La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inició esta mañana el debate sobre la denuncia contra el excongresista y actual candidato a la presidencia de la República de Somos Perú, Daniel Salaverry, por haber presentado información falsa en informes de sus semanas de representación en los años 2017 y 2018.
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Esto ocurrió a pesar de que el legislador Guillermo Aliaga, de Somos Perú, pidió que se postergara el debate al asegurar que no se notificó adecuadamente al excongresista. Según manifestó, no se envió la documentación a un domicilio legal adecuado, y la notificación no incluyó un resumen de los hechos que se le imputan, según exige la ley.
“Cuando se vio el caso (Pedro) Chávarry, pese a que había un completo interés por parte de la subcomisión que avance dicho caso, se tuvo que frustrar la primera audiencia por efectos de notificación y no haber adjuntado todos los anexos, causando un posible caso de indefensión”, recordó Aliaga.
Esta cuestión previa fue cuestionada por Martha Chávez (Fuerza Popular) como un intento de dilación a favor del candidato presidencial de Somos Perú. Finalmente, fue rechazada por 13 votos en contra y solo 2 a favor (Guillermo Aliaga de Somos Perú y Jorge Vásquez Becerra de Acción Popular).
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Luego de este hecho, el delegado a cargo del informe que recomienda acusar a Daniel Salaverry, José Luis Ancalle (Frente Amplio), sustentó sus conclusiones a favor de denunciar al excongresista por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, además de infracción contra dos artículos de la Constitución.
Según indicó Ancalle, en los meses de febrero y noviembre del 2017, así como en enero del 2018, los informes de las semanas de representación que presentó Daniel Salaverry a través de su asesor parlamentario Jean Marco Quesada Castro incluyó fotografías correspondientes a otras fechas y que habían sido manipuladas para sustentar actividades que no se llegaron a realizar.
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“La conducta del denunciado se habría configurado al apropiar de caudales públicos en los meses del 2017 y 2018 al pedir entrega de viáticos y otros recursos por comisiones de servicio para actividades que no se concretaron, beneficiando a trabajadores de su despacho congresal”, dijo el congresista a cargo del informe.
También valoró que los 122 medios de pruebas que se incluyeron en las denuncias contra Daniel Salaverry fueron pertinentes para determinar que se cometieron los supuestos delitos.
Luego de la participación de Ancalle, el presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) levantó la sesión para acudir al pleno que había sido programado para este viernes. El debate seguirá el lunes 15 de febrero a las 9 a.m.
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