(Foto: Mario Zapata / Video: Liliana Michelena)
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Graciela Villasís Rojas

La fiscalía presentó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) el informe en el que señala que la firma Norberto y algunas de sus empresas vinculadas no tienen investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz. Este requisito fue exigido por la jueza María de los Ángeles Camacho para atender el pedido de reembolso de dinero solicitado por la empresa brasileña luego de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.

El Comercio accedió al documento que consta de 12 páginas y que fue presentado por el equipo especial el viernes 26 de julio a las 9:33 a.m. a la coordinadora ejecutiva de la unidad funcional encargada de implementar y ejecutar las disposiciones de la Ley 30737 del Minjus, Cecilia García Díaz, responsable del fideicomiso que quedó en garantía.

Después de la búsqueda interna que realizó el equipo especial en las cuatro fiscalías que forman este grupo de trabajo, señala el documento que “no tienen en sus respectivos despachos, investigación preparatoria o procesos penales [contra Odebrecht] conforme a lo solicitado por esta coordinación del equipo especial”.

Asimismo, agrega: “No existen investigaciones preparatorias o procesos penales en todo el país contra la constructora luego de la búsqueda realizada a través del sistema de consulta de casos del MPFN [Ministerio Público y Fiscalía de la Nación]”.

Según el documento presentado, y de acuerdo a la interpretación del equipo especial, las indagaciones a Odebrecht se encuentran en etapa preliminar, es decir “solo se alude a una sospecha inicial simple” dentro de la competencia del Ministerio Público. En cambio “en la preparatoria [se alude] a una sospecha reveladora”, en la que necesariamente se pronuncia un juez.

Sobre la controversia que surgió en las últimas semanas con relación a la investigación preparatoria sobre la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa en Tarapoto, región San Martín, el documento especifica que Odebrecht ha reconocido que “hubo pagos con recursos no contabilizados [en dicha obra], admitiendo así responsabilidad penal por la ilicitud de dichos pagos. Asimismo, [la empresa] se compromete a realizar búsquedas adicionales en los sistemas Drousys y MyWebDay, a fin de corroborar lo mencionado anteriormente”.

Odebrecht se adjudicó la obra en octubre del 2008 por un valor de S/109’561.076; es decir, 9,5% más que su valor referencial.

Cabe recordar que este caso ha sido incluido recientemente en el acuerdo entre la fiscalía y la empresa, debido “a que esta se encuentra sujeta a una colaboración progresiva y continúa”. Es decir, las partes consensuan que los nuevos hechos de contenido penal se deberán sujetar al trámite de la corroboración y posterior homologación judicial respetando los términos del acuerdo. El documento agrega: “Por la progresividad de la información que proporciona la empresa colaboradora Odebrecht, también se faculta que la procuraduría ad hoc, con estos nuevos hechos ilícitos informados por esta, implique un incremento de la reparación civil”.

La fiscalía, la procuraduría y Odebrecht resolvieron en el acuerdo de colaboración eficaz que, luego de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, la constructora pagaría a la Sunat S/434 millones en impuestos, S/12,5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como primera cuota de reparación civil, que aún no han sido cobrados.

Del informe de la fiscalía se desprende que, tras estos pagos, se debería liberar el desembolso de lo que le corresponde a Odebrecht por la venta de la central Chaglla.

-Posible discrepancia-
El informe presentado por la fiscalía agrega que, al momento de determinar la reparación civil, el procurador Jorge Ramírez “conocía las obras y/o proyectos que eran objeto del acuerdo”, y que “de existir algún tipo de discrepancia en la interpretación que se está efectuando de parte de la procuraduría ad hoc [con el Ministerio Público], ello deberá ser debatido en la vía judicial”

-Empresa admitió culpabilidad-
La empresa Odebrecht reconoció que efectuó pagos ilícitos a cambio de ser favorecida con la obra de rehabilitación y mejoramiento de carretera empalme Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en Tarapoto.

En octubre del 2008, durante la gestión del ex primer ministro César Villanueva como gobernador regional de San Martín, se otorgó la buena pro de la obra a Odebrecht.

Sin embargo, una investigación publicada por El Comercio reveló que la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto formalizó una investigación preparatoria contra 16 exfuncionarios del gobierno regional y exejecutivos de la constructora brasileña por los presuntos delitos de colusión desleal y peculado por la obra.

Según la denuncia de esta fiscalía, Odebrecht habría recibido irregularmente S/41 millones como adelanto de insumos y materiales.