La situación del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se complica a medida que las investigaciones por presuntas presiones ejercidas sobre la Sunat, avanzan. Al hallazgo de $20 mil en un armario al interior del baño que era de su uso, se suma su comportamiento obstruccionista mostrado durante la diligencia fiscal.
Como se recuerda, el fiscal anticorrupción Marco Huamán, acudió a la sede del Ejecutivo a las pocas horas de conocerse su renuncia al cargo en la Secretaría General, el pasado viernes 19 de noviembre.
Sin embargo, según informó el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello -en declaración a medios periodísticos como Exitosa- Pacheco Castillo no entregó su equipo celular alegando que “no lo tenía en ese momento”.
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El Comercio solicitó información a Presidencia de la República sobre la entrega del dispositivo móvil que le asignó el Estado al ex secretario general, sin embargo indicaron que, debido a que recién este miércoles se le aceptó la renuncia aún “se debe producir la entrega del cargo y de los bienes asignados”. “Hay un lapso de tiempo para dicha entrega al nuevo secretario general”, agregaron.
Este Diario se comunicó con la defensa legal de Pacheco, el abogado Hugo Mendoza Malpartida, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.
Otro aspecto que se consigna en el acta fiscal, es que el ex secretario general sí entregó la clave de acceso al equipo de cómputo de su despacho; sin embargo afirmó que la computadora que se le asignó era usado por una de sus trabajadoras.
“En el tercer ambiente, que corresponde al despacho de la Secretaría General, donde se aprecia un escritorio y sobre la misma una computadora (CPU) de propiedad del Estado y solicitándole al señor Arnulfo Bruno Pacheco para que permita exhibir la documentación pública obrante (en) el escritorio antes citado. Asimismo, solicitándole el acceso al equipo de cómputo, petitorio al que accede de manera voluntaria (…) precisando el funcionario antes mencionado que el equipo de cómputo es utilizado por Denisse Luyo”, se remarca en el documento.
-Su comportamiento en cuestión-
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, calificó de “burda e inverosímil” la explicación que brindó Bruno Pacheco para no entregar su teléfono celular. Indicó que el Ministerio Público debe requerir por vía judicial dicho equipo porque es una fuente de información para la investigación.
“Todos conocemos la relación de las personas con su celular, y menos una persona que debe estar pendiente de las indicaciones de su superior jerárquico (a través de un celular asignado), es decir el presidente de la República”, anotó.
Al ser consultado sobre el efecto que podría tener la negativa para entregar el celular que se le asignó desde el Estado, Maldonado indicó que este comportamiento, sumado al hallazgo de $20 mil en efectivo -en una gaveta del baño de la Secretaría General- abonaría como un elemento negativo en una posible medida judicial en contra del exfuncionario.
“Si fuera el caso, en una medida como la prisión preventiva, ello hace parte de uno de los elementos de la prisión preventiva. Bajo esa premisa, este elemento de no entregar el celular y el haberse encontrado 20 mil dólares en el baño con otra explicación absurda, son todos elementos probatorios”, sostuvo.
El exprocurador consideró acertada la intervención del fiscal Huamán, pero indicó que tendría que acelerarse alguna otra medida como el allanamiento a su domicilio u otras diligencias especiales como el acceso a cuentas bancarias y la obtención de sus teléfonos, incluso los personales.
En la misma línea, el abogado penalista Daniel Huamán, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico, enfatizó que es “poco creíble” que no tuviera a la mano el celular, teniendo en cuenta que estaba en su centro de trabajo.
“Y sí, eso podría ser constitutivo como un indicio de obstaculización, pues la persona no está dejando que las investigaciones se averigüen y en el momento que se requiera algún tipo de medida posterior; no solo de carácter cautelar, prisión preventiva, o restricciones; o más intensa, como un allanamiento, podría ser tomado como un elemento para dictar la medida”, afirmó.
Precisó que si se tratara del celular privado, Pacheco Castillo no estaba en obligación de entregarlo. Para ello, agregó, es necesario una medida judicial.
“En ese caso tendría que incautarse el celular porque es un bien privado y para poder afectarse el derecho a la propiedad debe proceder una incautación. Solo una autorización judicial o una acción de urgencia justificaría que, contra su voluntad, se tome posesión de su propiedad”, explicó.
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