Ejecutivo presentó al TC su respuesta por demanda competencial sobre disolución del Congreso

El Gobierno presentó formalmente este viernes su respuesta ante la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, sobre la disolución del Parlamento ante el Tribunal Constitucional (TC).

El documento fue entregado por el procurador público Luis Alberto Huerta Guerrero, quien se presentó en la sede del TC ubicada en el Cercado de Lima. El funcionario explicó que el accionar del Ejecutivo fue constitucional porque el pleno del Congreso rechazó la confianza solicitada por el entonces primer ministro Salvador del Solar.

“Se han planteado cuestiones de confianza con relación a este tema, se han planteado cuestiones de confianza que tienen que ver con la situación del magistrado del Tribunal Constitucional, se ha interpretado la Constitución sobre el tema de la negación de confianza y son hechos que antes no habían ocurrido y que por primera vez han pasado”, sostuvo en diálogo con la prensa a su salida de la referida entidad.

El procurador lamentó que la Comisión Permamente plantee que el jefe del Estado “no puede hacer uso de sus facultades de disolver el Congreso, y por lo tanto busca evitar que la ciudadanía se pronuncie sobre la crisis política”.

Cuestionó, en ese sentido, que en la demanda competencial no haya realizado un análisis del artículo 134° de la Constitución que faculta al presidente de la República a disolver el Congreso tras dos negaciones de confianza al Consejo de Ministros.

“La parte demandante ni menciona ese artículo [...] que no puede interpretarse de forma literal señalando que el Congreso solo niega la confianza cuando vota en negativo. Lo que plantea el Ejecutivo es que la negación de confianza también se puede plantear a través de la conducta del Congreso de comportarse en contra de lo que se le ha solicitado”, señaló.

“La esencia de la respuesta es: hay una derecho en la Constitución de la población a decidir sobre los asuntos públicos, hay una facultad del presidente, con relación al Congreso de la República para poder disolverlo en caso se haya negado la confianza a dos Consejos de Ministro”, remarcó.