¿Cómo han evolucionado las principales variables económicas durante el segundo año de gestión de Dina Boluarte?

La recuperación vino, principalmente, de sectores primarios como la pesca y la agricultura, seriamente afectados por las condiciones climáticas de El Niño Costero, especialmente en el segundo trimestre del 2023. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) y Macroconsult, descontado la recuperación del agro y la pesca industrial, el crecimiento del PBI de mayo habría sido solo de 2,5% o de 2,9%.

Para el segundo semestre, el crecimiento estaría impulsado, principalmente, por una mayor demanda interna, estimulada por factores como los últimos retiros aprobados de los fondos de las AFP y la CTS, que impactarán sobre consumo e inversión privados. Según la última proyección del MEF, la economía en el 2024 crecería un 3,2%, mientras que el BCR estima que lo haga en 3,1%, respectivamente.

La inversión, uno de los principales motores del crecimiento, aumentó solo en 1,4% durante el primer trimestre de este año, tras cuatro trimestres consecutivos en rojo, relacionada con un crecimiento de 40% en la inversión pública. En tanto, la inversión privada se expandió apenas en 0,3%, luego de haber reportado seis semestres consecutivos de retroceso. El BCR estima que ambos componentes cierren el año con una subida de 2,3% y 12%.

Para este año, el ente emisor prevé que la inversión minera aumente en 6,4%, luego que en el 2022 cayera 7,8% y en el 2023, retrocediera otro 10,2% respectivamente. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló recientemente que dicha cifra podría subir a 10%, y alcanzar un monto de US$5 mil millones hacia fines del 2024. El anuncio del reinicio de proyectos como Tía María podría acelerar la ejecución de la cartera acumulada de proyectos en el sector, valorizada en US$54.546 millones, según estimaciones del Minem.

Un reciente informe elaborado por el IPE y publicado en este diario, mostró que unos 23 proyectos de la cartera minera (que involucran una inversión de US$30 mil millones) están atrasados por factores ajenos a la voluntad de las empresas, principalmente en tramitología y conflictividad social.

Si bien desde marzo la inflación anualizada en Lima Metropolitana ya se encuentra dentro del rango meta (entre 1% y 3%), en junio la variación anual solo fue de 2,3%, el componente que no considera alimentos ni energía aún está ligeramente por encima de este límite (3,1%). La autoridad monetaria incluyó este hecho como uno de los factores presentes en su decisión de mantener en julio la tasa de interés de referencia en 5,75%.

De otro lado, el 8 de julio, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N°2621, donde expandió el límite del déficit fiscal (exceso de gastos sobre los ingresos del gobierno) para el 2024 y los años siguientes. La nueva trayectoria establece un “techo” para este indicador, que “para los años fiscales 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028, no debe ser mayor de 2,8%; 2,2%; 1,8%;1,4%; y 1% del Producto Bruto Interno (PBI), respectivamente”.

Previo a los cambios, la regla establecía un límite anual de 2% del PBI para el 2024 (0.8 puntos porcentuales por debajo de lo recientemente aprobado); 1,5% de PBI para el 2025 y 1% para los años siguientes.

En el 2023, el Perú no cumplió con el límite del déficit fiscal fijado de 2,4% del PBI, alcanzando un 2,8% (0,4 puntos porcentuales adicionales). Esto debido, principalmente, a un ajuste de los ingresos tributarios y del precio de los metales, así como a una mayor presión sobre las cuentas fiscales debido a un mayor gasto para contener los desastres naturales.

Si bien el empleo formal a nivel nacional aumentó 3% en abril y 2,1% en mayo en relación a los meses similares del 2023, aún la recuperación del mercado laboral viene estimulada, en gran medida, por el subempleo. En Lima Metropolitana, la PEA ocupada en la capital creció 4,7% en el trimestre móvil abril-mayo-junio (+226 mil puestos de trabajo); sin embargo, el subempleo tiene un componente significativo.

En la capital, la PEA ocupada subempleada es 32% mayor a la cifra observada en la prepandemia (+563.700 puestos), mientras que la PEA adecuadamente empleada no ha crecido respecto a ese período (se mantiene en 3 millones 151 mil personas).

¿Qué se podría esperar hacia el cierre del año? Para Carlos Gallardo, gerente general del IPE, una tasa de crecimiento por encima de 3% podría empezar a reducir la pobreza, especialmente en el ámbito urbano. Según el INEI, este indicador alcanzó al 28,6% en Lima Metropolitana y al 34,1% en el Callao, cifras que no se observaban desde el 2006 en ambas jurisdicciones.

“Si crecemos al 3% se ha de esperar que haya una recuperación ligera en la reducción de la pobreza, en especial la urbana. Pero hay que ver qué tipo de crecimiento es, si está motivado por una tasa importante de crecimiento de la inversión privada, (este año esperamos que crezca 2.4% 2.7% luego de una caída de más de 7% en el 2023). Si gatillamos inversiones como en Tía María, Zafranal o Antamina podremos ver un crecimiento importante de la inversión privada el próximo año y, sin duda, va a ser más rápida la reducción de la pobreza”, explica.

Entre los riesgos a mediano plazo, el especialista resalta que el accionar del Congreso podría seguir teniendo un impacto sobre la presión en las cuentas fiscales. “El accionar del Congreso preocupa en lo que se refiere al déficit, ha habido un aumento importante en el gasto corriente en particular, mucho de este componente viene de las iniciativas del congreso que tienen un alto costo fiscal. Esperamos alcanzar la nueva meta de 2.8% [de déficit sobre el PBI] al cierre del año, pero esto es porque vamos a empezar a ver un aumento en los ingresos producto del aumento en el precio de los metales. Pero creo que aún permanecen riesgos altos de incumplir la meta el próximo año, de manera justificada el Consejo Fiscal se ha pronunciado en esa línea también. No estamos exentos de una revisión de nuestra calificación crediticia y un ajuste en esta sería sumamente costosa”, opina.