El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho consideró que los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña del 2011 de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no fueron gratuitos sino a cambio de asegurar favores políticos.
En su lectura de la resolución acerca del pedido de la fiscalía para que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria recordó los testimonios que dieron los directivos de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, que apuntan a un aporte de US$1 millón a favor de la campaña de Fuerza Popular, llamada Fuerza 2011 en dicha campaña presidencial.
"Odebrecht habría corrompido a candidatos para obtener beneficios indebidos y mantener negocios en el mundo, siendo uno de ellos actos de corruptela a candidatos en el Perú", consideró Richard Concepción Carhuancho durante la audiencia que inició esta mañana con presencia de Keiko Fujimori y otros investigados.
"¿En función a qué razones llega este despacho a esa conclusión? Primera razón: en economía existe una frase: 'No hay lonche gratis'. Esto quiere decir que, cuando Odebrecht habría colocado dinero en campañas políticas de candidatos, siendo una de ellas la de Keiko Fujimori, lo habría hecho con el objetivo de que luego fuera favorecido por dicho partido político", añadió el juez.
Estos "favores" se podrían haber concretado de dos maneras: a través de licitaciones públicas en caso de que Keiko Fujimori hubiera ganado la presidencia en el 2011, o a través de una fiscalización débil desde los puestos que logre el partido en el Congreso.
Este fue uno de los elementos que consideró Richard Concepción Carhuancho para sostener que, en su opinión, sí existe una "sospecha grave" de que Keiko Fujimori participó en actividades delictivas relacionadas al lavado de activos con el agravante de una organización criminal.
Otros indicios que tomó en cuenta el magistrado fueron las conversaciones vía WhatsApp en el grupo llamado "La Botica" que integraban Keiko Fujimori, Pier Figari y los principales congresistas de Fuerza Popular, lo que consideró que demostraba que la lideresa de Fuerza Popular sí tenía un papel determinante en la toma de decisiones dentro del partido.
Concepción Carhuancho consideró que, desde la bancada, se tomaron decisiones políticas que podrían haber interferido en las investigaciones, como "blindar" a César Hinostroza y no tramitar las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tal y como señaló un testigo protegido de la fiscalía.
Asimismo, el magistrado tomó en cuenta la documentación incautada en el domicilio de Vicente Silva Checa, presunto asesor en las sombras de Keiko Fujimori, que incluye información relacionada a los procesos judiciales contra Fuerza Popular y a las investigaciones dentro de la Comisión Lava Jato.
