Ministro Saavedra: Abriremos el diálogo para el reglamento

JORGE SALDAÑA RAMÍREZ @jlsaldanar

¿Hace suyo el texto sustitutorio de la nueva ley universitaria?
El texto ha sido producto de un trabajo conjunto con el equipo del congresista Daniel Mora. Lo que se ha aprobado es la acumulación del dictamen que provenía de la Comisión de Educación junto con el proyecto del Poder Ejecutivo presentado hace seis semanas.

¿La creación de esta superintendencia adscrita a su ministerio permite al gobierno manejar las universidades?
No hay ningún riesgo de violación de la autonomía universitaria. Lo que se ha aprobado es un consejo directivo en esta superintendencia, en donde hay dos integrantes del Poder Ejecutivo y 5 miembros nombrados por concurso público, que son docentes universitarios con altos requisitos. Y se ha establecido que su renovación sea escalonada, de tal manera que ningún gobierno pueda renovar a todos de manera simultánea, sino cada dos años. De esta manera se reduce la posibilidad de que haya algún tipo de captura o de control, sea de parte del gobierno de turno o de las universidades mismas, que es lo que hemos tenido hasta este momento.

¿Pero acaso el superintendente no tendrá poderes amplios para cercenar la libertad de cátedra universitaria?
Eso sería posible si el superintendente viola la ley. Pero el superintendente ejecuta una política y la política la define el Poder Ejecutivo. El superintendente toma sus decisiones siendo parte de un colegiado. Es un voto más de siete votos.

¿Era necesario que el superintendente esté adscrito al Ministerio de Educación?
Todo organismo supervisor tiene que estar adscrito a alguna entidad del Ejecutivo. Lo lógico era que esté adscrito al Ministerio de Educación porque tiene el mandato de definir la política nacional de educación.

¿Se reglamentará el funcionamiento de la superintendencia?
Hay un plazo de 90 días para el reglamento. En estos 90 días y luego en el proceso de implementación es crítico contar con el apoyo, la opinión y el concurso de todos los actores, tanto del sector productivo, del gobierno, de las universidades y de la sociedad civil, que nos permitan crear una institucionalidad correcta.

¿Le preocupa que se pida declarar la inconstitucionalidad de la ley universitaria?
No detiene la aplicación de la ley. No tenemos ninguna duda de que no hay ningún problema de inconstitucionalidad.