Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro miembros del 'club de la construcción'

Por Rodrigo Cruz y Giovanna Castañeda

El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, solicitó ayer al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del denominado ‘club de la construcción’.

La medida es contra José Guillermo Paredes Rodríguez, ‘Pepe’, hermano de Carlos Paredes, quien fue titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala. También para José Fernando Castillo Dibós (ex presidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).

El requerimiento es por la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico, y fue presentado ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, a cargo del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios. La magistrada deberá convocar una audiencia pública para analizar lo solicitado.

El pedido del fiscal Juárez se basa, entre otras cosas, en información entregada por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, quienes relataron la existencia de un entramado de corrupción entre las constructoras y funcionarios del MTC para repartirse las obras públicas de infraestructura vial que se licitaban durante el gobierno de Humala.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, los sobornos que pagaron los integrantes de este ‘club’ llegaron a US$17 millones y, según el colaborador eficaz N° 09-2018, el entonces ministro Paredes utilizaba a su hermano como intermediario de los pagos.

Al haber sido ministro, Paredes tiene antejuicio y quien lo investiga es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

—Modus y origen—
El ‘club’ era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.

No se sabe con exactitud desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, dijo que existía desde el 2001. En tanto, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, señaló al equipo especial que comenzó en 1996.

La investigación del fiscal Juárez abarca el período 2011-2014. Según los testimonios que ha recogido, entre agosto y octubre del primer año de gobierno de Humala, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’ y José Paredes –y sus intermediarios– para coordinar el nombramiento de una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar.

Carlos García Alcázar, quien cumple una orden de prisión preventiva, fue el enlace de las constructoras en el MTC. Él fue nombrado en agosto del 2011 asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes.

Rodolfo Prialé de la Peña habría sido el intermediario entre el ‘club’ y el encargado de cobrar los sobornos. Con él se estableció que no debería cambiarse a personal de Provías; que no se debería permitir que empresas ajenas al ‘club’ ganaran obras y que las licitaciones deberían entregarse con una propuesta económica por encima del valor referencial.

—Los pagos—
Según el fiscal, Castillo Dibós hizo un pago en efectivo a Prialé de la Peña en la sede de ICCGSA en San Isidro, previa coordinación telefónica. El levantamiento del secreto de las comunicaciones ha revelado el intercambio de llamadas entre ambos entre el 2013 y el 2014.

Unzueta Zegarra también hacía coordinaciones telefónicas con Prialé de la Peña. Pero, además, se han verificado transferencias bancarias, presuntamente de este empresario, a una ‘offshore’ de Prialé de la Peña llamada Jotas de la India, con sede en Panamá, por más de US$800 mil.

De Lei Siucho se tiene el registro de llamadas entre ambos del 2013 al 2014. La fiscalía indica que se realizaron “contrataciones ficticias” entre una empresa vinculada a Prialé de la Peña con CyM para los sobornos.

En los testimonios recogidos por la fiscalía también se habla de la existencia de un ‘club de la conservación y mantenimiento’ de las obras.

Este Diario se comunicó con Lei Siucho, quien dijo que desconocía el pedido fiscal y añadió que sigue siendo el representante de CyM. También se buscó al abogado de Castillo Dibós, pero, hasta el cierre de esta edición, no nos devolvió la llamada. De igual modo, tratamos de comunicarnos con los hermanos Paredes Rodríguez.

El abogado penalista Vladimir Padilla precisó que, en principio, las imputaciones sí configuran delito contra la administración pública. “El fiscal quiere evitar el peligro de fuga”, remarcó.