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Es probable que el de hoy sea el último mensaje de 28 de julio que Martín Vizcarra pronuncie durante su mandato. Tiene sentido que el 2021, tal y como hicieron por ejemplo los expresidentes Ollanta Humala y Alan García, el jefe del Estado ceda el protagonismo al presidente entrante al producirse la transferencia de mando.
En las dos citas previas, Vizcarra reservó anuncios de alto contenido político relacionados con su batalla frente al Congreso disuelto: el referéndum para la reforma del sistema de justicia (un empaque para plantear la prohibición de la reelección parlamentaria) y la propuesta de recorte del mandato presidencial y congresal mediante el frustrado adelanto de elecciones. Golpes de efecto de esa envergadura –si bien nunca pueden descartarse– lucen en esta ocasión improbables considerando el crítico contexto y la imposibilidad del Poder Ejecutivo para seguir usando la figura de las cuestiones de confianza como mecanismo de presión sobre el Parlamento. La recomposición del Gabinete Ministerial a principios de este mes, en ese sentido, parece haber ocupado el espacio para el cambio de narrativa política que buscaba propiciar el presidente cada 28 de julio.
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Las actuales circunstancias determinan ineludiblemente el foco de atención del mensaje presidencial: alrededor de la emergencia sanitaria, sin lugar a dudas, se construirá el discurso de Vizcarra. Que el eje del mensaje sea predecible no significa, sin embargo, que sus acentos, silencios o tonalidades dejen de ser herramientas útiles para intentar vislumbrar cuál será el derrotero del último año de la gestión de Vizcarra y, en especial, de qué manera encarará su relación con su flamante primer ministro y el Congreso de la República.
Si Vizcarra pone el énfasis en defender las medidas adoptadas por el Gobierno al inicio de la pandemia, justificando a rajatabla sus pasos previos, prescindiendo de rectificaciones o lineamientos sobre qué se va a hacer distinto de aquí en adelante en cuanto a la estrategia sanitaria, o soslayando la importancia de la iniciativa privada para reactivar la economía, quedará la sensación de que para el presidente el cambio de Gabinete tiene más de gesto político que de propósito de enmienda. El nivel de respaldo que muestre el presidente a las prioridades señaladas por el primer ministro Cateriano en las últimas semanas, en la misma línea, servirá como indicador para anticipar si el nombramiento de este último tiene realmente como finalidad compartir el poder político y la gestión gubernamental o si el mandatario tratará de seguir concentrando en Palacio las decisiones de gobierno.
El tono que imprima el presidente al tratar aspectos vinculados con lucha anticorrupción y la reforma política que están en manos del Congreso (inmunidad e impedimentos para que los condenados por delitos dolosos puedan postular a cargos públicos, por ejemplo) dirá también mucho sobre las intenciones del Ejecutivo para restablecer relaciones con este poder del Estado. Veremos si, más allá de rondas de diálogos protocolares, hay una estrategia para reconducir esta compleja dinámica.
El último mensaje por Fiestas Patrias de Martín Vizcarra, en las actuales y graves circunstancias, será quizá el más importante de todos.
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