El suero de la verdad, por Diego Macera

¿Verdad, media verdad o falso? En esta sección analizamos el grado de veracidad de las propuestas y aseveraciones de los candidatos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. Desde programas de electrificación rural hasta medidas para la erradicación de la corrupción policial, las promesas de campaña a veces tienen más de entusiasmo que de factibilidad.

“Las universidades públicas del Perú al servicio de los maestros. Significa que los [...] capacitarán dándoles sus diplomados, sus capacitaciones, sus maestrías y doctorados en forma gratuita”. César Acuña (3/2/16)

FALSO: El plan de gobierno de Alianza para el Progreso (APP) tiene la educación como uno de sus ejes principales. Aparte de la inversión del 6% del PBI en este sector, el partido del señor César Acuña promete otorgar cursos, capacitaciones y grados “en forma gratuita” en las universidades públicas.

Lo cierto es que la educación –como cualquier otro bien o servicio– nunca es gratis: alguien tiene que pagar su costo. En este caso, sería presumiblemente el gobierno –a través de los contribuyentes– el que financiaría la iniciativa.

Según el Ministerio de Educación, en el Perú hay 523 mil docentes. Al mismo tiempo, el costo de las maestrías ofrecidas, por ejemplo, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), asciende aproximadamente a S/10.000 tomando en cuenta el costo de inscripción, los derechos educativos y los materiales necesarios. Si tan solo 15% de los docentes en el Perú tomara el ofrecimiento del señor Acuña, el costo para el gobierno sería de casi S/800 millones, cifra que equivale a 20 veces lo que destinará este año el sector público en investigación aplicada y a todo el presupuesto orientado a educación superior no universitaria del 2016.

“El modelo no ha logrado garantizar la equidad perseguida con el fin de que el crecimiento beneficiara también a todos aquellos que se sienten excluidos”. Keiko Fujimori, plan de gobierno de Fuerza Popular.

MEDIA VERDAD: El plan de gobierno de Fuerza Popular presenta un panorama en el que el sistema económico ha fallado en reducir la desigualdad en el Perú.

Si bien es verdad que la incidencia de la pobreza sigue siendo demasiado alta en el país, no es del todo cierto que el crecimiento no haya beneficiado a los más pobres. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), del 2004 al 2014, el 20% más rico de la población incrementó su gasto real en 16%, en tanto que el 20% más pobre de la población lo hizo en más del 50%. Es decir, las familias con menos recursos se beneficiaron proporcionalmente más que las familias con mayores recursos. A su vez, ello tuvo un impacto en la reducción del índice de Gini –indicador que mide la desigualdad y en el que 0 es perfecta igualdad y 1 perfecta inequidad–. Según el INEI, del 2009 al 2014, dicho índice pasó de 0,39 a 0,35.

El modelo al que hace referencia el plan de Fuerza Popular, entonces, puede no haber garantizado aún la “equidad perseguida”, pero ciertamente va en el camino correcto.

“Establecer el mecanismo de colaboradores eficaces en la acción de control de la administración pública”. Alan García, plan de gobierno de Alianza Popular.

MEDIA VERDAD: Como parte de sus propuestas para la lucha contra la corrupción, Alianza Popular propone extender el sistema de colaboración eficaz a la administración pública. La iniciativa de la alianza liderada por el señor Alan García incluye medidas de protección para el denunciante y la separación inmediata del funcionario corrupto.

No obstante, según el Código Procesal Penal, este mecanismo ya existe. De acuerdo con el código, para que una persona pueda acogerse a esta figura debe abandonar sus actividades delictivas, admitir los hechos que se le imputan y presentarse al fiscal mostrando disposición de proporcionar información eficaz. Este fue el caso, por ejemplo, de Matilde Pinchi Pinchi, quien brindó información útil para los procesos seguidos en contra de Vladimiro Montesinos. El grado de beneficios que recibe el colaborador eficaz depende de la importancia de la información brindada y de su responsabilidad personal en el delito.

La norma incluye, además, la posibilidad de acogerse a la figura en casos como concusión, peculado, corrupción de funcionarios y otros delitos vinculados con corrupción en la administración pública.

“Fiscalización y regulación de las empresas de seguros que brindan servicios de salud por parte de la SBS para evitar la discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad actualmente”. Julio Guzmán, plan de gobierno de Todos por el Perú.

MEDIA VERDAD: Según la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2012, 600 mil personas con discapacidad en el Perú no contaban con ningún tipo de seguro. Eso no implica, sin embargo, que a la fecha las empresas de seguros no estén sujetas a fiscalización de parte de los reguladores para evitar la discriminación de las personas con algún tipo de discapacidad.

De hecho, la SBS, en el Oficio 11612-2012-SBS, de marzo del 2012, aclara que las empresas de seguros “no podrán negar la posibilidad de contratar un seguro a quien, teniendo un régimen jurídico de protección especial [como las personas con discapacidad], cumple con las características exigidas en el producto, como contratante, titular del objeto asegurable, y en suma a quien cumple las condiciones de asegurabilidad; lo contrario implicaría incurrir en un acto de discriminación”.

Por ejemplo, en el caso de la denuncia del señor Miguel Ángel Céliz en contra de una compañía de seguros por negar la suscripción de su hija con síndrome de Down al seguro de asistencia médica, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi declaró fundada la denuncia por discriminación y sancionó a la empresa con una multa de 45 UIT.

“Al 2021, cada distrito de las principales ciudades del país tendrá un mínimo de 5 kilómetros en ciclovías para su utilización segura y funcional entre diferentes puntos distritales”. Pedro Pablo Kuczynski, plan de gobierno.

MEDIA VERDAD: Como parte del objetivo de “promoción y desarrollo integral del deporte recreativo y de alta competencia”, el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) señala como una de sus tres metas de mediano plazo la implementación de ciclovías en distritos de las principales ciudades.

No queda del todo claro, sin embargo, la pertinencia de la medida. Por un lado, cinco kilómetros por distrito puede ser demasiado si no hay un análisis de demanda que sustente su necesidad, máxime cuando en ciertas zonas del país la geografía no favorece el uso de bicicletas y solo el 5% de limeños usa bicicletas como medio de transporte habitual.

Además, muchas de las principales ciudades cuentan ya con ciclovías de tamaño variado. Lima, Chiclayo, Arequipa, Trujillo, Piura, entre otras de las urbes más pobladas, tienen espacios destinados por sus respectivos alcaldes para el ciclismo. El problema parece ser, más bien, la falta de uso y de mantenimiento de las vías. Solo en Lima la municipalidad reportó el año pasado 32 kilómetros de ciclovías en estado de abandono, en tanto que en Arequipa estas se usan en algunos casos como estacionamiento o espacio adicional para vehículos motorizados.

MÁS EN POLÍTICA...