La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, señaló que Ana Teresa Revilla (exministra de Justicia y Derechos Humanos) y Juan Carlos Liu (exministro de Energía y Minas) estuvieron directamente involucrados en el despido del extitular de la Porcuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato Jorge Ramírez.
"En el despido de Ramírez están directamente involucrados los ministros de Energía y de Justicia. Sí, tuvo que ver. En el caso [de la salida] del ministro Trujillo, él ya tenía un llamado de la fiscalía para que declare y el presidente nos pidió que nos aboquemos en cuerpo y alma a nuestros sectores”, señaló a RPP.
La salida Ramírez se dio luego de que se supiera que había participado en una reunión con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos su superintendente en el Perú, Mauricio Cruz, y el saliente ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen.
Este martes el presidente Vizcarra brindó una entrevista a RPP en la que rechazó haber tenido alguna relación con la separación de Jorge Ramírez de su cargo de procurador, pues dicha decisión depende de la Procuraduría General del Estado, un organismo independiente del Ejecutivo, a cargo de Daniel Soria.
La excongresista por Alianza para el Progreso indicó además que la salida de cuatro ministros el último jueves no fue una “crisis” para el Ejecutivo y se mostró confiada en que el Estado peruano saldrá victorioso frente a la demanda planteada por la empresa Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la resolución del contrato del gasoducto sur peruano (GSP).
“No veo crisis. Por dos cambios [Liu y Revilla] no es una crisis, es un llamado a que todo se ponga sobre la mesa y a sacar adelante lo que necesitamos que es que ese convenio no se caiga. De esta demanda ante el Ciadi vamos a salir exitosos, podemos demostrarles [al Ciadi] quiénes son ellos [Odebrecht]”, agregó.
Cabe indicar que el pasado 21 de enero del 2020, la empresa brasileña Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje ante el Ciadi, exigiendo más de US$1.200 millones de indemnización por supuestamente existir un incumplimiento por parte del Estado en la resolución del contrato del GSP.