Este domingo 4 de diciembre se define a los próximos gobernadores regionales de nueve circunscripciones del país. Se trata de Lima Provincias, Callao, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Piura, donde en primera vuelta ningún competidor había alcanzado el mínimo del 30% de votos.
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De los nueve pares de candidatos de este balotaje, once ya tienen trayectoria en puestos de elección popular, por lo que se disputan su retorno al poder político. A la vez, 12 de los aspirantes se presentan con movimientos políticos, organizaciones que suelen opacar a los partidos nacionales en las regiones.
Además, del total de competidores, once han estado afiliados a otras organizaciones políticas y cambiaron de camiseta para este nuevo proceso. Solo siete no han militado ni estado inscritos en ningún partido o movimiento.
En un informe anterior, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio ya advertía que, en todo el país, solo dos aspirantes mujeres tienen chance de convertirse en gobernadoras. Es el caso de Rosa Vásquez (Unidad Cívica Lima), que compite en la segunda vuelta en Lima Provincias, y de Gilia Gutiérrez (Somos Perú), que postula en Moquegua.
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Más movimientos que partidos y el caso Somos Perú
A inicios de octubre, los resultado de los comicios regionales y municipales marcaban una ya tradicional ventaja electoral entre los movimientos regionales y locales. A nivel de gobernaciones, fueron diez los movimientos que ganaron entre las 25 regiones del país, mientras que solo seis fueron partidos políticos de alcance nacional.
Para la segunda vuelta, en cuatro regiones compiten solo movimientos (Amazonas, Callao, Lima Provincias y Piura), mientras que en otras tres compiten un movimiento contra un partido (Cajamarca, Cusco, Moquegua y Pasco). Lambayeque es el único caso en donde dos partidos se disputarán el gobierno regional.
Cabe también señalar que son solo cuatro los partidos políticos que han logrado gobiernos regionales en estos comicios. Frente de la Esperanza ganó en Apurímac, mientras que Avanza País hizo lo propio en Madre de Dios. Alianza para el Progreso consiguió la gobernación de La Libertad y de Tumbes, en tanto que Somos Perú alcanzó el puesto en Loreto y San Martín. Para el balotaje, los únicos partidos representados son, nuevamente, Alianza para el Progreso y Somos Perú.
Paulo Vilca, director del Observatorio Regional de 50+1, explica que todo el país “termina votando por individuos” y que los candidatos de movimientos posicionan su personalismo de manera más efectiva que los de los partidos de alcance nacional. En ese sentido, advierte que APP y Somos Perú pueden estar manejando una racha importante, pero eso no implica que continúen escalando o sosteniendo la preferencia electoral por sobre otras organizaciones para los siguientes procesos.
“Recordemos que, hace unos años, Acción Popular dominaba la escena y consiguió una presencia también en los gobiernos regionales; sin embargo, en esta última elección no ha conseguido ninguna. El caso de Somos Perú sí podría describirse como más particular porque no es estricto con sus candidatos a nivel programático. En este partido vamos a encontrar a candidatos de centro, de centro-derecha, pero también candidatos de centro-izquierda o inclusive algunos de izquierda más radical. Es una organización pragmática que, en cada proceso, se concentra en la captación de políticos y ofertas electorales atractivas, sin exigencias de color ideológico”, indicó.
Para el analista Rober Villalba, pese a las victorias por sobre los partidos, los movimientos regionales también padecen de precariedad institucional. Dijo que ello explicaría los constantes cambios de camiseta o afiliación entre sus candidatos.
“El actual contexto de hiper-personalización de la política, donde más interesa para los electores el producto o el personaje que la marca partidaria, es transversal en todos los tipos de organización. Hay una precariedad institucional que pasa por partidos y movimientos políticos y que socava, de manera progresiva, a la política en sí. Ya las organizaciones políticas que compiten en cualquier proceso se vuelven solo etiquetados desechables de un producto”, comentó.
