Después de la confianza, la columna de Martín Tanaka

El miércoles, el país se salvó de enfrentar un escenario político de consecuencias imprevisibles. Primó una elemental sensatez y el presidente del Consejo de Ministros obtuvo la confianza del Congreso para la aprobación de los seis proyectos que conforman lo que aquel considera los elementos centrales de su propuesta de reforma política.

Ahora, como ha sido advertido por muchos, la incertidumbre está muy lejos de haberse disipado, porque ahora viene la controversia sobre los alcances de la “esencia mínima irrenunciable” de los proyectos aprobados. Por todo ello sigue siendo urgente y necesaria la gestación de un gran acuerdo político a favor de la reforma. Ante el límite de las normas y de los procedimientos, debe ser la responsabilidad y el sentido de Estado de las élites las que marquen el rumbo de salida.

Esto implica, de un lado, consecuencia por parte del Congreso con la aprobación de la confianza y la esencia de los proyectos; y de parte del Ejecutivo, cierta apertura para encontrar consensos que hagan viable la reforma. Al final, lo ideal sería que no caiga el Consejo de Ministros, que no se llegue al salto al vacío que implicaría la disolución del Congreso y nuevas elecciones, y que la reforma salga adelante, dentro de los cauces de su “esencia mínima”. Como hemos dicho muchas veces antes, difícil, no imposible.

Este viernes que escribo esto se dio un avance en la discusión sobre la reforma constitucional que evitaría que sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, puedan ser candidatos a cargos de elección popular.

Respecto al proyecto de ley sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, no se han oído hasta el momento objeciones de fondo (otro día comentamos sobre la inmunidad parlamentaria). El proyecto sobre inscripción y cancelación de organizaciones políticas podría avanzar: eliminar el requisito de presentación de firmas de adherentes y sustituirlo por la presentación de un padrón público de afiliados.

Esto va amarrado con el proyecto de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que establece una barrera del 1,5% de los votos para mantener el registro. Estas elecciones tendrían carácter vinculante, lo que permitiría eliminar el voto preferencial, por lo que hace necesario también establecer el criterio de paridad y alternancia de género, para lo cual también debe aprobarse el proyecto que modifica el sistema electoral.

Este es, pues, un conjunto de medidas que deben pensarse de manera integral. Buena parte de las objeciones que he escuchado sobre estos asuntos responden, me parece, a que no se ha entendido bien todavía el sentido de la propuesta; confío por ello en que pueden ser subsanadas.

La objeción que me parece válida es la que llama la atención sobre lo difícil que le resultará a partidos muy débiles cumplir con las exigencias establecidas; acá podría pensarse creativamente en fórmulas flexibles que no desnaturalicen las propuestas. Podría pensarse, por ejemplo, en mecanismos que combinen el resultado de la elección abierta con cupos para candidatos elegidos entre militantes, siempre y cuando hayan sido elegidos de manera democrática; y como concesión transitoria solo para la elección del 2021.

Respecto al tema de género, la alternancia es imprescindible con la desaparición del voto preferencial, pero podría pensarse en mecanismos flexibles transitorios, atendiendo al tamaño de las circunscripciones electorales, que es otro tema que amerita consideración, y al tipo de elección (congresal, regional, municipal).