Raúl Molina Martínez, ex viceministro de gobernanza territorial de la PCM, atendió conflictos sociales los últimos dos años. (Foto: Lino Chipana /Grupo El Comercio)
Raúl Molina Martínez, ex viceministro de gobernanza territorial de la PCM, atendió conflictos sociales los últimos dos años. (Foto: Lino Chipana /Grupo El Comercio)
Fernando Vivas

Columnistas, cronista y redactor

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Fue por dos años viceministro de gobernanza territorial de la PCM, previniendo, monitoreando y abordando conflictos. Martínez Se ha sentado en varias mesas de diálogo. Es arquitecto con maestría en gestión pública y cuando habla se le siente más preocupado en los problemas de fondo que en las protestas mismas.

¿Qué tienen en común los conflictos actuales?

Hay en el Perú una demanda de inclusión acumulada y transversal de muchos segmentos de la población. Probablemente, sus frustraciones se han visto exacerbadas por la pandemia, que ha afectado fuertemente los ingresos de las familias, en particular en las zonas de periferia urbana y el mundo rural.

¿Surgen ahora porque no pudieron surgir durante el confinamiento?

Sí, pero no son producto de la pandemia, es un acumulado de años. La pandemia ha presionado a nuestra gente más pobre. Ahora que se abre la convivencia social, están brotando y van a seguir brotando. Si el gobierno de transición no es consciente de eso, nos vamos a perder una oportunidad de construir cohesión social a partir de los hechos de noviembre.

Mira: Continúan los conflictos sociales en distintas zonas del país.

Algunos pensábamos que aunque la pandemia los exacerbaría, muchos conflictos serían aplazados por la campaña electoral.

Al grueso de la población no le interesa lo que dijo Guzmán ayer, va a empezar a pensar en la campaña cuando estemos casi ad portas de la elección. Las primarias y la gran cantidad de candidaturas hacen que el panorama sea tan confuso que para un agricultor que tiene que llegar a fin de mes con sus S/. 1.175 o S/. 1200, qué le puede importar lo que discutan los políticos. Para él, el tema es el fin de mes y la viabilidad de su familia.

¿Y que los atienda quien sea que esté en el gobierno?

Quien sea. Los sucesos del 9 al 14 de noviembre no san dado una campanada de que hay un país bullente al que no le hemos prestado atención y que ha tenido la capacidad de bajarse un gobierno en una semana. Hemos reemplazado a ese gobierno que nadie reconoció por un gobierno de transición con un presidente que puede hacer la diferencia. Te confieso que con todo el respeto que le tengo al presidente y a la premier con quien he trabajado muchos años, que me desilusionó el discurso de investidura. Se ha centrado en los ejes de corto plazo que son el mandato obvio, pero creo que este gobierno tiene un mandato más importante que es preparar al siguiente gobierno del bicentenario. En estos meses podemos empezar una serie de debates que hemos descuidado, postergado o nos hemos hecho los locos por 25 años. Estos temas de pequeña agricultura familiar, de formalización, de inclusión económica, de calidad de servicios de educación y salud, relación de la población con la policía, descentralización, reforma del estado para que le cumpla a la gente y no esté preocupado en sus procedimientos internos, son temas que se pueden discutir para dejarle una agenda al gobierno siguiente.

En su mensaje de asunción Sagasti se refirió al Acuerdo Nacional para los debates que mencionas.

Sí, esos planteamientos que mencionó el día que asumió y que luego reportó en una entrevista, esperaba que sean retomados en el discurso de la premier. Y se le pone una agenda fuerte al próximo gobierno, porque este país no va a aguantar otro gobierno que pierda el tiempo y flote como le ha pasado los últimos meses al Sr. Vizcarra que fue perdiendo margen de maniobra y era cada vez más una tabla en el océano.

Los conflictos que solemos ver no son necesariamente de los más pobres sino de los que sienten que sus ingresos no están en relación con los de su actividad económica.

Hay de todo. Veamos los dos casos que fueron las líneas matrices en los años que estuve en la PCM: la selva de Loreto asociada al petróleo y el corredor vial sur asociado a Las Bambas y otras mineras. Son zonas postergadas de diferente manera, con brechas espantosas. Las dos tienen potencial de desarrollo pero necesitan un conjunto de operaciones para poder florecer. Por lo tanto, ambas zonas necesitan una intervención articulada del estado peruano y también con las empresas que operan en esos territorios para hacer que despeguen y la gente empiece a ver la diferencia para sus vidas. En el caso de la selva hicimos un ejercicio con un plan de horizonte de mediano plazo, participaron los indígenas, las municipalidades, la empresa privada, lo aprobamos por decreto supremo y después el gobierno nacional se muerde la cola dentro de sí mismo y no logra asignarle recursos con claridad para que la gente diga ‘no me engañaron’. Lo mismo hay que hacer para otras zonas. En el sur es distinto, hay familias que han encontrado trabajo en los servicios de la minería, pero quieren ser ciudadanos de pleno derecho del crecimiento económico. La gente tiene que sentir que si una empresa que nueve décimas del PBI está en su territorio, su vida tiene que cambiar. El error que cometió el estado peruano en los últimos 20 años es que daba una concesión a una minera y le decía ahora es tu problema con las comunidades, arréglatelas tú. De ahí han salido todos los conflictos. El estado tiene una enorme deuda con esas comunidades en infraestructura y calidad de servicios y eso no corresponde a las empresas. Las empresas pueden ser muy fuertes para contribuir en dar posibilidades de desarrollo económico para las familias.

