Pablo Sánchez Velarde ha ocupado el cargo de fiscal de la Nación en el período 2015-2018. (Foto: Juan Ponce/ El Comercio)
Pablo Sánchez Velarde ha ocupado el cargo de fiscal de la Nación en el período 2015-2018. (Foto: Juan Ponce/ El Comercio)

El fiscal de la Nación, , aseguró que los servidores desencriptados de la empresa Odebrecht sí llegarán al país, después de que el abogado de Jorge Barata anunciara que ha pedido que la justicia brasileña suspenda el envío al Perú por incumplir con el acuerdo de colaboración. 

"Esa información sí llegará. Se superará este impase y los servidores serán enviados al Perú", dijo hoy Pablo Sánchez al ser consultado por este Diario.

El titular del Ministerio Público precisó que ha solicitado información a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera, para que pueda comunicarse con las autoridades brasileñas, quienes ya habían manifestado su disposición de colaborar con el Perú.

"Lo mismo haremos con Suiza. Superado el impase con la defensa [de Barata], todo continuará", remarcó el fiscal de la Nación, quien no quiso decir en cuánto tiempo se tendrá esta información.

Hace un mes, Sánchez sostuvo una reunión con la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge. En este encuentro acordaron agilizar las solicitudes de asistencia judicial entre ambos países.

Aquella vez la fiscalía brasileña confirmó que enviarían este julio la información sobre My Web Day y Drousys, los sistemas informáticos que utilizó la constructora Odebrecht para encubrir la estrategia de pago de coimas que aplicó en toda la región.

Con la entrega de este software, el Ministerio Público espera tener acceso al servidor donde se registraron los sobornos que tramitó el Departamento de Operaciones Estructuradas.

Sin embargo, en una entrevista con IDL-Reporteros, el abogado del ex jefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata anunció que ha pedido a la Procuraduría General de Brasil que suspenda el pedido de dicha información porque, dijo, la fiscalía ha incumplido el contrato. 

"No ha habido ningún incumplimiento que justifique una reacción de este tipo", respondió hoy también el fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del Ministerio Público y está a cargo del proceso de colaboración eficaz de Barata. 

"Hay deberes de los colaboradores sin ningún condicionamiento, más allá de las protecciones que tienen en su país", agregó. 

Desde la fiscalía, señalaron que la justicia brasileña "tiende a proteger a sus colaboradores" y atender sus pedidos, como el que ha hecho Barata para que no envíen los servidores al Perú. No obstante, confían en superar esta discrepancia.