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Ejecutivo y Congreso no implementan medidas contra la corrupción

De las 100 recomendaciones que hizo Comisión Presidencial de Integridad que creó Kuczynski, 70 están pendiente de implementación

Pedro Pablo Kuczynski

Solo 13 recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad las que han sido implementadas plenamente por el Ejecutivo y el Congreso. En la imagen el presidente del Congreso Luis Galarreta y el presidente Kuczynski, que compartieron el estrado el Día del Combate de Angamos. [Foto Hugo Pérez]

Solo 13 recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad han sido implementadas plenamente. Y por lo  menos 15 en materia electoral están pendiente de aprobación en el Congreso. (Foto: Hugo Pérez]

Hugo Pérez

El balance no es alentador. De las 100 recomendaciones que la  Comisión Presidencial de Integridad entregó en diciembre de 2016 al Gobierno, 70 no se han implementado aún, ya sea por el Ejecutivo, el Congreso o el sector empresarial. En tanto, 30 sí fueron consideradas por los decretos legislativos que emitió el Ejecutivo, 17 de ellas de manera parcial y solo 13 completamente.

Esto según el primer informe del denominado Observatorio de Integridad, que se formó precisamente para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la comisión que en su momento dirigió el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega. Ese grupo lo creó el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras el escándalo del caso de su asesor Carlos Moreno.

Dicho observatorio, integrado por Transparencia Internacional, Proética, la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentará estos resultados hoy en una conferencia de prensa.

De estas recomendaciones, por lo menos 16 son de materia electoral y están en la cancha del Congreso de la República, que solo ha cumplido con aprobar la inclusión del financiamiento público directo a las organizaciones políticas en la Ley de Presupuesto General de la República.

Entre las recomendaciones adoptadas plenamente figuran el impedimento a sancionados por corrupción para trabajar en el Estado, las medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción, la publicación de sentencias y la supervisión de las cooperativas de ahorro por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Asimismo, la implementación de programas de recompensa, que las personas condenadas por corrupción no puedan contratar con el Estado, que los contratos de las grandes obras incluyan cláusulas
anticorrupción, el respaldo a la creación de la Procuraduría General del Estado y que la Ley de Presupuesto General de la República incluya financiamiento público a los partidos.

Entre aquellas que se adoptaron parcialmente figuran la publicación de la declaración de intereses por parte de altos funcionarios públicos (aún está pendiente una ley de obligatorio cumplimiento), la creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia, la transparencia en el sector Defensa, los impedimentos para ingresar a la función pública, la destitución de condenados por corrupción, la modernización de la web del Seace, un Registro Nacional de Proveedores y el establecimiento de canales para denunciar la corrupción.

Entre las 70 recomendaciones pendientes de implementación están las leyes de rendición de cuentas, la implementación de la Ley de Servicio Civil, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bancarización de transacciones mayores de 10 UIT, facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda enviar información de inteligencia a la ONPE, la creación de una Procuraduría contra el Crimen Organizado, la prohibición de postular de candidatos condenados por delitos graves, sanciones políticas para candidatos y partidos en casos graves, el levantamiento automático de la inmunidad parlamentaria y el fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, entre otros.

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