Sentenciados o investigados
De los 18 candidatos, cinco han transparentado en sus declaraciones juradas haber tenido sentencia judicial o algún proceso por imputaciones penales. Este es el caso de Rosa Vásquez, candidata a Lima Provincias por el movimiento Unidad Cívica Lima y tres veces alcaldesa provincial de Huarochirí entre el 2003 y el 2014. De acuerdo con lo declarado en su hoja de vida, Vásquez Cuadrado cumplió pena suspendida por un año tras una condena en el 2009 por libramiento indebido o giro de cheque sin fondos.
Para la región Cusco, postulan Werner Salcedo, candidato de Somos Perú, y Edy Cuéllar, del movimiento Inma Pachakuteq. Salcedo declaró una sentencia actualmente en ejecución por incumplimiento de pensión por alimentos. En paralelo, también está sujeto a investigación fiscal por presuntos delitos de corrupción. Cuéllar, su oponente, registra en tanto una reciente denuncia por supuesta colusión en un proceso de contratación con el gobierno regional al que hoy postula.
Otra región con dos candidatos investigados es Amazonas. Gilmer Horna, quien fue gobernador de esa circunscripción entre el 2015 y el 2018, acumuló indagaciones en su contra por varios presuntos delitos de corrupción, además de un cargo por supuesta contaminación ambiental. Su contendor Grimaldo Vásquez Tan, excongresista del período complementario 2020-2021, también es investigado por corrupción.
En Cajamarca, el candidato del movimiento Frente Regional, Víctor Andrés Villar, mientras que en Lambayeque se presenta Alexander Rodríguez, del partido Alianza para el Progreso. Mientras que Villar estaría imputado por supuesto peculado, a Rodríguez se lo denunció por presunta responsabilidad en obras irregulares. Ambos ya han ocupado cargo público como alcaldes provinciales dentro de sus regiones.
En Moquegua, el candidato Jaime Rodríguez, del movimiento Kausachun, declaró en su hoja de vida haber cumplido una sentencia de inhabilitación del 2018 por el delito de nombramiento indebido de cargo público. Rodríguez ya ha sido gobernador de Moquegua, reelegido en el rango del 2007 al 2018. En Pasco, el candidato Zumel Trujillo también consignó una resolución judicial en su contra, pero por incumplimiento de obligación familiar por concepto de alimentos. El oponente de Trujillo es Juan Luis Chombo, quien no tiene sentencias, pero es investigado por múltiples ilícitos de corrupción. Tanto Trujillo como Chombo han ocupado alcaldías en sus circunscripciones.
En la región Piura, se presentan como candidatos el exgobernador Reynaldo Hilbck y el exregidor provincial Luis Neyra. Hilbck es actualmente investigado por presuntas vinculaciones con el caso Lava Jato. Según la tesis de la fiscalía, la empresa brasileña Camargo Correa habría sido beneficiada irregularmente con ampliaciones de plazo para ejecutar el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap). Por este caso, Hilbck es denunciado por los delitos de colusión y negociación incompatible, supuestamente cometidos cuando era presidente del Consejo Directivo del Peihap.
Para el director del Observatorio Regional de 50+1, Paulo Vilca, si en la primera vuelta se posicionó electoralmente, en mayor medida, el candidato con la mejor capacidad de despliegue y de recursos de campaña, las segundas vueltas cierran el plano a un mayor análisis sobre los cuestionamientos y la ética en los perfiles.
“A diferencia de lo ocurrido en primera vuelta, donde esto no parece haber sido un tema tan relevante y que se difuminó por la amplia cantidad de postulaciones, la segunda vuelta suele ser una oportunidad en la que el tema de los cuestionamientos adquiere un peso importante”, indicó.
Para el analista político Rober Villalba, el hecho de que tantos candidatos con antecedentes tengan amplia expectativa de lograr un cargo de elección popular responde a la desconexión del propio electorado. La desafección de la política, estima Villalba, permite que personas poco idóneas o anteriormente implicadas en conductas ilícitas se renueven en cada proceso electoral.
“Los políticos se aprovechan de esta situación para ir ‘de combi en combi’ o de organización política en organización política, buscando quién los acoge o a quién le falla el filtro ético. La crisis crónica que se ha extendido en la política peruana se refleja también a nivel regional, provincial y distrital”, sostuvo.
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