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Un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) pusiera fin a la controversia por la disolución del Congreso, al declarar su legalidad, los ánimos desde el Ejecutivo y la mayoría de miembros de la Comisión Permanente se mantienen disímiles.
El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer que, con la decisión del TC, da por superada la crisis política y la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo iniciada tras las elecciones del 2016. “Para nosotros es el voltear una página importante, terminar un ciclo y este año permitirnos trabajar sin tanta conflictividad de carácter institucional [como la] que se ha tenido”, dijo en una reunión de trabajo con la Red de Municipalidades Rurales del Perú.
Luego, en declaraciones a la prensa, reiteró que no postulará en los comicios generales del 2021. Agregó que le tiene sin cuidado la eventual presentación de una moción de vacancia en su contra en el nuevo Congreso.
Además, descartó que su gobierno vaya a presentar una denuncia constitucional contra Pedro Olaechea, titular de la Permanente, o Mercedes Araoz, quien juró como presidenta encargada tras la disolución y luego renunció a la vicepresidencia, por una presunta usurpación de funciones.
“Esperemos que sean las instancias que corresponden las que hagan la evaluación y determinen lo conveniente sobre esas personas”, acotó.
En octubre del 2019, la procuraduría de la PCM denunció a Olaechea ante la fiscalía por el delito de usurpación de funciones por firmar la demanda competencial como titular del Congreso.
—El otro frente—
Ayer en la mañana, con una aparente resignación pero a voz alzada, los miembros de la Comisión Permanente dedicaron gran parte de su sesión a pronunciarse sobre la decisión del TC.
Representantes de Fuerza Popular, así como Luciana León (con licencia del Apra), Salvador Heresi (Contigo) y Luis Iberico (con licencia en APP) cuestionaron el fallo.
Karina Beteta (FP) sostuvo que dentro de sus atribuciones tomará la decisión de “accionar contra los que resulten responsables por infracción a la Constitución”.
Aunque dijo que acata la sentencia, Heresi manifestó a El Comercio que cree que se debe recurrir a organismos internacionales, por lo que conversará con sus colegas. “Estoy estudiando cuáles son las instancias internacionales que eventualmente podrían ver este hecho”, comentó.
Óscar Urviola, expresidente del TC, aseguró que esa pretensión es inviable. “Este es un caso que se ventila en única y definitiva instancia ante el Tribunal Constitucional. No hay vuelta que darle”, precisó.
Marco Arana (Frente Amplio) adelantó que pedirá a la Fiscalía de la Nación que le informe el estado de su denuncia por usurpación de funciones contra Olaechea y Araoz. Agregó que, de tener presencia en el próximo Parlamento, su grupo los denunciará constitucionalmente.
—Sentencia del TC hará precisiones—
Carlos Ramos, el magistrado del TC que elaboró la ponencia sobre la disolución del Congreso aprobada el martes por mayoría, informó a El Comercio que se harán ajustes al documento. “Se está agregando a la ponencia ciertos casos en los que no se podría plantear la cuestión de confianza. Mi despacho está preparando el material. La sentencia la debo firmar mañana [hoy], jueves”, comentó.
Dijo que se precisará que “no puede plantearse una cuestión de confianza en blanco”; es decir, sin contenido sustancial. Marianella Ledesma, titular del TC, también hizo sugerencias al respecto. Los magistrados tienen hasta el 23 de enero para entregar y firmar el fundamento de sus votos.
