Fiscalía: Héctor Becerril habría “vendido la función pública”

La Fiscalía de la Nación, a través del fiscal Ramiro González, afirmó este lunes que el exlegislador por Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, “vendió” la función pública que representaba como integrante del Congreso de la República, a cambio de prebendas económicas.

Esta mañana, el representante del Ministerio Público sustentó el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Becerril Rodríguez, ante el juez de investigación preparatoria Hugo Núñez, por el caso Los Temerarios del Crimen.

Por este caso, Becerril es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y organización criminal.

Según indicó el fiscal González, el excongresista Becerril usó su cargo para lograr la asignación presupuestal para la ejecución de tres obras públicas referidas a la transitabilidad peatonal y vehicular, entre otras.

A cambio de esto, el exparlamentario y sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, habrían recibido beneficios económicos y también material de construcción, como porcelanatos.

“La participación del investigado se remite a gestionar presupuestos e inclusión de obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo donde David Cornejo Chinguel era alcalde y presunto líder de la organización criminal. El papel que le correspondía era de la venta de la función publica, porque la labor de la representación comprende las gestiones ante las entidades públicas, pero cuando se cobra un porcentaje por esta gestión esta actividad de pervierte”, afirmó el fiscal.

Según el alegato del representante del Ministerio Público, los hechos han sido reconocidos por las personas que participaron en los presuntos actos delictivos. Entre ellos, Cornejo Chinguel y que dieron pie a una denuncia constitucional contra el exparlamentario.

“Estos son los hechos en la gestión y un acuerdo previo de cómo se repartirían este porcentaje indebido, de 10% (para Becerril), el 5 % para el (ex) alcalde y 5% para los hermanos de Becerril. Pero, además, se tiene que hicieron entregas de dinero”, anotó el fiscal.

Sobre la organización criminal, remarcó el fiscal, los hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, eran los operadores de lo que habían acordado Cornejo y el excongresista.

“Esta participación e intervención de los hermanos Becerril Rodríguez no hubiera sido posible si no existiera un poder real, un poder como es el ser congresista de la República. El poder no lo tenían los hermanos; sino de la función congresal desde Lima (…) el alto funcionario de la República cumplió un rol de operador político”, sostuvo.

Por tanto, el fiscal González sostuvo que se cumplió con los elementos de graves y fundados elementos de convicción, la gravedad de la pena.

-Peligro de fuga -

El representante de la fiscalía sostuvo que su arraigo domiciliario es débil. Recordó que, cuando empezó la investigación, este hizo un cambio registral para que una de sus viviendas pase a manos de su cónyuge. Y que, según las pesquisas fiscales, habrían propiedades a nombre de terceras personas.

Becerril, para el fiscal, tampoco tendría arraigo laboral. Pero que, debido a la función congresal, podría haber tenido ingresos que le permitiría huir del país o permanecer oculto.

“También la organización criminal de la que puede valerse para ponerse al margen de la justicia”, dijo el fiscal.

Además, según el fiscal, habría obstaculizado la justicia, ya que el 17 de octubre del 2019 acudió a entrevistar con un interno a quien le solicitó pruebas contra el fiscal Juan Carrasco Millones -a cargo del caso Los Temerarios del Crimen- y le deja un dinero al interno. Todo ello, consta en actas.

También, se presentaron las declaraciones de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, implicada y testigo en el caso, quien atribuye amenazas a Becerril.

Luego del fiscal, sustentó sus argumentos la defensa del excongresista, Humberto Abanto. Al inicio se registraron algunos problemas de transmisión.

El abogado Humberto Abanto descalificó los testimonios que presentó la fiscalía y señaló que no hay elementos para considerar la existencia del peligro de fuga.

“En opinión de la defensa, no hay elementos suficientes para que se requiera la medida. No hay peligro ni de fuga ni de obstrucción, pero si su excelencia, por las deficiencias que la defensa pueda haber presentado en sus alegaciones, encontrase algún fundamento, nosotros no cuestionaremos su decisión”, indicó Abanto.

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