Los embargos a implicados en sobornos del Caso Lava Jato en proyectos del Callao

Edificios en zonas comerciales y departamentos frente al mar forman parte del paquete de bienes que la Procuraduría del Caso Lava Jato ha inmovilizado a investigados por hechos de corrupción en dos proyectos del Gobierno regional del Callao: la Vía Costa Verde tramo Callao y la reparación de la Av. Néstor Gambetta.

Las propiedades y los vehículos han sido embargados para garantizar el pago de reparaciones civiles al Estado en caso de que los imputados sean declarados culpables, explican fuentes de la procuraduría. Con esta medida los investigados no podrán vender, ni transferir los bienes, pero sí podrán usarlos o arrendarlos. No se trata de propiedades adquiridas con fondos ilícitos.

Ex directivos de Odebrecht han señalado que se acordó pagarle US$4 millones en sobornos al ex gobernador regional del Callao, ahora prófugo, Félix Moreno, a cambio de adjudicarles el proyecto de la Costa Verde tramo Callao.

Moreno no tiene propiedades a su nombre, por lo que solo se le ha podido embargar una remuneración y las deudas que tenía el gobierno regional con él por vacaciones truncas por un total de S/10 mil.

En cambio, al empresario Gil Shavit, intermediario en la recepción de las coimas, se le ha embargado seis departamentos, cinco predios, tres oficinas, dos camionetas, entre otros, por un total de S/12,9 millones.

Las propiedades más llamativas son el local donde funciona el supermercado Metro, en la Av. Miguel Grau, y un departamento frente al mar, ambas en Barranco. Estas dos propiedades representan la mitad del valor de todo lo que se le ha embargado. La medida no afecta el desarrollo de las actividades comerciales, pues el fin es que no sean traspasadas a otras personas durante la investigación.

Además, también figura la retención de otro departamento en Barranco por el valor aproximado de S/1,3 millones.

La segunda investigación por esta obra implica a los funcionarios que se coludieron para favorecer a la constructora brasileña en el proceso de selección y supervisión. La procuraduría trabó medidas contra doce propiedades de la empresa Acruta & Tapia Ingenieros, integrante del Consorcio supervisor AGM, por un total de S/6,5 millones.

Entre los inmuebles embargados se encuentran el edificio principal de la empresa ubicado en el cruce de la Av. Javier Prado Este con la calle Francisco Pradilla, en San Borja, un departamento en Malecón Cisneros, Miraflores, así como una vivienda en la Av. Velasco Astete, en Surco.

Además, se tomaron las mismas medidas contra ocho propiedades del ex gerente general del gobierno regional Jorge Linares Muñoz por S/1,2 millones. Estas incluyen dos departamentos y una oficina ubicados en Magdalena, Cercado de Lima y San Borja.

En el caso del mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, a cargo de las constructora Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, se ha embargado los bienes de dieciséis personas y cuatro empresas investigadas. La vivienda cuyo valor individual es el más elevado le corresponde a Edgar Ricardo Unzueta Zegarra, gerente del consorcio Nueva Gambetta como representante de la constructora Andrade Gutiérrez. Su casa, ubicada en Las Casuarinas, está valorizada en S/2 millones.

El procurador Jorge Ramírez ha solicitado que este caso, a cargo de la Corte Superior de Justicia del Callao, sea transfererido a la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios. Según denunció, se ha detectado circunstancias que perturban el proceso.

Además, al ex gerente de tesorería Julio Palza Palza y al ex gerente de asesoría jurídica Marco Palomino Peña se les embargó propiedades por S/610 mil y S/705 mil respectivamente. Los ex funcionarios de la gestión de Chim Pum Callao se habrían coludido para beneficiar a la constructora Odebrecht.

En total, la procuraduría del Caso Lava Jato ha logrado inmovilizar bienes por S/36,9 millones relacionados a estos dos proyectos del Callao.