Por Luis Miguel Castilla, Director ejecutivo de Videnza Instituto

El Ejecutivo no avanza en solucionar los problemas cotidianos de los peruanos. Pese a que la tasa de victimización se ha duplicado los últimos dos años, la gestión del Ministerio del Interior sigue siendo la más deficiente del Estado. Al primer trimestre del 2024, no solo ejecutó el 5,2% de su presupuesto de inversiones, sino que el 76% del valor de sus obras está paralizado. No es de sorprender que la ola de violencia siga avanzando y que las economías criminales continúen actuando con total impunidad.

En materia de salud pública, se sigue comprando insumos mal y tarde —por ejemplo, medicamentos—. Tampoco se avanza en conformar las redes integradas de salud ni la red oncológica. Todas estas ineficiencias impiden avanzar en el acceso a servicios de salud de calidad. Ejemplos sobran: el 32% de la población carece de atención médica; el 43,1% de nuestros niños de 6 a 35 meses de edad presenta anemia y una tasa de incidencia de dengue de 521 casos por cada 100.000 habitantes (un aumento de más de 350% con relación al 2023.

El Gobierno se sostiene en el poder aceptando la desinstitucionalización de la administración pública y subordinando las opiniones de las entidades técnicas especializadas ante el excesivo populismo legislativo. La consigna pareciera ser mantenerse en el poder como sea, relegando a un segundo plano el bienestar ciudadano.

Por Guillermo Shinno, Gerente General Corporativo de Apumayo y exviceministro de Minas

La crisis política reciente ha afectado al sector minero, generando mayor incertidumbre entre los inversionistas. A pesar del aumento en los precios de los minerales, el Perú no ha sabido aprovechar esta coyuntura. Seguimos con los mismos problemas: conflictos sociales y la excesiva carga burocrática en los permisos.

Es por eso que retomar la agenda minera se vuelve urgente, si queremos salir de la recesión y adelantar el cierre de las brechas sociales. En materia social, está la necesidad de apoyo decidido del gobierno para acelerar los proyectos que la población requiere en materia de agua, energía, salud, educación, etc. Esto con el objetivo de evidenciar el beneficio que trae la actividad minera.

Hace poco un informe reveló el retroceso de los niveles de pobreza en el Perú, estamos peor que en la pandemia. Si queremos cerrar brechas y recuperarnos, no hay otro sector que la minería para lograrlo.

 En materia de permisos, si bien ya se inició la primera etapa de la ventanilla única, se espera que continúen los esfuerzos para culminar y avanzar a otros temas de simplificación administrativa.

Otro tema urgente, es la lucha contra la minería ilegal, que ha llegado a niveles extremos de violencia. Una minería que no solo contamina, sino que hasta llega a cobrar vidas. Esta minería no se debe permitir y el gobierno debe eliminarla.

Por Katy Noriega, Asociada principal del Área Laboral del Estudio PPU

En un contexto en el que Perú navega en un estado de crisis permanente, los desafíos en materia laboral son también críticos:

La creación de un Código de Trabajo, objetivo perseguido hace 30 años, configuraría un esfuerzo de enormes dimensiones por resolver la dispersión normativa laboral para construir un instrumento orgánico que responda a una política laboral coherente. Este tendrían que atender a los grandes problemas laborales de nuestro país y para tener legitimidad, debería resultar del diálogo entre el Estado, sector empresarial y trabajadores.

 La lucha contra la informalidad laboral alcanza a la mayoría de la fuerza laboral peruana. Se requiere una estrategia de formalización con un enfoque que abarque incentivos reales, mejor fiscalización y, a largo plazo, un cambio cultural que nos ayude a contrarrestar la deslegitimación y el debilitamiento institucional.

La reforma al sistema de pensiones responde a un problema generado por la escasez de contribuciones y el crecimiento de la esperanza de vida. Esto pone en riesgo a una población en edad vulnerable con altas posibilidades de no tener una pensión.

Una auténtica reforma debería poder ampliar la cobertura para incluir a más trabajadores, especialmente a los del sector informal, mejorar las tasas de contribución e implementar medidas para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los fondos.

Por José Manuel Saavedra, Presidente de la Misión de Ciudades Seguras 

En los últimos años, la delincuencia y el crimen organizado han crecido de manera alarmante: las extorsiones crecieron 7 veces más respecto a las denuncias del 2019.

El Ejecutivo, junto al Congreso, debe enfocarse en priorizar siete medidas urgentes para tener ciudades seguras en el país. Primero: Fortalecimiento y reforma de la Policia Nacional del Perú en los procesos de selección, preparación, entrenamiento equipamiento y protocolos de intervención. Segundo: Aprobación de la ley de ‘Terrorismo urbano’, fundamental para poder patrullar e intervenir con las Fuerzas Armadas. Tercero: Ampliación y modernización del ‘Sistema Penitenciario’: Construcción de cárceles como centros de castigo y rehabilitación, y no como centros de operación del crimen organizado. Cuarto: Aplicar el sistema de ‘Jueces sin rostro’ para juzgar a las organizaciones criminales. Quinto: Implementar una única central de emergencias para cada región, a fin de centralizar los sistema de videovigilancia y respuesta, tal como lo tiene Ecuador con el ‘Ecu 911’ junto a sus botones de pánico y cámaras de video vigilancia dentro de los buses y taxis. Séptimo: Reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia que con éxito lo han logrado distritos como Magdalena, San Isidro, Miraflores, y San Borja.

Está en las manos del Ejecutivo devolver la tranquilidad a los ciudadanos.