Julián Palacín y los otros funcionarios castillistas que aún permanecen en el Estado

Precisamente, el último lunes se conoció que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ordenó la conformación de una comisión que se encargará de efectuar el inicio de un proceso administrativo y disciplinario en contra de Palacín. La resolución ministerial lleva la firma del jefe del Gabinete, Alberto Otárola.

MIRA: Congreso aún no elige a nuevo auditor pese a que contraloría envió propuestas hace más de un mes

El grupo está integrado por el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carlos Antonio Figueroa; la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Rosmary Cornejo Valdivia; y la jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la PCM, Michelle Valdizán Martínez.

En respuesta, Palacín afirmó que el proceso disciplinario en su contra ha sido abierto solo en base a “un correo electrónico anónimo con falsas aseveraciones”. “Es decir, un panfleto que adolece de medios probatorios y vulneran mi derecho constitucional al honor y buena reputación consagrados en nuestra Carta Magna”, añadió.

El presidente ejecutivo de Indecopi, a través de un pronunciamiento en sus redes sociales, también señaló que se ponía a “entera disposición de cualquier” investigación “siempre y cuando sea imparcial y objetiva dentro del marco de la ley”.

Incluso, en tono de advertencia, refirió que cuenta con “información relevante” que dará a conocer oportunamente después de hablar con sus abogados.

Al respecto, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, recordó que en agosto de 2021, a inicios de la administración de Castillo Terrones, su institución presentó una denuncia contra Palacín “por infringir el principio de idoneidad” del Código de Ética de la Función Pública. No obstante, esta causa fue archivada.

“Nuestra denuncia fue desestimada. Para nosotros, Palacín no tiene las condiciones profesionales ni las calificaciones para dirigir el Indecopi”

Rotta remarcó que el nombramiento del ex candidato de Perú Libre al Congreso en Indecopi tuvo un trasfondo político y no técnico.

También exhortó al Ejecutivo a transparentar la situación de los altos funcionarios con cuestionamientos que hayan sido nombrados en el gobierno de Castillo, en el sentido, de decir claramente a cuántos han retirado y cuántos son lo que quedan.

Lee también: Congreso: ¿Quiénes son los responsables de los gastos polémicos?

Este Diario solicitó a la PCM acceder al informe N°D000009-2023-PCM-STPAD de las Secretaría de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos de esa institución, donde se detalla las causales por las cuales se le abrió proceso disciplinario a Palacín. Pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Otro “castillista” que aún forma parte del Estado peruano es el exministro de Defensa José Luis Gavidia, quien a fines de agosto del año pasado, tras su abrupta salida del Mindef, fue nombrado como representante alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), cuya sede está en Londres, Reino Unido.

Gavidia, quien ya había ocupado el referido cargo entre el 2014 y 2016, enfrenta en la actualidad una investigación preliminar, a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de peculado de uso. Esto por haber utilizado, como ministro de Defensa, un avión de la Marina de Guerra para viajar a Huánuco con sus hijas en marzo de 2022.

Lee también: José Gavidia: exministro es nombrado representante alterno ante Organización Marítima Internacional

Fuentes del Ejecutivo indicaron que en los próximos días se hará oficial el cese del contraalmirante en retiro como representante alterno del Perú ante la OMI.

“Esto no es una represalia, sino que forma parte de la revisión general que se está haciendo con todos los nombramientos registrados en el gobierno pasado, este cargo es uno de confianza. Y por supuesto que el exministro tendrá que retornar al Perú. No descartamos que sea el único cambio en el Ministerio de Defensa”, manifestaron las mismas fuentes.

El exministro de Defensa Pedro Cateriano indicó que Gavidia debió presentar su carta de renuncia, tras el golpe de Estado que perpetró Castillo el último 7 de diciembre.

“La designación de este señor fue política, y cuando uno está al servicio de un gobierno que salió tras un escandaloso golpe de Estado, no le quedaba más que renunciar, hasta los más caraduras y encubridores del señor Castillo dieron un paso al costado. Ahora lo que corresponde es el cese”, expresó.

Cateriano, quien fue primer ministro en dos oportunidades, también criticó el “grado de improvisación” de la administración de la presidenta Dina Boluarte, quien no ha logrado retirar a todos los altos funcionarios nombrados por Castillo a casi tres meses del inicio de su mandato.

