El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó hoy que el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para ampliar la muerte civil, que en la actualidad solo aplica para los condenados por corrupción, a los sentenciados por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
“Hemos avanzado prohibiendo que personas condenadas por corrupción ingresen o permanezcan en la administración pública, pero tenemos que ser más rigurosos para garantizar la integridad en el Estado”, manifestó Villanueva durante su presentación ante el pleno del Parlamento en busca del voto de confianza.
También adelantó que el Ejecutivo enviará una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de campañas electorales, a fin de que se penalice los aportes no declarados y se establezca como obligación la bancarización del dinero que ingresa a los partidos políticos.
Otro proyecto de ley que el gobierno propondrá, de acuerdo a César Villanueva, es la de la extensión de dominio, “que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero”.
El anuncio hecho por el primer ministro se da en el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra de una serie de políticos, entre ellos los ex presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo así como la ex primera dama Nadine Heredia y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.
En otro momento, César Villanueva señaló que conforme a los estándares internacionales el Ejecutivo presentará una iniciativa “para sancionar la corrupción en el sector privado”. “Si queremos dar un cambio radical necesitamos medidas aplicables a toda la sociedad y a todos los sectores”, subrayó.
Ley de lobbies
El jefe del Gabinete indicó que la gestión de intereses “ha generado altos costos para el país”.
En esa línea, César Villanueva aseguró que el país necesita un marco legal que regule la gestión de intereses.
“Vamos a proponer la ley de gestión de intereses o la ley de lobbies para que estas actividades sean parte de un proceso regulado y transparente. En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos", acotó.
