata presidencial. ¿Cuánto afecta a la imagen de Keiko Fujimori la denuncia contra Pablo Sánchez en el contexto actual?

El analista político Pedro Tenorio señala que, a causa de la inexistencia de bases sólidas para fundamentar las acusaciones contra Sánchez, la imagen de la lideresa de Fuerza Popular sí podría verse mellada.

“El fiscal de la Nación no está siendo objetado por instituciones sino por un partido político que está siendo investigado por el Ministerio Público. Todo esto trae como consecuencia que se vean estas acciones como una represalia, una sensación que el fujimorismo no ha logrado revertir”, indica a El Comercio.

Para Tenorio, si a la confrontación con Pablo Sánchez se le agrega los constantes roces con el Ejecutivo y el enfrentamiento contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional, “se refuerza la premisa de que hay un cargamontón contra los sectores críticos a Keiko Fujimori”.

“Cuando criticas a quien te investiga, o a quien investiga a alguien que ha sido importante en el partido, como lo fue el ex congresista Joaquín Ramírez, y coinciden varias situaciones de este corte, se le da mayor peso a una consideración de vendetta antes que a la de un espíritu crítico”, sostiene.

Para el analista político Eduardo Dargent, pese a que la denuncia constitucional respaldada por el fujimorismo es sujeto de cuestionamientos, Keiko Fujimori podría no verse afectada por las indagaciones motivadas por su agrupación.

“Si no se hace nada distinto en el campo político no le va a costar tanto. Seguirá con más de 40% de aprobación, preparándose para el 2021. Creo que el Ejecutivo tendría que tener voceros políticos con capacidad de explicar por qué esto podría ser grave. Una cosa es confrontar políticamente y otra hacer una guerra innecesaria. En este caso se está pasando un límite”, considera.

-Trasfondos más allá de la popularidad-
Para Dargent, el principal motivo por el cual la acusación fujimorista no tendría mayores impactos en la imagen de Keiko Fujimori es la escasa participación de otros líderes políticos en contextos como el actual, aún a varios años de los próximos comicios presidenciales.

Ante esto, estima que el propósito de la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez es dar un mensaje que responde a determinados intereses, “y eso está más allá de que se apruebe o no” la destitución e inhabilitación del fiscal de la Nación.

“En cualquier otro país con ex candidatos presidenciales haciendo política en tiempo no electoral esto debería costarle caro a Keiko Fujimori y a su partido. Uno ve que hasta ahora Alfredo Barnechea no dice nada. Julio Guzmán y Verónika Mendoza han dicho poco. Esta es una ciudadanía despolitizada, difícilmente se va a activar sola. Necesitas líderes políticos que activen corrientes de opinión”, dice el también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Asimismo, Pedro Tenorio manifiesta que a Fuerza Popular le ha importado poco que quien dé la cara por esta denuncia constitucional contra Pablo Sánchez sea Daniel Salaverry, “un personaje que se ha caracterizado estos meses por insistir en una posición beligerante”.

“Como vocero de temas políticos es efectivo, pero en un asunto que ya entra en un terreno legal, de elementos que se tienen que fundamentar, me parece que es un propósito que le queda grande”, dice.

Según acota, este no es un tema donde el fujimorismo vaya a obtener réditos de popularidad, pues la verdadera finalidad sería “ganar una ventaja dentro del debate político, demostrando que pueden llamar al orden a Pablo Sánchez”.

“Esto no le va a dar aplausos a Keiko Fujimori, pero le puede dar cierta tranquilidad, un respiro en el espectro de las respuestas que deberá seguir dando ante las investigaciones del Ministerio Público”, menciona.

Sin embargo, el analista político señala que el principal problema que podría enfrentar la lideresa de Fuerza Popular se halla a largo plazo, más precisamente en las elecciones presidenciales del 2021.

La denuncia contra el titular del Ministerio Público podría despertar críticas sobre la institucionalidad que, curiosamente, ya se le han formulado antes por lo visto durante la gestión presidencial de su padre, Alberto Fujimori.

“Cuando Alejandro Toledo fue oposición de Fujimori se hizo presidente. Alan García se opuso a Toledo y logró volver a Palacio. Ollanta Humala fue oposición del aprista y ganó las elecciones. Keiko se opuso a Humala pero la venció PPK. He ahí varios elementos en juego que ella no ha sido capaz de identificar y aceptar hasta ahora”, finaliza.

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