La Junta Nacional de Justicia: un examen desaprobado

Memorístico. Ambiguo. Impreciso. Insuficiente. Así describen cinco profesores de derecho el examen de conocimientos presentado a los postulantes para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Solo tres de 104 postulantes (menos del 3%) aprobaron. En un aula se habría señalado como responsable de esta cifra al profesor. Pero en este caso, se miró a los alumnos. El Comercio buscó a cinco reconocidos catedráticos de derecho para conversar sobre la evaluación y sus fallas. Todos coinciden en que no había un horizonte claro del perfil que se quería.

—50 preguntas cerradas—
Recién después de publicarse el número de inscritos se supo que el examen sería un listado de preguntas para marcar. Según el ex defensor del Pueblo y ex ministro Walter Albán, esto desincentivó a muchos académicos a postular. “Cuando leímos en la convocatoria que habría balotarios para la prueba y que el tipo se definiría a partir del número de inscritos, eso nos hizo desconfiar”, señaló.
Ni los miembros de la comisión especial que convocó el concurso público de la JNJ sabían el contenido del examen antes que los postulantes.

No era un examen difícil. Tampoco uno fácil. Solo que no era correcto. Esa es la opinión compartida por los especialistas.

“Hay de todo: preguntas sencillas, muy sencillas, especializadas. El problema es de perspectiva: ¿qué se ha querido evaluar?”, se pregunta el jurista Javier de Belaunde.

En su opinión, el examen no mide la capacidad de razonamiento que debe exigírseles a jueces y fiscales y, con mayor razón, a quienes van a elegir y evaluarlos.

Según la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, Cecilia O’Neill, el examen ha querido medir cuánta información puede uno acumular, pero no procesar. “Las preguntas tienen un nivel de especificidad que no le encuentro utilidad”, señaló.

Para el ex procurador Yván Montoya, estas son ambiguas e imprecisas. “Podrían ser hasta dos respuestas, si uno lo mira con profundidad. Parece que la pregunta espera una respuesta estándar, cuando en realidad se trata de una materia en debate”, afirma.

La pregunta 16, por ejemplo, sobre el delito de lavado de activos, señala el ex procurador, podría tener diferentes respuestas dependiendo de la postura que uno asuma. “Pero estas son alternativas cerradas que no permiten evaluar lo más importante: la argumentación”, agrega.

Albán menciona la pregunta 19, en la que todas las opciones pueden ser correctas al ser un tema “opinable”.

Para De Belaunde, este tipo de evaluación responde a la premura de los plazos del concurso. “Han optado por lo que suele ser más simple: un examen objetivo, pero estamos perdiendo el análisis más fino de quien debe ocupar estos cargos”, comenta. Los especialistas consultados, en tanto profesores de derecho, afirman que cada vez es menos frecuente optar por este tipo de evaluación objetiva, o en todo caso, suele ser complementada con un examen de desarrollo que mide la capacidad de resolver conflictos.

Albán, que integró la Comisión Wagner encargada de impulsar la reforma judicial, explica que la idea original de este proyecto era convocar a especialistas de gran trayectoria reconocida a partir de la cual se permitiera evaluar su integridad, donde el conocimiento se diera por sentado “porque si no, no habrían tenido esa trayectoria de vida”.

“Someterlos a una prueba de esta naturaleza es desnaturalizar el asunto y, sobre todo, maltratar a gente que no se lo merece, porque estoy seguro de que quienes no han aprobado la prueba y tienen toda la calificación para ocupar un cargo en la Junta Nacional de Justicia han quedado seriamente dañados”, afirma Albán, quien integró la comisión Wagner, encargada de impulsar la reforma judicial.

Entre quienes desaprobaron el examen estuvieron Inés Tello, ex jueza que sentenció al grupo Colina; Rosa Mavila, ex congresista y profesora de derecho penal en San Marcos; Guillermo Betocchi, ex jefe de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

— ¿Y la ética?—
Ninguna pregunta del examen presentó a los postulantes dilemas éticos por resolver. Con la publicación de los resultados, se difundieron, además, expresiones ofensivas en redes sociales escritas por el abogado que quedó en primer lugar, David Dumet. Esto generó críticas de quienes consideraron que el examen no garantizaba la probidad ética de un futuro integrante de la JNJ.