“Acá hay una negligencia del gobierno, pero también del Congreso. La tarea de fiscalización y control político está en manos del Congreso, llama la atención de que ninguno de los parlamentarios haya cuestionado la permanencia de la gente que no solo defendió a Castillo, sino que encubrió sus actos ilícitos”, acotó.

Lee también: Avanza País: ¿Qué sanciones podría recibir por mal uso de financiamiento público?

En noviembre de 2022, el médico Mario Carhuapoma retornó al Consejo Directivo de EsSalud. Esto a pesar de la serie de cuestionamientos que pesan en su contra, entre ellos una denuncia presentada por la procuraduría anticorrupción en el 2021 por el presunto delito de negociación incompatible.

El procurador anticorrupción Javier Pacheco refirió que Carhuapoma y Javier Romero Oscco, su asesor, habrían realizado contrataciones irregulares en EsSalud.

El programa “Punto final”, además, reveló que el alto funcionario del gobierno castillista recibió en agosto y setiembre de 2021 doble remuneración del Estado. Una por el Seguro Social, y otro, ascendente a S/22 mil, como docente de Dedicación Exclusiva (DE) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Y, “Panorama” informó que Carhuapoma tiene denuncias policiales por violencia familiar y sanciones por manejar en estado de ebriedad y causar un accidente.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tras la publicación de esta nota, informaron a El Comercio que se le ha abierto un proceso disciplinario al médico “por temas vinculados a designaciones de personal de confianza”.

El exministro de Trabajo Juan Sheput explicó que “históricamente” es el presidente de la República el que decide la composición del Consejo Directivo de EsSalud por el alto presupuesto que esta entidad maneja. Agregó que fue Castillo quien inicialmente ubicó a Carhuapoma al frente de la institución en dos oportunidades en su mandato.

“El que tiene directa influencia en EsSalud ahora es Vladimir Cerrón, él sigue mandando en el sector, yo creo que el actual gobierno se está haciendo el loco con esta persona, en más de dos meses se han tenido que dar cuenta de su presencia y cambiar a los funcionarios. Esto se pudo hacer de inmediato”, manifestó.

Lee también: Desde el buffet hasta las alfombras: todos los polémicos gastos del Congreso | Informe

De otro lado, el último domingo, en el programa “Cuarto Poder”, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, indicó que, hasta el momento, han desvinculado a 400 personas, no todas “necesariamente por actos de corrupción”, sino porque no estaban “alineadas a las disposiciones dadas” por Boluarte y Otárola.

“Estamos en un proceso de sanear [la cartera]”, refirió Pérez de Cuéllar en ese momento.

Una de las salidas que se dio en las últimas semanas fue la de Augusto Eguiguren Praeli, quien dejó la presidencia del directorio de Sedapal, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio a fines de diciembre, Eguiguren fue nombrado en aquel puesto el 23 de abril del 2022, a propuesta del ministerio que estaba a cargo de Geiner Alvarado, investigado por supuestos actos de corrupción en el sector, junto a Salatiel Marrufo, su exjefe de gabinete de asesores.

No obstante, Víctor Alarcón Ramírez, encargado de la gerencia general de Sedapal, continúa en la institución.

El 31 de mayo del 2022, Alarcón se reunió con Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. En la cita participaron Augusto Eguiguren, otros representantes de Sedapal y también de la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).

En un audio que la fiscalía tiene como parte de sus indagaciones, el investigado empresario Zamir Villaverde se refiere a una millonaria obra con la participación de la Unops.

Lee también: Al centro hay sitio. ¿Por qué la derecha se niega a sí misma? Crónica de Fernando Vivas

Fuentes del Ministerio de Vivienda señalaron que Alarcón “es personal de planta” de Sedapal y ha regresado a su puesto: jefe del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, indicó que el gobierno de Boluarte debe tomar medidas con los altos funcionarios nombrados por Castillo en puestos de confianza. Y en el caso de aquellos donde la norma les da estabilidad, evaluar su idoneidad e identificar si estas personas han cumplido o no con sus deberes.

“La mayoría de estas personas llegaron a esas posiciones por un pago de favores, esto tiene que ser investigado por mucha rigurosidad”, finalizó.