La empresa provee ingresos, pero los servicios los provee el estado.

Exactamente, las empresas pueden tener potencial para contribuir al desarrollo de las comunidades, acompañarlas en el desarrollo de procesos productivos, ayudarlas en sus planes de negocios.

¿Hay una relación entre la organización de la demanda y su capacidad de éxito? En Ica no era fácil descubrir voces y líderes. En el Norte parece más organizado.

El sector agrario en el norte tiene una más larga tradición sindical. Y ahí entra el cómo prevenir. Es absolutamente indispensable que el estado esté presente en el territorio. Tus equipos [de gestión de conflictos] tienen que conocer a los actores donde están asignados, conversar con las señoras del mercado que venden desayuno, la policía, los chicos en el terminal de buses, los dirigentes del frente de defensa, saber que están discutiendo, porque de ahí sale el conflicto 2 o 3 meses después. Esto que ha explotado en Ica se ha estado discutiendo entre la gente, se ha estado calentando la olla y el estado no se preocupó. Pero si es verdad que hoy tenemos el problema de que no hay liderazgos claros, es una insurgencia por calentamiento de la olla. Hay que hacer trabajo de campo, equipos de civiles con policías, no para reprimir sino para hablar. En la huelga de cafetaleros de Quillabamba, cortaron todas las carreteras y amenazaron con tomar Machu Picchu. Fuimos juntos con el subcomandante de la región policial, cruzamos varios piquetes, tuvimos una reunión muy difícil pero ahí se abrió el tema porque la gente valoro que nos hayamos atrevido a ir a hablar. Acá tienes que mandar gente a la carretera a conversar con los huelguistas e ir identificando a quienes tengan voz respetada por el grupo, porque con la masa no se puede acordar nada. La solución no es solo policial. Hacemos estado de emergencia porque la Panamericana o la Central son activos críticos, ¿y?.

O sea, la falta de liderazgos es problema para los que protestan y para el estado.

Sin duda. Los ministros pueden ir a un local de la universidad de Ica, pero salen con un acuerdo y la gente en la carretera dice ‘no lo reconozco’. Tienes que ir con un equipo a la carretera a organizar la demanda, a conocer a los representantes.

¿Esos equipos los tienen algunos ministerios y la PCM?

Agricultura tiene su oficina de gestión de conflictos. La PCM tiene un equipo más chico de lo que se necesita, pero se recolecta gente de los ministerios y nos hacemos acompañar de policías que están preparados para eso, desarmados, y se va en grupos chicos construyendo confianza, luego va alguien más importante y tiene un marco que te permite conversar.

Una pregunta que no es tan obvia. ¿El éxito de las protestas de noviembre estimuló a las otras?

Sí, es probable que el éxito de esas protestas a algunos de esos chicos bastante jóvenes que se ven en Ica y el norte, los haya terminado de decidir. Pero eso no explica la protesta. Sí hay que estudiar en este proceso, la enorme debilidad del sistema de partidos, la crisis de representación que tenemos. La gente siente que el congreso no los representa y se está produciendo un fenómeno donde las voluntades individuales se convierten en voluntad colectiva y logra bajarse un gobierno.

El tema de Doe Run en La Oroya sí es un viejo conflicto. ¿Ahí sí se aprovecha la oportunidad?

Hay actores más organizados detrás y con capacidad de capitalizar más rápido una oportunidad.

¿Qué pasa cuando se le dice al que protesta que está siendo azuzado?

Eso sucedió en las protestas de noviembre cuando se empezó a terruquear a los chicos. Se veía las pancartas, ‘no somos terrucos’. Ese camino no lleva a ningún lado. De que puede haber grupos detrás, sí; que pueden promover la insurgencia, sí; que una vez desatada pueden azuzarla, sí. Me he encontrado eso en Las Bambas, en Tía María, en todas partes. Pero eso no explica la insatisfacción de la gente. Si la gente no tuviera los niveles de insatisfacción que tiene, el discurso de esos grupos no tendría receptores. Echarle la culpa a grupúsculos que han azuzado a la masa es no entender lo que está pasando en el Perú y creo que por ese camino no vamos a ningún lugar. El Perú necesita construir cohesión.

¿Y esa es la forma de prevenir conflictos?

Esto que ha pasado con la caída de Merino es una llamada de atención, pero es también una oportunidad. El gobierno tiene que capitalizar esa oportunidad poniendo en debate temas capitales. Uno de ellos es la inclusión económica de grandes segmentos. Por mirar la aguja del PBI nos hemos olvidado de la calidad del empleo. Por eso un empresario puso una boleta de S/. 1200 donde se ha metido la parte proporcional de CTS y vacaciones. No se puede pedir en 1 o 5 años que se pague mejores salarios, pero en 20 años de ley de promoción agraria, ¿podemos compartir un poquito más de los beneficios? Si se puede, se resuelve el conflicto y ese es el problema de fondo: la inclusión económica. La mejor forma de prevenir en el corto plazo es conocimiento del territorio; en el largo plazo es atender los problemas de fondo.