Medidas de emergencia contra el hacinamiento en penales: ¿Cuál será el impacto de los últimos decretos?

El Ejecutivo publicó –en edición extraordinaria– dos decretos legislativos que entraron en vigencia el viernes, como parte de las medidas para contrarrestar el hacinamiento de los penales en tiempo del coronavirus.

Se ha dispuesto, a través del DL N°1513, normas excepcionales y especiales para que los internos que han sido procesados o condenados por delitos leves puedan ser excarcelados en el marco de la emergencia, mientras que el DL N°1514 busca optimizar la aplicación de los grilletes electrónicos para reforzar la vigilancia.

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En entrevista a El Comercio, el ministro de Justicia indicó que, hasta la fecha, un aproximado de 1.355 presos han egresado de los penales. Con las nuevas normas en el marco de la emergencia por el COVID-19, se estima llegar a 7.000.

"Pueden variar las cifras, pero hacemos un estimado de siete mil internos que pueden favorecerse con este paquete en total. Eso, además de otras normas que hemos sacado que tienen que ver con los sentenciados", señaló a este Diario.

Dentro de las medidas especiales para la excarcelación de internos, se plantea que estos hayan sido procesados por delitos que no representan un riesgo para la sociedad. Por ello, están excluidos delitos de corrupción, terrorismo, feminicidio, violencia en el contexto familiar o contra la mujer, organización criminal, entre otros.

Además, los presos no deben contar con otra sentencia condenatoria vigente ni otro mandato de prisión preventiva por un delito de más gravedad.

La norma también regula la posibilidad de que los condenados a menos de diez años de prisión puedan remitir su pena si demuestran que han cumplido el 90% de ella y están en etapa de reinserción. Aquellas personas podrán egresar solo con reglas de conducta. Si las incumplen, reingresarán al penal.

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Los adolescentes también están comprendidos en el decreto. Los que cumplan con medida preventiva de internación o medidas socioeducativa no mayor de seis años podrán acceder a los egresos.

En cuanto a los grilletes electrónicos, estos serán costeados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y ya no por los internos. Con ello, la norma otorga la posibilidad de una conversión de la pena privativa de la libertad por una de vigilancia electrónica.

Puntos de vista

Para Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, “la norma cumpliría con el fin de reducir el hacinamiento”, algo que ya se había advertido incluso antes de la pandemia debido a que se vulneran derechos.

“Está diseñada para eso y habría esperar el compromiso de parte del INPE, del Ministerio Público y del Poder Judicial para que realmente comience a producirse la reducción del número de internos”, comentó.

Destacó que se haya incluido el problema de los grilletes y a los adolescentes infractores. “Queda es esperar que en su aplicación se sea célere, luego estricta, para evitar que no que cuelen algunas personas que no deben ser favorecidas, porque se están excluyendo un número de delitos graves”, agregó.

Para el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, las medidas del Gobierno “van a ayudar definitivamente”, pero pueden darse algunos obstáculos.

En primer lugar, consideró poco viable que logren salir los 7.000 internos que el ministro Castañeda ha estimado en un corto plazo.

“Todas estas cosas pasan por un control judicial. Todas las excarcelaciones, si es que se dan, van a ser bajo control del juez, no es automático", sostuvo en diálogo con El Comercio.

Por otro lado, consideró que la compra de grilletes electrónicos debe ser tercerizada.

“El Gobierno no tiene que comprar ni un solo grillete […] porque en tres años, hay una rápida obsolescencia de las tecnologías, esos grilletes no le servirán para nada", acotó.

César Azabache, exprocurador anticorrupción, consideró que este va a ser un proceso largo y que se debe dejar abierta la posibilidad de hacer cambios conforme se ejecuten los procedimientos.

“En general y en un momento de emergencia como este, y con cerca de dos meses de retraso desde que comenzó el debate, creo que la discusión técnica debe postergarse”, comentó Azabache.

“Tenemos que recuperar el tiempo que hemos perdido en estos dos meses [de discusión]. El esquema que ha sacado justicia tiene la parte conceptual, los elementos básicos, es una herramienta con la que hay que comenzar”, acotó.

El abogado penalista Fernando Silva, del Estudio Silva Abogados, consideró que las norma van a afectar al deshacinamiento, pero “no en una gran medida”.

“No sé si el impacto será el necesario porque el nivel de hacinamiento es muy alto, pero sí va a ser mucho mayor al que se ha tenido en cualquier otro momento en la historia de la política-criminal”, puntualizó.

Sin embargo, Silva hizo hincapié en que esto es muestra de que Estado no ha cumplido con el principio del garantizar que las personas que hayan sido condenadas siguiendo un proceso tengan las condiciones mínimas de vida y una adecuada oportunidad de resocialización.

“El Poder Judicial encontró culpable a una persona y le puso 6 años de cárcel efectiva, por ejemplo. Lo que el Gobierno le está diciendo es: a esa persona que tú la encontraste culpable, ahora sácala del penal porque yo no he podido cumplir y te doy estas herramientas. Si uno parte de ello, esto [las medidas] es un remedio que el Estado está consiguiendo a su incapacidad de gestión en los penales”, expresó el abogado penalista.

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