Rentismo camionero, por Jaime de Althaus

El fatídico accidente de Huarmey no fue la consecuencia del exceso de velocidad. Ninguno de los vehículos partícipes superaba los 90 kilómetros por hora, y no porque no quisieran, sino porque la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutrán) ha logrado aplicar la ley que obliga a instalar GPS en todos los ómnibus que circulan por las carreteras a fin de controlar la velocidad, de modo que el bus que excede los 90 km por hora recibe automáticamente, de manera electrónica, una papeleta. Por eso los accidentes de carretera han tendido a disminuir en los últimos 4 años. Extraordinario.

Es que la electrónica tiene el poder mágico de aplicarse sin intervención humana, sin transacción. Es un caso de deshumanización positiva. Allí la coima o el lobby mafioso no son posibles. Todo lo contrario ocurre con algo que es aun más grave que la velocidad excesiva porque también genera accidentes y muertes y causa además daños a las carreteras y puentes que todos debemos pagar con  nuestros impuestos: el peso desmedido de los camiones.

 Lo increíble es que en este asunto el Estado es cómplice. En efecto, aquí ocurre algo insólito: todos los puentes del Perú están construidos para soportar un peso máximo de 45 toneladas, y así se advierte en avisos antes de cada puente. Pero lo asombroso es que las normas del propio Ministerio de Transportes autorizan que los camiones puedan llevar hasta 53 toneladas, 8 más que el peso que soportan los puentes construidos por el mismo ministerio (ver el Reglamento Nacional de Vehículos, D.S. 058-2003-MTC, anexo IV, que permite 48 toneladas, y la Resolución Directoral 3336-2006-MTC/15, que permite un 10% más: 53 toneladas).

 Es doloso. El ministerio construye puentes para que sean destruidos por los camiones. Por eso el ministro anunció hace poco como gran noticia que el gobierno construiría 400 puentes este año. En realidad se trata principalmente de rehabilitaciones. ¿Una mafia de constructores induce estas normas para beneficiarse? No. Es el poder de los camioneros que, durante el gobierno de Alejandro Toledo, forzó al ministerio a dar unas normas que, por lo demás, no existen en ningún país desarrollado, donde el peso máximo de carga es de 42 toneladas.

 Pero es un poder continuo porque hasta ahora nadie ha podido modificarlas. No solo eso. Ni siquiera el límite insoportable de 53 toneladas se respeta: por la Carretera Central bajan impunemente camiones con 60 toneladas de carga por la sencilla razón de que la balanza está convenientemente malograda desde hace años. La de subida, en cambio, cuando los camiones van vacíos, si está, por supuesto, operativa.

 Hace cinco años se entregó en concesión la Carretera Central, y el concesionario no la recibió por los daños que la carretera tenía a causa del peso de los camiones. Ahora habrá que gastar centenares de millones de dólares en ponerla a punto, mucho más de lo que cuestan los huaicos, solo para que se vuelva a deteriorar.

 No es posible que un sector de empresarios viva a costa de nuestros impuestos. Es hora de que el ministerio se ponga los pantalones.