Para De Belaunde, pudo incluirse en el examen supuestos que colocaran al candidato en escenarios de conflictos de intereses. Señala O’Neill que esto último es imprescindible, porque a veces incluso un buen abogado resuelve de manera equivocada un problema ético. “Eso está tratando de resolverse desde las universidades”, acota.

Para Elizabeth Salmón, presidenta del Comité de Asesores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el examen debe adecuarse a estándares internacionales, como los Principios de Bangalore de la Conducta Judicial, cuyas pautas garantizan la independencia, imparcialidad, idoneidad, probidad y decencia ética de quienes imparten justicia. “No es posible que un órgano que va a elegir magistrados y fiscales no cumpla a su vez con los criterios que se le exigen a estos últimos”, señala.

—La ‘fórmula’ mágica—
Los tres candidatos aprobados siguen en carrera. Pero este resultado ha empujado a la comisión especial a convocar otro concurso público para conseguir a los 14 miembros de la Junta Nacional de Justicia (7 titulares y 7 suplentes).

El test de conocimientos ha sido cuestionado hasta por el mismo Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que dijo a este diario que las preguntas no eran necesariamente aplicativas. “El hecho de que sean muy teóricas o conceptuales podría ser uno de los errores”, afirmó. Por eso, se ha evaluado cambiarlo, pero aún no se tiene una respuesta de cómo será.

Montoya y Albán sostienen que la evaluación pudo ser tercerizada a través de empresas cazatalentos que tienen la experiencia para seleccionar a los candidatos en función del perfil que se sugiere. Otra opción, cuenta De Belaunde, es que los postulantes presenten y sustenten una monografía, tomando en cuenta su especialidad, dejando atrás el ideal obsoleto de un “abogado todista” que conoce todas las ramas del derecho de manera muy superficial.

Para O’Neill, incluso con los mejores candidatos y el mejor formato de examen, nada garantiza que los integrantes de la JNJ cumplan bien su labor si antes no se impulsa una verdadera reforma judicial. “Esto debe ser un proyecto de vida atractivo. Las personas que puedan estar interesadas deben tener la seguridad de que habrá una reforma judicial porque, si no, estarán solas contra el mundo”, comenta.

—¿Cómo se hizo el examen?—

–Las preguntas fueron trabajadas por la Academia de la Magistratura y universidades públicas y privadas licenciadas. Hubo preguntas de la PUCP, San Marcos, San Martín y San Agustín de Arequipa.

–Las preguntas debían abordar: derecho constitucional, derechos humanos, derecho administrativo sancionador, conocimientos generales del sistema de justicia y gestión pública.

–Se consiguió un banco de 660 preguntas.

–Luego de un filtro de control, quedaron 215 preguntas.

–De las 215, mediante un sistema informático de la UNI, se eligieron aleatoriamente 50 preguntas en base a los rubros y a tres niveles de dificultad.

–Nadie de la comisión especial vio el examen antes de entregarse.

—Testimonio de Víctor Cubas—
El ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas ocupó el segundo lugar en el listado de aprobados para integrar la Junta Nacional de Justicia. Aunque está satisfecho con el resultado, critica la manera como se realizó la prueba. “La intención ha sido buena, pero no ha habido personal técnico especializado en prepararla”, señala.

Sostiene que la mala estructura en la evaluación era propia del Consejo Nacional de la Magistratura. Aunque hubo un banco de preguntas, lamenta que estas no hayan sido revisadas antes por un equipo técnico especial.

El examen duró dos horas. Cubas reconoce que ni estudió. “Como soy profesor, no tengo tiempo para estar estudiando”, comentó.

Cubas y otros dos candidatos siguen en carrera. El ex fiscal sabe que las reglas de juego a las que se sometió podrían ser otras para la nueva convocatoria. “Hay quienes quieren que se les ponga la cinta roja y blanca, de frente, y así no es. Debe haber un punto medio. Si quieren que haya invitación, que la haya, pero que el análisis sea objetivo y sereno”, advierte.

Hoy, antes que eso, le preocupa el siguiente paso en la carrera: el formato de la evaluación curricular, que condiciona la puntuación al tiempo de ejercicio profesional, sin medir logros adicionales. “La información recogida no es suficiente para hacer una calificación curricular”, señala. Esta es la base de la entrevista personal y advierte que no es representativa de la trayectoria democrática de los candidatos.